Unas suspenden sueldos y otras aseguran que «habrá» problemas a partir del segundo semestre
La ausencia de presupuestos en Aragón sigue siendo una de las grandes preocupaciones del territorio. De su aprobación dependen grandes inversiones como el Hospital de Alcañiz o el Fondo de Inversiones de Teruel pero los efectos de la prórroga también han empezado a afectar al día a día de las instituciones comarcales. Andorra-Sierra de Arcos ya acordó la semana pasada la reducción de sueldos políticos en pleno para poder mantener servicios sociales y dar salida a ayudas de urgencia y otras necesidades inmediatas. Los consejeros remunerados de IU y PSOE -Miguel Ángel Ginés (1300E/mes) y Raúl Lázaro (700E/mes) respectivamente- renunciaron a tres mensualidades y dos pagas extras de 2017. «Así aseguramos el funcionamiento hasta abril», dijo el presidente comarcal, Antonio Donoso (PSOE). Los consejeros todavía no han cobrado ni asistencias ni kilometrajes de 2016.
Esta drástica medida, que por el momento sólo ha tomado la comarca minera, tiene que ver con los presupuestos de Aragón de 2016. La escasa financiación comarcal del año pasado supuso un intenso debate que se resolvió finalmente con varias modificaciones de crédito. La partida inicial para repartir entre las 32 entidades comarcales fue de 40,1 millones de euros. Después, una autoenmienda supuso la inyección de 10,5 millones más y se quedó abierto un fondo social de hasta 9 millones. Pero buena parte de la distribución del dinero se realizó a través de convenios. «Y los convenios no son prorrogables de un presupuesto a otro», matizan desde la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
En esta situación, las comarcas bajaragoneses han elaborado o prorrogado sus presupuestos este 2017, atendiendo también a las recomendaciones y reparos de sus interventores y secretarios. En el caso del Bajo Aragón, las cuentas han contemplado lo correspondiente a los 40,1 millones de euros iniciales y a los 10,5 posteriores. «La situación es difícil pero, en nuestro caso, podemos garantizar todos los servicios hasta los últimos meses del año, cuando esperamos que ya se hayan aprobado las cuentas autonómicas. Eso sí, por el momento no podemos realizar convenios con asociaciones», detalla el presidente de la institución, Manuel Ponz (PSOE). En el Bajo Aragón hay dos sueldos políticos. El presidente cobra 41.000 euros brutos anuales y la vicepresidenta, Ana Belén Andreu (PAR), 39.500 euros.
Desde el Matarraña aseguran que la situación es crítica pero que, por el momento, no tienen problemas de tesorería. Recuerdan que en octubre de 2016 aprobaron reducir los cuatro sueldos políticos de las cuentas de 2017. Así, este año, el presidente, Rafael Martí (PSOE), ha pasado de cobrar 38.000 euros brutos anuales a recibir 35.000; el vicepresidente, Francisco Esteve (PAR), percibe 12.500 frente a los 14.000 que venía cobrando y los dos consejeros de presidencia, Alberto Moragrega (PSOE) y José Miguel Timoneda (PAR), cobrarán este año 9.200 en vez de 10.400. Los recortes y retrasos del año pasado llevaron a esta comarca a suspender pruebas deportivas y citas culturales.
En el Bajo Martín y en el Bajo Aragón Caspe la situación es menos preocupante. Ambas están trabajando con presupuestos prorrogados. El presidente de la primera, Antonio del Río (PSOE), reconoce que no tienen ni tendrán problemas siempre y cuando se apruebe durante los seis primeros meses del año el presupuesto autonómico. El presidente de Caspe, Francisco Domenech (PSOE), muestra la misma opinión y lamenta, además, que en algunas comarcas opten por rebajar los salarios políticos. Tacha la medida de «demagoga» e incide: «si alguien desarrolla un trabajo, tiene que cobrarlo. Es un derecho». Doménech percibe de la comarca 18.000 euros brutos al año y Del Río, 24.000. En el Bajo Martín también cobra la vicepresidenta Ana Guevara (Ganar), que percibe 13.194 euros.
En el Maestrazgo, donde también se muestran críticos con la financiación autonómica y aseguran que sus cuentas están «muy ajustadas», también existen dos sueldos políticos. El presidente, Arturo Martín (PAR), cobra 2.000 euros mensuales y el vicepresidente, Ricardo Altabás, 950 euros. Altabás reconoce que sino cambia la situación no tendrían inconveniente en bajarse el sueldo, tal y como hicieron hace unos años. No obstante, defiende que un trabajo debe ser remunerado.
2017: similar a 2015
Los presidentes de las comarcas bajoaragonesas si que muestran su conformidad con la financiación comarcal que el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) ha propuesto en el borrador de 2017 y que es similar a la de 2015, de unos 8, 8 millones de euros. No es satisfacción puesto que, con esta financiación, lo único que pueden hacer es mantener Además, en este caso, serán reconocidos en el proyecto de presupuesto inicial por lo que, en caso de volver a prorrogarsen las cuentas el próximo 1 de enero de 2018, no habría problemas. Para la comarca Andorra-Sierra de Arcos, el borrador de DGA prevé una transferencia total de 1.363.308,32 euros; para el Bajo Martín, de 1.218.439,37 euros; para el Bajo Aragón, 2.246.454,04 euros; para el Matarraña, 1.347.192,90 euros; para el Bajo Aragón-Caspe, 1.498.445,01 euros; y para la comarca del Maestrazgo, 1.193.789,96 euros. Además de recuperar la financiación de 2015, las cantidades volverán a ser «incondicionales», es decir, que cada comarca las podrá usar en función de sus necesidades y no tendrán que ir dirigidas específicamente a servicios sociales. Esta consideración ha sido muy bien valorada, sobre todo en el Matarraña, territorio que mayor número de competencias impropias asume. «Para nosotros la cultura, el deporte o el transporte es colar también sos servicios sociales», dice el presidente, Rafael Martí, algo en lo que coinciden todos los presidentes.
El calendario de pagos de 2016
Con respecto a las transferencias de 2016 a las comarcas por parte de DGA, los responsables comarcales recalcan que se está cumpliendo el calendario establecido y que, incluso, se han adelantado algunos pagos, como el correspondiente al 31 de enero de 2017. Para saldar el año pasado, las comarcas tienen pendiente el cobro de seis millones de euros correspondientes al cuarto trimestre programado para el 28 de febrero.
