Sólo PSOE y Asamblea abogaron por eliminar los salarios íntegros durante el 2017
La situación económica de la comarca Andorra-Sierra de Arcos sigue poniendo en peligro la prestación de los servicios sociales. La última medida acordada en pleno pasa por eliminar tres mensualidades y dos pagas extra a los dos consejeros con salario. La ausencia de presupuesto en Aragón y, con ello, la imposibilidad de transferir el Fondo Social Comarcal a las entidades-dotado en este caso con más de 650.000 euros- llevó al presidente de la Comarca, Antonio Donoso, a proponer la eliminación de los dos sueldos políticos existentes en la institución hace una semana. Serían los salarios del vicepresidente, Miguel Ángel Ginés (IU), y el consejero de Servicios Sociales, Raúl Lázaro (PSOE). El primero cobra unos 1.300 euros mensuales y el segundo, 700.
Sin embargo, el PSOE solo contó con el apoyo de Asamblea Abierta de Andorra en la Junta de Gobierno y la propuesta no salió adelante. Votaron en contra IU, PAR y CHA. El PP no asistió a la Junta. Esta decisión fue especialmente criticada tanto por los socialistas como por el grupo de Asamblea. Donoso lamentó el «interés» de IU por percibir un salario -cuestión que ya denunció hace unas semanas en rueda de prensa-, y el grupo Asamblea Abierta calificó de «vergonzosa» la postura de las tres formaciones a través de un comunicado en su perfil de Facebook.
Este martes, antes del pleno extraordinario comarcal convocado para abordar este asunto, los portavoces de los grupos representados en la institución acordaron la suspensión de las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2017 así como las pagas extraordinarias de julio y diciembre. «Así aseguramos cuatro meses, hasta abril, de funcionamiento de todos los servicios sociales que prestamos así como de ayudas de urgencia y otras cuestiones», detalló Donoso, que aseguró que, suprimiendo los salarios de forma íntegra, se podría haber salvado el año y se podría haber hecho frente a media paga extra que se debe a los trabajadores desde el 2012, ya que la comarca habría ahorrado 39.390,66 euros.
«Es necesario un sacrificio político ante esta situación. También podríamos haber usado el remanente que tenemos, pero no estábamos dispuestos a apoyar esa opción», dijo. La última alternativa era la de dejar de prestar los servicios, algo que se descartó de inmediato. Los consejeros acordaron volver a reunirse a final de febrero para valorar la situación.
Responsabilidad de DGA
Donoso reconoció que la «responsabilidad» de haber llegado a la situación actual es del Gobierno de Aragón. En ese sentido, explicó que el ejecutivo autonómico no puede iniciar la transferencia del Fondo Social Comarcal a las comarcas porque en 2016 se transfirió a través de un convenio. «El presupuesto está prorrogado. Si el Fondo Social se hubiese contemplado como transferencia ordinaria, podría llegar ya a las comarcas, pero los convenios no se pueden prorrogar», señaló. Al respecto, Donoso apuntó que en el borrador del nuevo presupuesto del Gobierno de Aragón ya se ha subsanado el error para que no vuelva a ocurrir.
Cabe destacar que fruto de las vicisitudes económicas que atraviesa esta comarca, los consejeros no han cobrado todavía ni las asistencias ni los kilometrajes correspondientes a 2016. «Intentaremos pagar los kilómetros, al menos, cuando terminemos de liquidar el año», puntualizó.
