Las Cortes reciben el proyecto de presupuestos que reduce a la mitad la partida del Hospital

Contempla 9,4 millones para la obra en 2018 cuando el plurianual preveía 17,5 por lo que deja el grueso para los 3 últimos años

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, entregó ayer a la presidenta de las Cortes el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018. Gimeno anunció que, previsiblemente, el presupuesto podrá estar aprobado en el mes de febrero y destacó que se trata de un proyecto de ley "eminentemente social pero en el que también se introducen elementos de política económica y de empleo muy importantes". En su opinión, esto ha tenido mucho que ver con haber sido posible alcanzar un acuerdo. El consejero de Hacienda ha manifestado asimismo su deseo de poder incorporar propuestas de los miembros de la oposición en el periodo de negociación de enmiendas pero siempre desde la base del acuerdo al que se ha llegado con los grupos de la izquierda.

Cabe destacar que, como ya adelantó ayer La COMARCA, el Gobierno de Aragón ha vuelto a reducir por segunda vez la partida para el Hospital de Alcañiz a casi la mitad. En el borrador de los Presupuestos de la comunidad para 2018, la cuantía para el próximo año es de 9,4 millones de euros y no de 17,5 millones de euros que preveía el gasto plurianual para el Hospital aprobado en septiembre de 2016. Una cantidad que podría verse modificada en la negociación de los presupuestos si los grupos presentan enmiendas pero que de quedarse así, pospondría el grueso de la inversión del Hospital a los tres últimos años, cuando se invertirían 45,9 de los 57,4 millones de euros que cuesta la obra (entre 2016 y 2017 solo hay presupuestados 11,5).

Se trata de la segunda vez que se aminora la cuantía. En la negociación de los Presupuestos de Aragón de 2016 se redujo la partida para este año de 11,4 a 2,1 millones alegando que no se iban a ejecutar en su totalidad. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que tan solo se ha colocado la primera piedra y dos carteles en un acto multitudinario a bombo y platillo en octubre. A fecha de hoy las obras no han comenzado y tanto DGA como la constructora, la UTE OHL-Dragados, guardan silencio cuando se les pregunta en qué se está trabajando ahora (podrían ser cuestiones administrativas). De hecho, ambos derivan al otro cuando se les pregunta.

Lo único que se ha podido conocer es que, tal y como ya adelantó La COMARCA, entre la licencia de obras y la tasa de expedición de documentos la UTE OHL-Dragados tiene que abonar antes de comenzar los trabajos más de 2,7 millones de euros, una cantidad superior a lo que ha recibido este año de DGA (2,1 millones). Por ello, ha recurrido ante el Consistorio el pago de la licencia de obras, de alrededor de 2,1 millones de euros para que se recalcule con el precio de adjudicación de las obras y no con el de licitación.

Fuentes del Salud explicaron ayer ante preguntas de este medio que se cambiaron las cuantías previstas en las anualidades del plurianual aprobadas inicialmente (17,5 millones en 2018 y 2019, y 17,7 en 2020 y 2021) debido a la baja ofertada por la UTE en el proceso de adjudicación. OHL-Dragados ganó el concurso público al presentar la oferta más ventajosa, de 57,4 millones, lo que supone una baja del 28,83% sobre el presupuesto de licitación. No obstante, este cambio en las anualidades no se había hecho público hasta el momento.

Estas mismas fuentes explican que la baja ofertada por la empresa adjudicataria hay que distribuirla entre varias anualidades y «como los primeros años la obra realiza trabajos con un coste económico menor que al final, se aplica la mayor parte de la baja en los primeros años». Por tanto, teniendo en cuenta que entre las partidas de 2016 y 2017 tan solo suman 11,5 millones, deberán invertirse los 45,9 restantes en los tres últimos años.

Esta planificación da la razón a las voces que ya venían asegurando que en los próximos meses se verán pequeños movimientos a cargo de empresas locales pero que el grueso de los trabajos no comenzará hasta dentro de dos años.

Sin embargo, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, dijo en las Cortes que si la UTE incumple los plazos o el presupuesto «se verá sometida a penalización» e, incluso, se podría llegar a la suspensión del contrato.