Las organizaciones empresariales turolenses –CEOE Teruel, CEPYME Teruel y CEAT Teruel- solicitan el apoyo de la sociedad turolense en la firma pública de un manifiesto en el que piden al Gobierno de España la aplicación de las ayudas de funcionamiento siete meses después de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Además, la falta de precisión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hace unas semanas en el Senado hizo saltar todas las alarmas.
El documento se rubricará este martes en la capital turolense y se hará también, de forma simultánea, en las organizaciones empresariales de Soria y Cuenca, los otros dos territorios que, junto a Teruel, forman el ámbito de actuación de la Red SSPA. La respuesta de la sociedad turolense está siendo «alta» según fuentes de la patronal. El acto tendrá lugar a 10.30 en la sede de CEOE-CEPYME Teruel.
La patronal invita a los colectivos representativos de la sociedad provincial a sumarse a este manifiesto con el objetivo de hacer llegar al Gobierno de España la «necesidad urgente de la puesta en marcha de estas ayudas» y, en todo caso, antes del 31 de diciembre, fecha de vigencia de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022.
Las patronales soriana, turolense y conquense piden, además, «que dichas ayudas se hagan efectivas a todas las categorías de empresas recogidas en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea de abril de 2021, y de la manera más beneficiosa para el conjunto del tejido empresarial de las tres provincias con el fin de que sirvan para garantizar la actividad económica en estas zonas, así como para estimular inversiones adicionales y contribuir al desarrollo regional y a la cohesión territorial».
Lograr ser como los países nórdicos
En abril del pasado año se aplaudía la decisión de la Comisión Europea de que las empresas ubicadas en Soria, Cuenca y Teruel –las 3 provincias de España con una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes/km2– pudieran ser beneficiarias de ayudas de funcionamiento destinadas a garantizar la actividad económica en estas zonas, estimular su competitividad y, sobre todo, para fijar población y contribuir a una mayor cohesión territorial.
A pesar de que la decisión de la Comisión Europea avala -tras años de intenso trabajo conjunto por parte de los tres gobiernos regionales de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León y de las tres patronales-, el Gobierno de España aún no ha aplicado las ayudas al funcionamiento que equipararía, de facto, a las provincias menos densamente pobladas del sur de Europa con sus homónimos de Suecia, Finlandia y Noruega.
