La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, anunció una serie de medidas para apoyar a los pueblos y avanzar hacia la autonomía financiera de los ayuntamientos y administraciones locales. «Devolverles la autonomía y tratarles como administraciones que han alcanzado la mayoría de edad» fueron algunos de los términos que utilizó, a la par que adelantó cómo conseguiría esto: retomando la tramitación de la Ley de Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma, lo que supondría una financiación estable para las administraciones locales a través de un fondo con criterios objetivos y ajeno a los cambios políticos que pudieran producirse.
Hizo también mención del problema de la despoblación y de la necesidad de un tratamiento fiscal diferenciado a determinadas actividades que tienen una especial relevancia en la estabilidad demográfica como los pequeños comercios o todo tipo de emprendimientos en el medio rural.
Asimismo, adelantó su intención de actualizar las normas que regulan el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y de trasladar para su enmienda el problema de los ayuntamientos de las áreas rurales para cubrir las plazas de secretaría-intervención. También avanzó la creación oficinas técnicas para asesorar a estas administraciones en algunas áreas emergentes como la movilidad o la eficiencia energética así como una agencia para la evaluación de las políticas públicas.
Políticas de Igualdad
Una de las novedades competenciales de esta legislatura apunta a la adscripción del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) -al igual que la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)- al Departamento de Presidencia. Mayte Pérez adelantó la creación de una Comisión Interdepartamental para avanzar en las políticas de igualdad, además de un Consejo consultivo con participación de las asociaciones y organizaciones y entidades de promoción de la mujer.
Este objetivo se manifestará con el hecho de que todos los proyectos con rango de ley que redacte y apruebe el Gobierno de Aragón incorporarán un informe sobre su impacto por razón de género. El establecimiento de una Marca de Excelencia en Igualdad complementa el objetivo, como fórmula de promoción y reconocimiento, para distinguir a las empresas que implanten planes de igualdad en sus organizaciones. Un camino muy similar quiere recorrer el Departamento en los próximos cuatro años en lo que se refiere a políticas públicas en materia de discapacidad.
Justicia e Interior
La consejera de Presidencia relató algunos de los planes especiales de Protección Civil que quieren completarse en los próximos cuatro años e incidió especialmente en el número de fallecidos este verano en actividades relacionadas con el montañismo, cuestión que requiere un tratamiento de choque para evitar su continuidad.
Indicó igualmente su intención de trabajar para una organización estable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de negociar con el Gobierno de España la necesidad de cubrir las vacantes que se producen en la Unidad de la Policía Adscrita hasta alcanzar los 200 efectivos.
En cuanto a Justicia, Dirección General que en esta legislatura se desdobla de la de Interior, la gestión se va a centrar en avanzar en el desarrollo y formación de los funcionarios y agentes del ámbito de la Justicia en torno al expediente electrónico. Se iniciará, igualmente, la digitalización de los registros civiles.
