Medio centenar de pueblos sufren la falta de personal en el transporte sanitario urgente

Casi medio centenar de poblaciones del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras se han quedado «desprotegidas» por la desactivación de sus ambulancias en días puntuales durante el verano. Se trata de los municipios de las zonas básicas de Valderrobres, Cantavieja, Alcorisa, Andorra y Utrillas. Los vehículos afectados no han podido salir de las bases debido a la falta de profesionales desde la entrada en servicio del nuevo pliego con Ambulancias Tenorio el pasado 1 de junio, un problema que no es nuevo y que ya se venía denunciando con la anterior adjudicataria, Acciona, por parte de los trabajadores.

Así consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía a principios de este mes por los tres comités de empresa del Transporte Sanitario Urgente de Aragón (uno por cada provincia), y que recoge hasta 83 incidencias que se han producido en este servicio en toda la comunidad autónoma desde junio. En la citada denuncia se detallan las desactivaciones de las que se tenido constancia y señalan que «con seguridad» el número es más elevado.

En el escrito presentado precisan que se han desactivado hasta 34 ambulancias en todo Aragón, la mayoría de ellas debido a la falta de conductor, y otro medio centenar funcionaron a medio gas faltando alguno de sus profesionales en el turno, desde médicos y enfermeros a técnicos de emergencias sanitarias o camilleros. «Se ha dejado en la base de forma parcial o total vehículos entre los que se encuentran ambulancias de máxima responsabilidad asistencial ante pacientes tiempo-dependientes», matiza el escrito.

Concretamente en las comarcas bajoaragonesas y Cuencas Mineras, la denuncia registra numerosas incidencias en diversas zonas básicas de salud que comprenden casi medio centenar de municipios. En la zona de Valderrobres (11 localidades), los sindicatos registraron tres incidencias desde la entrada en vigor del contrato y que constan en la denuncia. Además de una desactivación del Soporte Vital Básico 24h el pasado 1 de julio por falta de conductor, se suman dos turnos con falta de camillero los días 2 y 8 del mismo mes, según el escrito.

En la zona básica de salud de Cantavieja (donde la SVB 24 horas cubre 9 pueblos), el servicio también quedó desactivado el pasado 1 de julio por falta de conductor. A ello se suma también la desactivación de la SVB 24 horas de Andorra el 2 de julio por el mismo motivo. Este recurso cubre las localidades más grandes de la comarca de Andorra Sierra de Arcos como es el caso Andorra, Ariño, Oliete y Alloza.
La falta de conductor, asimismo, llevó a la desactivación de la Soporte Vital Básico 24 horas en la zona de Alcorisa los días 1 y 2 de julio que da cobertura a hasta 10 localidades. En la zona de Utrillas, perteneciente ya al sector sanitario de Teruel, igualmente hubo una incidencia en la SVB 24h el día 3 del mismo mes por falta de camillero.

Cuando un vehículo no trabaja se cubre la zona con otro, que deja descubiertas sus localidades. «Es tapar agujeros, destapando otros, poniendo en riesgo a la población. Nos arriesgamos a que se necesite un vehículo en esa zona y no esté», señala David Alejos, presidente del Comité de Teruel, uno de los firmantes de la denuncia presentada. «Por ejemplo cuando en Valderrobres estuvo desactivada, la soporte más cercana es la de Alcañiz que tiene que intervenir en localidades de esa zona básica. Si se tiene que marchar al Matarraña, sus pueblos quedarían descubiertos. Si en Alcañiz pasa algo y no hay una Soporte, pues pasaría lo mismo. Recurriríamosa la de Híjar o Alcorisa», enfatiza el representante de los trabajadores, recalcando que esta práctica es «la pescadilla que se muerde la cola».

Por ello, desde el Comité señalan en su denuncia una «evidente falta de planificación» en los tres meses del inicio de servicio y advierten que como «consecuencia de ello los respectivos vehículos han dejado de prestar un servicio sanitario básico y esencial poniendo en riesgo la atención vital de los ciudadanos». «No entendemos cómo después de todas estas irregularidades y todos estos incumplimientos del pliego de condiciones el Gobierno no sanciona como tiene que sancionar», expresó el presidente del Comité de Teruel, pidiendo incluso la rescisión del contrato. «Los incumplimientos son graves y constantes. Hemos llegado a un punto de no retorno», aseveró.

Además, estos problemas han sucedido en meses «con mayor incidencia de desplazamientos y población en los pueblos» dejando «una auténtica desprotección sanitaria». Es por eso que solicitan «que se depuren las responsabilidades oportunas», ante lo que consideran «dejación de funciones e incumplimientos de la contratista» y «falta de fiscalización, auditoría y acción sancionadora».

No es el único problema. Alejos insiste además en la situación de la UVI Móvil de Alcañiz, que durante las noches y los fines de semana se queda sin médico como una SVAE (con dos técnicos y 1 enfermero). «Hay muchos traslados que requieren que un médico atienda al paciente durante el trayecto. En ese caso es la UME (destinada a avisos primarios) la que asume la función del traslado con el «perjuicio» que ello implica para el sector sanitario. «Más de 70.000 personas se quedan desatendidas mientras la ambulancia primaria hace el traslado. Se queda la SVAE, los SBV y los centros de salud», matizó Alejos.

El transporte sanitario fue uno de los principales caballos de batalla del Partido Popular a finales de la anterior legislatura y, de hecho, el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, se comprometió durante la campaña electoral a solucionar los problemas en los primeros 100 días de gobierno. En su primera visita a la provincia la semana pasada, Azcón confirmó que la consejería de Sanidad está trabajando en la mejora del contrato de transporte Sanitario Urgente y es «una de sus prioridades». «Dijimos que en los primeros 100 días modificaríamos el contrato y estoy convencido de que lo vamos a cumplir. Le haremos una oferta a la empresa adjudicataria para mejorar el transporte», matizó el presidente.

A todo ello se le suma la huelga de los trabajadores, aunque se realiza el 100% de los servicios mínimos. En estos tres meses del nuevo pliego no ha habido «ningún acercamiento» entre el Comité de trabajadores y la adjudicataria, y sigue sin haberse firmado un convenio colectivo, a pesar de que la mesa de negociación ya se contituyó. «Se les ha advertido de lo que está sucediendo, no han puesto solución a nada. El gobierno dice que en 100 días hará una nueva oferta económica a la empresa que lo está llevando. Es lo que no entendemos. No tiene que hacer ninguna oferta. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacerle cumplir lo que ya ha firmado», aseveró Alejos.

Mientras, desde la dirección de Ambulancias Tenorio e Hijos, aseguran que desconocían la existencia de esta denuncia ante la Fiscalía y su contenido, y que el contrato suscrito con el Gobierno aragonés se está cumpliendo de manera «más que suficiente».

El gerente de la adjudicataria, Javier Sánchez, opina que esta acción ante la Justicia «no tiene ningún recorrido» y aseveró que se está cumpliendo el «protocolo» que se determina en el contrato cuando se desactiva una ambulancia. «En los pliegos se establece que ante una situación de este tipo hay que reforzar los vehículos de otra zona, reubicar recursos y, por supuesto, notificarlo y actuar siempre de acuerdo con el 061. Es lo que estamos haciendo», afirmó. También reprochó a los sindicatos que con este tipo de acciones solo quieren «enturbiar» la negociación del convenio colectivo.

A la espera «de fecha para el juicio» los representantes de los trabajadores confían en que sea «antes de que termine el año». «Cuanto antes mejor, porque si seguimos así lo único que vamos a conseguir es vaciar las arcas de dinero público y tener cuatro años de un servicio de transporte sanitario urgente malo a todas luces».