Un menor de edad y dos adultos han sido detenidos este martes, en una plantación de marihuana con 1.500 plantas, en Fayón. Esta es la segunda operación antidrogas, en dos meses, en el término municipal fayonense y la tercera teniendo en cuenta la redada realizada en Escatrón, localidad cercana al Bajo Aragón-Caspe, el mes pasado.
Los tres detenidos son de nacionalidad albanesa y los dos varones adultos tienen 28 y 38 años. Los acusados pasaron a disposición judicial, el pasado miércoles, y se desconoce si han ingresado en prisión provisional o han quedado en libertad. Por el momento, el menor está bajo custodia de la DGA. Se les acusa de delitos contra la salud pública, contra la flora y fauna, distracción ilegal de aguas y pertenencia a grupo criminal. Se suman así a los otros seis albaneses arrestados en las anteriores operaciones y que ingresaron en la prisión de Zuera. No se ha establecido ninguna relación oficial entre estos tres núcleos delictivos.
Esta última plantación es la más pequeña en comparación con las otras dos redadas en terrenos con 2.200 plantas de marihuana en Escatrón y 8.000 en Fayón. Los agentes de la Guardia Civil de Mequinenza la localizaron tras las distintas batidas realizadas ante la sospecha de la posible existencia de esta plantación. El cultivo se encontraba en una zona denominada ‘Barranco de los lobos’. Se trata de un terreno boscoso de difícil acceso a pie y próximo al río Matarraña, que está declarada Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
Los acusados trabajarían en el cuidado de las plantas que estaban distribuidas en seis bancales y que se encontraban en distintos estados de crecimiento. Además, contaban con sistema de riego mediante mangueras, que se suministraban con una balsa de agua a la que se subía el agua con una y una bomba de extracción alimentada con un generador de gasolina.
Asimismo, en la zona se hallaron diferentes ubicaciones con vivacs preparados para el secado de la sustancia, donde se intervinieron seis sacos de plásticos de grandes dimensiones, que contenían cogollos de marihuana. El peso total de estos sacos ascendía a más de 36 kg de cannabis. También tenían dispuesta una zona de cocina, otra de descanso y un área de almacenaje de víveres, lo que indicaba que los detenidos pernocataban en el lugar.
En el dispositivo del martes, los agentes de Mequinenza trabajaron junto al Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe y los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC).
Este medio ha intentado contactar con el Ayuntamiento fayonense para una valoración de los hechos, sin éxito.
Territorio idóneo para el cultivo
La proximidad temporal entre las operaciones antidroga realizadas en el Bajo Aragón-Caspe y alrededores han puesto de relieve el interés de estos grupos en asentar las plantaciones de marihuana en este territorio. Entre las principales razones para ello, se encuentran las climatológicas, la proximidad a fuentes de agua como el río Matarraña o el embalse de Ribarroja y la gran extensión de costa que tiene el río Ebro a su paso por la comarca, con unos 500 kilómetros. Esto hace que sea complejo identificar los lugares en los que se cultiva cannabis y más teniendo en cuenta que son de difícil acceso o, incluso, como ocurrió en la operación de agosto en Fayón, solo se puede acceder con embarcación.
En la localización de estos asentamientos, la ayuda de cazadores y agricultores es clave ya que se mueven y desplazan por las zonas más alejadas del núcleo urbano y de difícil acceso, tanto a través de los cotos como para llegar a sus fincas agrícolas. Además, la Guardia Civil vigila desde los helicópteros y drones con los que sobrevuelan el territorio.
Los detenidos en estas plantaciones suelen ser hombres que oscilan entre los 20 y 40 años. La mayoría de las plantaciones están organizadas de la misma manera y con los mismos mecanismos, destacando la posesión de bombas para extraer el agua necesaria para regar el cultivo. Al ser acusados de varios delitos las penas de cárcel, en estos casos, rondan los 6 años; y por ser extranjeros de un país no perteneciente a la Unión Europea el procedimiento judicial suele dictar el cumplimiento de alrededor de un año de prisión y la posterior extradición a su país de origen.
