La ministra Diana Morant defiende los criterios de la Agencia Espacial: «Son objetivos»

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido este viernes los criterios fijados por el Gobierno central para designar el emplazamiento de la futura Agencia Espacial Española. Ante las críticas unánimes recibidas desde Aragón por unos requisitos que dejan a la candidatura de Teruel prácticamente sin opciones, la responsable última del proyecto defiende que son unas condiciones «objetivas y técnicas». Aún así, ha apuntado que «no son excluyentes».

Morant ha reiterado que llevar organismos estatales fuera de Madrid es «más justo y más democrático», pero además «más inteligente», ya que «hay potencialidades en el territorio que tienen que ser apoyadas». Por ello, ha defendido la política de descentralización emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, dicho proceso parece dejar fuera a las provincias más castigadas por la despoblación y la dispersión territorial, puesto que el primer ente estatal que será objeto de desconcentración, la Agencia Espacial, exige infraestructuras propias de una gran capital, como un aeropuerto con destinos internacionales o conexión ferroviaria de alta velocidad.

En la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de su área para el próximo año, la ministra ha explicado que el proceso de descentralización determina que un organismo fije las necesidades del nuevo ente. En este caso ha sido el Consejo del Espacio, un foro en el que están representados todos los agentes con competencias en materia espacial. Además, el Gobierno ha contado con las aportaciones de dos expertos «con muchísima experiencia», como Miguel Belló, comisionado del Perte aeroespacial, y el astrofísico Álvaro Giménez, que ha desempeñado importantes cargos en la Agencia Espacial Europea.

Todos ellos «han elaborado un informe con las condiciones objetivas que debería cumplir la sede de la Agencia Española», ha señalado Morant, que ha apuntado que también se consultó a otros países y expertos del sector. En cualquier caso, ha asegurado que los criterios «no son incompatibles con otros», ya que «el foro de decisión pertenece al ministerio de Política Territorial».

De hecho, la norma publicada en el BOE señala que la decisión final también debería ponderar factores como la despoblación, la tasa de desempleo o la cohesión social. Por todo ello, la ministra ha remarcado que «el proceso está todavía abierto», por lo que «invita» a todas las ciudades que lo deseen a presentar su candidatura.

Conexiones aéreas

Uno de los principales requisitos que valorará la comisión consultiva para decidir la sede de la futura Agencia Espacial será la existencia de un aeropuerto con destinos a las principales capitales europeas (se cita a París, Bruselas, Amsterdam, Praga o Toulouse, entre otras) a menos de una hora de distancia del nuevo organismo. Un criterio que no solo deja casi sin opciones a Teruel, sino que ni siquiera Zaragoza podría cumplir. De hecho, de las candidatas ya anunciadas, tan solo Sevilla, la gran favorita en las quinielas, estaría en disposición de ofrecer este servicio.

En cambio, el otro nuevo organismo que conoció esta semana sus criterios de descentralización, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, no reclama ese tipo de conexiones aéreas. El resto de requisitos son prácticamente idénticos a los de la Agencia Espacial. Por este y otros motivos preguntará en el Congreso el diputado del PP Pedro Navarro, que el pasado miércoles ya trasladó a la ministra sus «dudas» sobre el proceso y sus críticas por dejar fuera a la España vaciada.

En la misma línea se manifestaron todas las formaciones políticas y los agentes sociales aragoneses, y en concreto de la provincia de Teruel. El propio presidente autonómico, Javier Lambán, manifestó que los criterios "suponen un desajuste absoluto entre lo que se nos dijo que iba a hacer y lo que realmente se va a hacer» y anunció que «luchará» por evitarlo.

Mientras, el proceso continua. El plazo para presentar candidaturas expirará en un mes, y después la comisión consultiva dispondrá de otros 60 días para elegir una sede y proponerla al Consejo de Ministros, que será el encargado de tomar la decisión final.