El Gobierno central no bonificará el transporte público local si no lo hacen las administraciones autonómicas y municipales con carácter extraordinario. Así lo ha anunciado este martes el presidente de España, Pedro Sánchez, durante la presentación del nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y que entrarán en vigor el próximo año. En concreto, el Estado aportará un descuento del 30% en las tarifas del bus y del tranvía siempre y cuando los gobiernos locales ofrezcan un 20% adicional. La DGA habla de «chantaje» pero, al igual que el Ayuntamiento de Zaragoza, estudia qué decisión tomar.
Fue una de las medidas estrellas del Ejecutivo para reducir los efectos del conflicto en Ucrania y, de paso, avanzar en la lucha contra la contaminación. Desde este verano, los desplazamientos en cercanías y trenes de media distancia son gratuitos para los usuarios recurrentes. La bonificación, prevista hasta el 31 de diciembre, se amplió recientemente a todo 2023, con un coste previsto para las arcas estatales de 660 millones de euros.
En cambio, los descuentos para el transporte público local seguían, hasta hoy, en el aire. En este caso, el Gobierno central bonificó un 30% las tarifas, y animó a que las administraciones autonómicas y los ayuntamientos se sumaran a la iniciativa aportando un 20% adicional a la rebaja. Ni Aragón ni su capital, Zaragoza, se adhirieron al plan, por lo que los usuarios se beneficiaron únicamente del descuento estatal.
El planteamiento que ofrece ahora Moncloa cambia sustancialmente, puesto que según ha avanzado Sánchez, la ayuda económica del Estado estará condicionada a la que aporten los gobiernos autonómicos y locales. Si aportan el 20% del precio del billete el Ministerio dará el 30%. De lo contrario, no habrá ni un solo euro de bonificación.
El consejero de Movilidad de la DGA, José Luis Soro, ha tildado la medida de «chantaje» y ha criticado el fondo y, también las formas, la «improvisación con la que se trabaja», ya que «comunican esta decisión el 27 de diciembre, a escasos días de terminar con el descuento vigente».
"Generan una situación de incertidumbre total y nos ponen en una situación complicada, nos obligan a tomar decisiones de manera apresurada y sin tener en cuenta la realidad del servicio de transporte y las necesidades de cada comunidad autónoma», ha denunciado el dirigente de CHA. Soro ha explicado que ni las comunidades ni los ayuntamientos tienen recogida esta partida en los presupuestos por lo que «es muy complicado admitir esta obligación».
El Gobierno de Aragón todavía no ha tomado una decisión al respecto pero ha trasladado a Madrid el «malestar» por la decisión. Desde el Pignatelli piden más tiempo hasta que se empiece a aplicar la medida para que «pueda haber diálogo sobre este tema, que se asuma el coste de los abonos al igual que en el resto de casos para que también el transporte interurbano sea gratuito y financiado por el Estado», apuntan fuentes autonómicas.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza prefieren esperar a conocer el detalle de la medida, por escrito, para valorar su postura. En todo caso, lamentan que el Gobierno central no haya consultado la propuesta con las entidades locales y recuerdan que la capital aragonesa ha congelado la tarifa del bus los últimos tres años, lo que ha llevado a aumentar la bonificación municipal como consecuencia de la inflación.
Rutas de bus estatales
Por otro lado, el Gobierno central mantiene la gratuidad de las líneas de bus estatales, hasta 11 con paso por Aragón. En este sentido, para Soro «es un agravio comparativo sin precedentes, asumen el 100% del transporte por ferrocarril y cercanías en las grandes ciudades, asumen el 100% del coste en las líneas entre varias comunidades y destinan tan solo un 30% al transporte que sirve para acceder de manera cotidiana a los servicios públicos entre municipios». El consejero de la DGA ha criticado esta «visión centralista y distorsionada».
