La mejora de las comunicaciones, la transición energética, el paraguas social, el crecimiento económico y la creación de empleo. Son las prioridades del nuevo subdelegado del Gobierno de España de la provincia de Teruel, Enrique Gómez. Analiza para La COMARCA las líneas de actuación para una provincia «con gran potencial y proyectos estratégicos».
¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Es un honor y un privilegio para un turolense de nacimiento ser la voz de la provincia ante el Gobierno de España. Teruel tiene gran potencial y proyectos estratégicos en marcha, como la descarbonización, el Nudo Mudéjar, las comunicaciones, Ese fondo de inversiones que tanto nos ha aportado y esperemos que nos aporte… Asumo el cargo con muchas ganas de trabajar y aportar todo lo que esté en mi mano.
Es una institución que conoce por haber estado a cargo de la Secretaría General de la institución…
Son dos perfiles diferentes. El secretario general no deja de ser un gestor, la persona que se encarga del día a día de la Subdelegación en todos los ámbitos. El perfil de Subdelegado es más institucional y permite tener un alcance y un poder superior en cuanto a requerir y trasladar políticas a la provincia. Es verdad que el conocer la casa y saber las competencias que tiene el Gobierno de España en la provincia, como Extranjería, Industria, Protección Civil, Autorizaciones y Sanciones…, te da una experiencia previa y te facilita la toma de decisiones y la gestión.
¿Qué retos se ha marcado desde la Subdelegación?
Tenemos muchas ganas e intención. Sobre todo, fomentar la inversión, el empleo de calidad, tener un desarrollo sostenible, conseguir que todos los turolenses tengan las mismas oportunidades, que se hable cada vez más en positivo de nuestra provincia. Teruel tiene muchas fortalezas y tenemos que creernos su potencial. Tenemos el Centro de Estudios de Astrofísica del Cosmos, Dinópolis, tenemos nieve, Motorland, denominaciones de origen, patrimonio… Es decir, tenemos una gran cantidad de activos que podemos y debemos explotar. Vamos a trabajar en esta línea y en dar una difusión siempre positiva de la provincia, trasladando el paraguas social del gobierno progresista de España y de Pedro Sánchez.
En cuanto a infraestructuras la reivindicación histórica de la A-68 está todavía por cumplirse, ¿cómo valora los plazos?
La A 68 es una infraestructura esencial para el desarrollo socioeconómico del Bajo Aragón, y también de toda la provincia. Hay que tratar de agilizar los proyectos de trazado y construcción en los tres tramos donde ya los tenemos licitados y adjudicados. Hay que arrimar el hombro para que en los otros tres tramos pueda licitarse cuanto antes la redacción de proyectos. Podemos encontrar escollos en las limitaciones administrativas en cuanto a plazos, pero nosotros vamos a intentar que sea el mínimo posible para que esta infraestructura estratégica pueda ser una realidad cuanto antes.
¿Se va a atender al incremento de las ayudas al funcionamiento al máximo permitido por la UE?
Las propuestas están trasladadas, se están estudiando. Sabemos que estamos con presupuestos prorrogados, por lo tanto, no es tan sencillo como decir que las vamos a ampliar al 20%. Hay una serie de limitaciones, hay que estudiar, hay que ver el encaje jurídico y económico y cómo se pueden abordar con totales garantías, lógicamente siempre con la premisa de intentar llevarlas al máximo.
Siguiendo el plano económico y empresarial, ¿qué labor realizan en cuanto al impulso del Nudo Mudéjar de Andorra?
Empujar la transición energética es una prioridad total por parte del Gobierno de España. Hasta ahora el compromiso con el territorio ha sido incuestionable. A día de hoy se han invertido más 100 millones de euros: 22 millones en líneas de ayuda a proyectos municipales, casi 20 en proyectos empresariales, más de 20 en restauración ambiental en las minas de Foz, Calanda, Ariño y Estercuel, 35 millones en ayudas sociales a los trabajadores mineros y sus familias. Tenemos 8 millones invertidos en proyectos del Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía, el IDAE. Se intenta agilizar tanto el Nudo como plan de acompañamiento. Recientemente se publicó en el BOE la admisión a trámite definitiva del proyecto y se abrió el periodo de información pública. Este hito es de vital importancia desde un punto de vista administrativo porque amarra y garantiza el proyecto. El siguiente paso es obtener la autorización administradora previa y la declaración de impacto ambiental favorable.
¿Cuánto puede tardar esta resolución administrativa?
Es un trámite complejo. Son plazos necesarios y que tenemos que tenemos que cumplir. Es un proyecto de unas dimensiones nunca vistas que ha sido el primero de toda España e incluso es pionero en Europa y por lo tanto tenemos que pasar por esos trámites que garanticen la seguridad jurídica y medioambiental.
¿Qué respuesta se da ante la pérdida de Guardias Civiles en la provincia de Teruel?
Estamos en esta situación como consecuencia de una merma de recursos y de inversión en seguridad desde el año 2011 hasta el 2017. En esa etapa se congelaron las tasas de reposición y cada año se perdieron más de 2.000 agentes entre Policía y Guardia Civil, aglutinando un total de más de 12.000 agentes menos en ese periodo. En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno nos encontramos con una merma considerable en cuanto a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A partir de ahí se ha llevado al máximo las ofertas de empleo público dentro de las posibilidades que tiene el propio sistema de formación. Se ha trabajado en esa línea y se han recuperado ya los 12.000 agentes que se perdieron del 11 al 17.
¿Cuál es la ratio de efectivos en la provincia?
El número de agentes que tenemos en la provincia de Teruel es de 5,8 por cada 1.000 habitantes y en el resto de España tenemos 3,8 agentes por cada 1.000 habitantes. Con esto quiere decir que en cuanto a número de agentes estamos por encima, pero también es verdad que la provincia de Teruel tiene unas características singulares y diferentes por la dispersión territorial. Tenemos un territorio muy amplio al que hay que dar cobertura. La Dirección General de la Guardia Civil es conocedora del déficit que tenemos y de que necesitaríamos más agentes para poder garantizar y tener la cobertura que nosotros quisiéramos.
Se ha generado una amplia oposición ante la Ley de Movilidad Sostenible por el temor de eliminación de paradas de bus en el medio rural, ¿cuáles son los planes del Gobierno?
Ningún municipio se queda sin autobús, incluso se ganará en conectividad al extenderse la cobertura a núcleos de hasta 10 habitantes. Eso antes no pasaba. En este sentido, el 90% de las paradas que son competencia del Estado y que son suprimidas eran de carácter autonómico. Lo que se hace es que el Gobierno autonómico asuma ese transporte de líneas que eran competencia suya para que el Gobierno de España pueda centrarse en líneas que propiamente sean estatales, es decir, las que atraviesan Comunidades Autónomas. Como contraprestación, el Gobierno de España va a aportar a los Gobiernos autonómicos 40 millones de euros. Se busca hacer una un uso eficiente del transporte público, reduciendo tiempos y tarifas. Y en ese contexto, insisto, ningún municipio se queda sin autobús.
En cuanto a la banda ancha se dijo que estaría completa en 2025 con el Programa Único, ¿será esto posible? ¿Qué respuesta se da a municipios que no se pueden adaptar al programa?
El problema no es que no se puedan adaptar, sino que se está retrasando y está tardándose más tiempo en lanzar la fibra de lo que en un principio se esperaba. Es verdad que nos gustaría que fuera más rápido, pero también no es menos cierto que en el tendido de fibra por toda la provincia a través del Programa Único intervienen en una gran cantidad de factores, tanto desde un punto de vista de la administración como desde los operadores de telefonía. Hay muchos actores en el proceso. Coordinarlos de una manera rápida a todos, resulta extremadamente complejo. Para seguir garantizando el servicio hasta que la fibra llegue, los operadores van a dar servicio a través de satélite.
¿Qué respuesta se dará a la demanda histórica de las balsas laterales del Matarraña? Se ha pedido al Gobierno de Aragón adelantar el dinero, pero es competencia estatal...
No puedo concretar más que lo que ha salido en los medios y en ese sentido se está trabajando. Todavía no ha habido ningún avance y esperemos que se resuelva más pronto que tarde.
