La consejería de Sanidad y la empresa constructora del Hospital de Alcañiz, la UTE OHL-Dragados, se reunirán este lunes cuando ya habrá pasado el plazo otorgado para que se retomaran las obras sin que se hayan producido cambios. El encuentro llega ahora a petición de la constructora y se producirá a tres bandas entre la empresa, el Salud y representantes del departamento de Sanidad.
Este encuentro se producirá cuando ya ha pasado el plazo – el mes de noviembre- que otorgó el Gobierno de Aragón para poner «todos los medios personales y materiales» que permitan finalizar en plazo-finales de 2021- la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. De no ser así, el Salud dijo que procedería a la rescisión del contrato, algo que tampoco será fácil por su coste para las arcas autonómicas y porque supondría comenzar con el proceso administrativo y sus largos plazos de nuevo, lo que conllevaría otro gran retraso.
Las empresas adjudicatarias del hospital de Alcañiz, OHL y Dragados, han presentado un modificado de contrato al Servicio Aragonés de Salud con el objetivo de ahorrarse costes. La Unión Temporal de Empresas (UTE) ganó el concurso hace dos años gracias a una sustancial rebaja económica, del 28,8%, que ahora pretende compensar porque no le salen los números.
El porcentaje de ejecución del futuro centro sanitario bajoaragonés en los casi dos años que lleva en obras es del 10% y tan solo le quedan otros dos años para terminar en plazo. Una situación que lleva muchos meses viéndose venir ya que no es ningún secreto que las obras del Hospital van al ralentí desde hace meses. Tan solo hace falta pasar por el camino de la vía y comprobar que desde hace meses apenas hay cinco trabajadores en la obra. De hecho, la gran reducción de empleados se produjo a finales de febrero justo dos semanas después de una visita institucional de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura. Después de la foto de la consejera y numerosos cargos el porcentaje de empleados se redujo considerablemente.
Una situación que se arrastra desde hace meses pero que es ahora cuando el Salud pone el grito en el cielo y amaga con rescindir el contrato. Ya ocurrió algo parecido cuando las obras tardaron meses en comenzar después de que se colocara la primera piedra en septiembre de 2017. Entonces fue el consejero Sebastián Celaya, anterior titular de Sanidad, quien ya amagó con sancionar económicamente a la adjudicataria. Finalmente no fue así ya que a comienzos de 2018 se comenzó a mover tierra y colocar vallas, lo que convenció al Salud.
Ahora el departamento muestra su malestar -después de meses repitiendo que las obras iban «lentas» pero que se podía llegar a tiempo- porque cuenta con varios informes de la dirección facultativa de la obra en los que se especifica que se estaba trabajando con medios y personal escasos. No obstante, hasta ahora, no ha peligrado la viabilidad ni el plazo, por lo que el Gobierno de Aragón no ha podido tomar medidas.
Hace más de una semana DGA ya requirió formalmente -por escrito- a la empresa que «inmediatamente dote a la obra de los medios materiales y personales necesarios para garantizar la continuidad y el plazo final de los trabajos» y de no es así, se procedería a la rescisión del contrato.
«Hasta la fecha al ser el plazo al ser bastante amplio, 52 meses, la empresa estaba en condiciones de finalizar la ejecución en plazo pero ahora es cuando vemos en los informes de la dirección facultativa que peligra la viabilidad. Por eso el Salud se ha dirigido a la contratista para ponerle de manifiesto este enorme retraso acumulado y advertirle que nos encontramos próximos a la inviabilidad técnica para ejecutar en plazo», dijo la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, la semana pasada en las Cortes.
