Olona defiende el trabajo en el campo y anima a «desterrar» el término «temporero»

«El trabajo en el campo tiene que empezar a verse como una actividad sin perjuicios. Es una oportunidad y una posibilidad laboral«, ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, este viernes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que su departamento ha iniciado la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón mediante un documento que ya se encuentra publicado en el Portal de transparencia del Gobierno de Aragón.

Olona ha animado a la sociedad aragonesa a «desterrar» el término «temporeros» y ha incidido en las medidas del Gobierno de Aragón de cara facilitar el acceso de los trabajadores aragoneses al campo, particularmente a la campaña de fruta que se va a desarrollar durante los próximos meses

Como medida complementaria a la regulada por la Orden Ministerial para flexibilizar la contratación, el consejero Olona ha anunciado que su Departamento, en colaboración con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) como entidades oficiales reconocidas en el ámbito nacional y europeo para gestionar la política agrícola europea en el ámbito de la organización común de mercados de frutas y hortalizas, trabaja en el establecimiento inminente de un régimen de transporte, de carácter extraordinario durante el período de vigencia del estado de Alarma -o del mantenimiento de sus restricciones- exclusivamente destinado a trabajadores contratados para la recolección o aclareo de frutas y hortalizas. Estos trabajadores han de residir en municipios de más de 5.000 habitantes situados a más de 50 kilómetros de distancia de la explotación frutícola donde haya de realizarse el trabajo, y que mantengan durante el período de contratación su residencia en su domicilio habitual.

La intención es evitar que tengan que ser alojados en el entorno de la explotación con el fin de reducir de este modo significativamente los riesgos sanitarios. El consejero ha insistido en que «los trabajadores que utilicen el transporte facilitado deberán disponer del correspondiente contrato de trabajo en vigor conforme a la legislación vigente». Así mismo, la OPFH o socio de la misma contratante, garantizará la adopción de las medidas de seguridad e higiene pertinentes conforme a lo establecido por sus propios servicios de prevención de riesgos laborales, tanto durante los desplazamientos como durante el desarrollo del trabajo en las explotaciones donde se lleve a cabo.

La Ley de la Agricultura Familiar

Olona ha defendido que la agricultura familiar es el modelo sobre el que se asienta fundamentalmente la producción de alimentos en Aragón, siendo uno de los «pilares que sostiene nuestro medio rural y que configura nuestro territorio».

«Si sobre el modelo agrario familiar ya pesaban graves amenazas antes de la crisis del Covid-19 debido a sus mayores dificultades que otros modelos de carácter corporativo para el acceso al capital, a los mercados globales, a los conocimientos y a la tecnología, estas amenazas podrían verse ahora recrudecidas en un escenario de previsible caída general de la demanda y consiguiente exceso de oferta», ha dicho.

«Habiendo quedado demostrada la fortaleza y fiabilidad de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento a toda la población en una situación tan difícil como la que está suponiendo el estado de alerta y confinamiento sanitario, toca prepararse ahora para asegurar también la supervivencia de todos y cada uno de sus eslabones, sobre todo el de los más débiles y entre ellos las explotaciones familiares ante la crisis económica que viene tras la sanitaria» ha manifestado..

Los objetivos que se plantean para la Ley son los siguientes:

-Establecer los criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar en Aragón.

-Definir los criterios de priorización para una aplicación más eficaz y eficiente de las políticas públicas en favor del modelo familiar agrario y de los bienes públicos asociados. 

-Potenciar la figura del agricultor profesional en el marco del modelo familiar reduciendo la brecha de renta que sufre. Consolidar y mejorar la productividad y viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

-Mejorar la dimensión económica, la productividad y la competitividad de las explotaciones familiares agrarias, facilitando su operatividad y acceso a la tecnología, a los conocimientos y a los mercados.

-Mejorar la integración ambiental de las explotaciones familiares agrarias.

-Favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector agrario, en el marco del modelo familiar. 

-Potenciar el papel de las Comunidades de Regantes en la creación y modernización de regadíos, habilitando nuevas herramientas de apoyo público.

-Afrontar la dispersión y fragmentación de la propiedad de la tierra incorporando nuevos instrumentos de concentración parcelaria, de reordenación y de gestión de la propiedad en consonancia con el contexto ambiental y socioeconómico actual.

-Configurar un Banco de Tierras que permita concentrar en favor del modelo familiar el Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma, facilitando las inversiones privadas sobre ese activo a medio y largo plazo y preservando, en todo caso, la propiedad pública del mismo.

-Potenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como solución institucional preferente para facilitar el acceso competitivo del modelo familiar agrario a los mercados, a la tecnología y al conocimiento.

Al documento publicado en la web de Transparencia, podrán efectuarse aportaciones por todos aquellos que puedan estar interesados hasta el 30 de junio. La intención es disponer, pasado el verano, de un primer borrador de texto articulado que, tras su trámite de exposición pública y la emisión por los diferentes órganos implicados -de todos aquellos informes que sean preceptivos- pueda ser propuesto para la aprobación por parte del Gobierno de Aragón y su posterior trámite ante las Cortes de Aragón.

Olona ha afirmado que «la agroalimentación jugó un papel capital en la recuperación de la crisis financiera del 2008 y, sin lugar a dudas, también lo hará en relación con la crisis del COVID-19. Pero para ello habrá que tomar decisiones y medidas como las que, de hecho, ya hemos empezado a adoptar».

En relación a los huertos, el consejero ha instado al Gobierno central a adoptar una solución definitiva aunque ha recordado que la Delegación del Gobierno ya lo permite desde el martes con condiciones.