Uno de los sectores más afectados por esta crisis del coronavirus es el de los servicios, que ya ha empezado a reducir plantillas. En caso de prorrogarse el estado de alarma, algo que ya dio ayer por hecho el propio Ministro de Transporte José Luis Ábalos, la situación será «insostenible» también para la industria, e incluso para el sector primario. En Aragón, grandes compañías como Opel o Pikolín ya suspendieron ayer su producción. Aunque el cierre de bares y restaurantes no se decretó hasta el sábado por la noche, numerosos establecimientos del territorio ya comunicaron el cierre horas antes.
Las empresas de la zona, principalmente pymes y autónomos, ven con incertidumbre el futuro y esperan que hoy el Gobierno central apruebe el paquete de medidas encaminadas a paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus que el propio presidente Pedro Sánchez avanzó el sábado. Al acabar el Consejo de Ministros en el que se decretó el estado de alarma, Sánchez se comprometió a aprobar medidas en cuatro líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE) y apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad. Además, prometió que aprobará medidas para garantizar la liquidez de las empresas y para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus. Se prevé también la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia.
Las organizaciones empresariales CEOE Teruel, CEPYME Teruel y CEAT Teruel quisieron ayer recordar estas reivindicaciones y dejar constancia de su «apoyo y respaldo» a las autoridades, los equipos sanitarios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las medidas adoptadas por las administraciones públicas para paliar los efectos del COVID-19. Aseguraron que prestarán «toda su colaboración» .
Para la patronal, la paralización económica y las consecuencias que se deriven pueden resultar «determinantes» para el futuro del tejido productivo de la provincia, teniendo en cuenta el freno que para el sector turístico, uno de los motores económicos turolenses, así como para el comercial e industrial, puede ocasionar, sin olvidar el inminente cierre de la Central Térmica de Andorra. Por ello, estimaron urgente y necesario que el Consejo de Ministros concrete hoy las medidas de carácter económico que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, así como a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y asegurar «en lo posible» la supervivencia del tejido productivo. En este sentido, recordó la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual Estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación. «Del mismo modo, es necesario que se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo», dice la patronal turolense en un comunicado.
Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, las organizaciones empresariales turolenses abogan por la suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas, siendo además necesario que se establezcan líneas de avales públicos suficientes que faciliten el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, así como que las administraciones abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes.
Para los empresarios turolenses resulta fundamental además que el Gobierno de España permita los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses, por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una disminución en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID-19. Las organizaciones empresariales explican que el colectivo de los autónomos es el que se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.
Para la patronal turolense es necesario además que se fomente la digitalización y el teletrabajo en las empresas. La actual situación puede provocar la agilización de un proceso que permita en el futuro la conciliación familiar y laboral, cumpliendo con uno de los requisitos de la responsabilidad social empresarial.
Desde la Cámara de Comercio destacan que se va a seguir poniendo a disposición de las empresas su capacidad de servicio en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno y lo va a hacer en dos sentidos. Por un lado, procurando que la actividad económica quede afectada lo estrictamente indispensable, reforzando su apoyo, en todos los ámbitos, a las empresas que pueden seguir ejerciendo su labor.
Por otro, informando a las empresas a las que se ha suspendido su actividad, sobre los instrumentos que tiene a su disposición para paliar en lo posible los efectos, tanto los que la legislación ya tiene establecidos, como aquellos otros que se puedan poner en marcha desde el Gobierno. Cámara ha dispuesto un servicio mínimo presencial en sus dos sedes en horario esta primera semana de 9.00 a 14.00, con objeto de atender los asuntos imprescindibles que requieren presencia.
Lambán exige medidas económicas
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, trasladó el domingo a Pedro Sánchez en la conferencia en la que participaron todos los responsables autonómicos, medidas económicas para apoyar a empresarios y trabajadores. Lambán solicitó una atención económica y fiscal «muy generosa» por parte del Estado en términos de impuestos e hipotecas para afrontar las dificultades que origina la suspensión parcial de la actividad económica. Lambán es partidario de que, en la medida de lo posible, se pueda preservar la actividad industrial y reclamó que Europa suspenda las normas fiscales y presupuestarias que limitan la capacidad de gasto de las comunidades. Insta a la UE, además, a aplicar estímulos y transferencias de recursos para la sanidad y que flexibilice los objetivos de déficit para que los gobiernos puedan hacer frente a sus obligaciones. También recordó que los ayuntamientos son básicos para lograr una política de Estado eficaz y urgió, por ello, a que se derogue el bloqueo de sus remanentes porque «hoy más que nunca van a ser necesarios».
Los trabajadores de DGA, en casa
El Gobierno de Aragón ordenó ayer el desempeño laboral de los trabajadores de la Administración general y de su sector público en su domicilio, en un intento de evitar al máximo los contagios laborales por coronavirus sin paralizar el funcionamiento de la Administración y la prestación de los servicios públicos. De esta medida adoptada ayer se exceptúa el personal de atención asistencial del Salud, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y de la Administración de Justicia. También quedan fuera de esta nueva instrucción de la Dirección General de Función Pública los docentes de Educación, que se adaptan también al trabajo sin presencia de alumnos en las aulas.
