Hace siete años que la justicia dio la razón a los vecinos de la urbanización del Dique de Caspe y que el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), que conectará las redes de abastecimiento y saneamiento de agua del núcleo residencial con el urbano. Tras el último pleno municipal, el proyecto, para el que se invertirán 421.000 euros, se encuentra a tan solo un paso de iniciarse con la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de esta actuación.
Los populares presentaron el punto, que fue tumbado por la oposición por un detalle importante: se preveía ubicar la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) junto a la vivienda de un vecino. El equipo de gobierno pidió la confianza de los grupos para aprobar la expropiación y aseguró que moverían la estación de lugar, pero ningún partido tomó por válida su palabra y todos demandaron que el proyecto se corrigiese.
Los afectados se reunieron el miércoles con el Ayuntamiento para resolver este conflicto. Ambas partes acordaron que, pese a tener que estar ubicada en la parcela inicial, la bomba se instalará en una zona alejada de la vivienda, junto al camino municipal.
