Una revisión de los requisitos para acceder a las ayudas ya existentes para a la rehabilitación de vivienda en los pueblos porque supone una limitación la necesidad de estar empadronado o los problemas por la multiplicidad de propietarios; y la creación de agencia con sello público que permita poner en contacto arrendadores y arrendatarios. Así se ayudaría a vencer las reticencias al alquiler y no solo permitirá el aumento de la bolsa de viviendas sino que también la «estandarización» de los elevados precios por falta de oferta. Estos son solo algunos de los objetivos que se plantean dentro de la consulta pública que servirá de base para la nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, trámite para el que ya se está trabajando. En ese sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha celebrado el Foro de Cohesión Territorial, una reunión técnica con asociaciones, entidades y empresas con las que se abordó en qué se ha avanzado y la puesta en marcha de este nuevo marco estratégico.
La vivienda es el problema que más preocupa a los participantes en la encuesta a título individual y los problemas de las comunicaciones en el sentido colectivo. Otras cuestiones son el acceso a los servicios esenciales para la vida diaria, la conectividad a internet y el proceso de digitalización, la falta de vivienda y la accesibilidad y disponibilidad de servicios de transporte.
Queda vinculada a la atracción de nuevos pobladores pero también a la «expulsión» de aquellas personas que no pueden acceder a una casa en su lugar de origen por ausencia total de viviendas en el mercado de alquiler. Frente a ello, los participantes proponen diferentes soluciones más allá de las citadas anteriormente. Para atender la llegada de nuevos pobladores proponen crear espacios de coliving que les permitan instalarse durante los primeros meses y poder crear redes a través de las que acceder a una vivienda permanente. Otras opciones que se plantean son la creación de oferta habitacional temporal prefabricada y la construcción de vivienda de alquiler social con un período de arrendamiento superior a las anteriores pero siempre desde la perspectiva de la rotación.
Otra propuesta es la creación de un programa de acompañamiento y acceso a vivienda para nuevos pobladores con el objetivo de asentar a 200.000 personas en municipios de menos de 5.000 habitantes en cinco años. Esta idea estaría acompañada con distintos incentivos para la movilidad de la ciudad a los pueblos. Se propone fomentar el teletrabajo en el ámbito privado y también para hasta el 90% para los funcionarios que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes; y la semana laboral de cuatro días para poder dividir el tiempo entre la vivienda habitual y una segunda residencia en estas zonas de baja densidad poblacional. Asimismo, otro eje de trabajo también serían los incentivos fiscales para la atracción de teletrabajadores, especialmente para los menores de 35 años. En este sentido, también se aboga por la creación de una fiscalidad diferenciada en el marco del Estatuto de los pequeños municipios.
196 aportaciones
En lo que respecta a la consulta pública, el MITECO recibió un total de 196 aportaciones (193 válidas) de una gran variedad de actores de todo el país interesados en el diseño e implementación de esta nueva estrategia nacional, destacando la participación de las asociaciones como el colectivo más activo en las respuestas a la consulta pública. Las aportaciones se realizaron entre enero y febrero de este año.
Aunque el emprendimiento y la dinamización de la economía es el punto que más aportaciones ha recibido, el análisis de los resultados aprecia que la conectividad y el acceso a la vivienda continúan siendo el elemento central de las aportaciones colectivas.
Acercar los servicios a la ciudadanía supone una de las principales preocupaciones, con 101 aportaciones en la consulta, entre las que se incluyen servicios públicos como educación y sanidad, se hacen menciones también como servicio público a la movilidad y a la vivienda, así como a servicios del ámbito privado como servicios financieros o farmacéuticos.
No obstante, la tónica general reflejó la digitalización todavía pendiente en el mundo rural, unido a la mejora de las conexiones, como principales problemáticas sobre las que gira actualmente el reto demográfico.
Los datos así lo reflejan. Si bien la cobertura 5G en su media nacional llega al 92,3% de los ciudadanos, este porcentaje se reduce al 68,93% en las zonas rurales. Todavía quedan puntos de la geografía estatal que no reciben un buen servicio, con pueblos a los que ha llegado la conexión, pero esta no se traslada a todos los edificios o viviendas; aunque también destacan que se han producido importantes avances en los últimos años.
Los participantes en el estudio consideran que la mejora de la conectividad servirá para la diversificación del tejido productivo favoreciendo nuevos modelos de negocio, la atracción de teletrabajadores y la digitalización de los servicios. Inciden en que el uso de internet y las redes sociales puede transformar el relato sobre el mundo rural, ya que consideran que es necesario revertir los estereotipos negativos a través de una campaña de comunicación de gran calado.
Transporte público a demanda
En cuanto a la movilidad, se pide trabajar en dos grandes ejes. Por un lado, la revisión de las infraestructuras actuales, tanto por el mal estado de las carreteras rurales como la revisión del entramado, sobre todo de vías ferroviarias, para que unan puntos que naturalmente deberían tener conexión pero carecen de la misma por la estructura radial actual. Por otro, el fomento de medidas de carácter más innovador en la provisión de servicios, como compartir o alquilar vehículos y, principalmente, el transporte público a demanda que permita suplir la dificultad de líneas de conexiones.
