Como entidades más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos están siendo las primeras entidades en responder para paliar los efectos de la expansión de la pandemia. Si no todos, la gran mayoría está aprobando el aplazamiento del cobro de tasas e impuestos con el fin de desahogar a sus ciudadanos. Se suma la compra de material sanitario, de desinfectante para las calles, además del personal y mantener instalaciones y servicios con el personal sin recibir ingresos.
La liberalización del superávit es una reivindicación que cobra fuerza ya que sería una buena medida para paliar los efectos económicos de esta crisis sanitaria. Esta es la solicitud que lanzan al ministerio de Hacienda desde DGA, DPT y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), entre otras entidades. Este domingo, el presidente aragonés, Javier Lambán, le pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la liberación de los remanentes a los que hasta ahora no podían acceder los ayuntamientos. En el conjunto del país ascienden a 30.000 millones de euros, lo que supone una herramienta «formidable» para destinarla a políticas post-pandemia. Cabe recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, conocida como ley Montoro, obliga a las entidades locales a destinar el dinero ahorrado a amortizar deuda. Por ello, piden que se derogue o se flexibilice y se permita el gasto para hacer frente a la crisis sanitaria.
Desde la Diputación de Teruel, desde donde volverán a exigir al Ministerio de Hacienda que flexibilice la aplicación de esta ley, recuerdan que sólo esta institución cuenta con 50 millones de euros de superávit. Piden eliminar la regla de gasto para poder invertirlos en un horizonte de tres años y dar apoyo al tejido empresarial. «Flexibilizar normas y plazos sería interesante. Estamos en una situación excepcional que tiene que tener normas excepcionales», reivindica el vicepresidente, Alberto Izquierdo.
Muchos gastos y pocos ingresos
«Nos parece una muy buena propuesta porque tenemos muchos gastos y apenas ingresos y la prioridad con los presupuestos municipales es destinarlos a acabar con esta pandemia. El dinero ahorrado está para gastarlo cuando se necesita y este es el momento», dice el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné. En la capital del Matarraña está lucha está siendo más dura con el foco de infección centralizado en la residencia de mayores.
El coste real de la lucha contra el Covid-19 no se conocerá hasta que termine la situación. Desde ayuntamientos como el de Alcañiz, se ha optado por abrir un expediente urgente solo para este tema. El Consistorio cuenta con algo más de un millón y medio de euros de los que 800.000 están contemplados para inversión y el resto, para amortizar deuda. Esperan cubrir los gastos del Covid-19 con lo previsto para esta partida. «No queremos tocar nada de lo previsto para inversión porque seguir haciendo obras y proyectos será la mejor manera de ayudar a nuestros autónomos y empresas», explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.
No acudir a las segundas residencias
En Arens de Lledó viven con preocupación el fenómeno de los segundos residentes. En los últimos días el Consistorio tuvo que denunciar a unos segundos residentes por incumplir el estado de alarma. Algo dejaron claro a través de los bandos municipales. «Hemos dejado claro que no se puede venir a las segundas residencias. Los vecinos sin embargo están teniendo un comportamiento ejemplar», explica el alcalde Xavi Cortés.
Desde el Ayuntamiento de Ráfales actúan según «instrucciones de las autoridades y personal médico» y esta semana incorporan la desinfección completa del pueblo. Se suma a la manual de zonas específicas que ya hacían. La población está cumpliendo las normas y se insta a los no residentes a no acudir al pueblo como sucedió al inicio. «Si un vecino me alerta y tengo que llamar a la Guardia Civil no me va a temblar la mano», advierte el alcalde, José Ramón Arrufat.
Redes personales y Whatsapp
Aunque en el censo aparecen casi 40 vecinos, en la práctica son bastantes menos residiendo en Seno y la mayoría con edades avanzadas. Se hablan a través del grupo de Whatsapp que tienen con su alcaldesa desde hace tiempo. «Cada día hablamos, todos están confinados en el pueblo y siguiendo las medidas», dice la primera edil, Raquel Bellés. En otro grupo están los residentes fuera a los que se insiste en que no vayan. «Todo el mundo lo entiende y lo respeta», añade.
Apenas un centenar de personas residen en Belmonte y un alto porcentaje es gente mayor. «Nos aseguramos de que todos tuvieran una persona de referencia cerca y entre el alguacil y la persona de la tienda cubren las necesidades por completo ya sea desinfectando o llevando encargos», dice el alcalde, Alberto Bayod. Este año no habrá Carta Puebla, el reclamo que llena las calles por Sábado Santo. «Habrá tiempo de celebrar otro año», concluye.
Y eso hay que pedirlo?
Que políticos más inútiles tenemos.
Hay que quitar la regla de gasto y el concepto de estabilidad presupuestaria (tontadas de burócratas de Madrid)