La última convocatoria de ayudas de DGA para modernización dejó sin un euro a la provincia.
Miles de personas viven pendientes de los pasos que dé el Gobierno de Aragón en materia de agricultura. Son usuarios que llevan años, incluso décadas, tratando de culminar proyectos que garanticen una mejora en el campo, buena parte, en la modernización de sus regadíos y concentración de las parcelas.
El objetivo es convertir al sector agrícola en una opción real de futuro y luchar de forma efectiva contra la despoblación dando oportunidades.
Las ayudas concedidas a finales del año pasado en modernización del regadío no dejaron ni un euro en la provincia de Teruel. Justo lo contrario que en la oscense, que se llevó toda la subvención (más de 20 millones de euros) de 2016 del marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
Las primeras quejas se comentaron en la Junta Central de Usuarios del río Guadalope. «Con los nuevos criterios es imposible que proyectos de menor índole pero vitales como los nuestros salgan adelante», critican. Aseguraron que desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA les trasladaron que valorarían revisar aspectos de unos baremos que han dejado 17 proyectos en reserva.
Algunos podrían entrar en próximas convocatorias o en caso de una renuncia. Entre los primeros puestos hay dos bajoaragoneses. El primer puesto lo ocupa la modernización de la huerta de Samper de Calanda, un proyecto de 6,2 millones de euros. El tercer puesto, con 500.000 euros, es para modernizar 80 hectáreas de la Comunidad de Regantes del Guadalopillo de Calanda.
La comunidad agrupa a 500 comuneros y 1.315 hectáreas. El objetivo es que todas se rieguen con sistema a presión pero solo la mitad lo hacen. Disponen de toda la infraestructura básica, como la electrificación y las cuatro balsas que construyeron en 2002 con dos millones de euros y subvención de la DGA. La última modernización entró en servicio en 2014.
«Cada año que hemos solicitado nos han concedido ayuda pero esta vez, con los baremos nuevos, es imposible», explica el secretario de la comunidad, Jesús Jubierre.
Recuerda que antes se valoraban los proyectos por provincias pero la unificación «ha hecho daño» ya que «no tenemos nada que ver con la margen izquierda del Ebro de Huesca, la nuestra es deficitaria», añade.
Tener el 50% concentrado y modernizado hace que puedan comparar. «El ahorro de agua en presión está en un 30% y creo que eso, en una cuenca deficitaria, debería bonificarse», dice.
Se reduce el coste para el agricultor porque paga por lo que consume y la cosecha del melocotón se adelanta dos años. «El riego a presión está programado y el árbol recibe su dosis justa». Concluye con la implicación de los jóvenes, algo demostrado. «La administración les concede ayudas para modernizar y comprar tierra y se ha notado mucho».
En Samper de Calanda (imagen principal de la noticia) se precisan 6,2 millones para cerrar el proyecto de modernización de la huerta, un asunto en el que llevan inmersos diez años. El reto es transformar 648 hectáreas y en ello están implicados 900 propietarios, una cifra que con la consiguiente concentración, se prevé que se reduzca.
El objetivo es dejar de regar a manta para instalar riego por aspersión o goteo, lo que se precise en función del cultivo ya que dejará de predominar el cereal en beneficio de los leñosos. El proyecto está listo a falta de la última exposición pública y determinar detalles como la ubicación de la balsa y la toma de luz. De hecho, está pagado el 60% de los 188.000 euros que costó su redacción.
«Tenemos confianza e iremos de la mano de DGA y de Sarga que se han implicado con que salga bien», dice el alcalde, Alfonso Pérez. El presidente del Sindicato, José Manuel Gracia, lo compara con la concentración que se culminó en el monte. «Solo los caminos que se hicieron y el ahorro en el combustible de maquinaria por tener las fincas concentradas, se nota muchísimo».
Samper es una de las localidades que ha centrado su futuro en la agricultura. Es por ello, que las otras más de 2.000 hectáreas que restan de concentrar en el monte, están en el Plan de Elevación de Aguas del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA), pendiente de financiación.
Regadíos sociales
La otra gran parte de las expectativas están puestas en el reglamento en el que trabaja DGA para nuevos regadíos. En diciembre, la Unión Europea autorizó al Ejecutivo Autonómico a poner en marcha una línea de ayudas de 80 millones, una cantidad que podría ampliarse hasta 100.
Desde Desarrollo Rural calculan que entre mayo y junio se conocerán más detalles de las bases para la presentación de solicitudes. En regadíos sociales trabajan varias poblaciones, como la comunidad de regantes expectantes de Mas de las Matas, donde 80 usuarios están inmersos en la transformación de 303 has. Las obras se encuentran en la recta final pero avanzan lento.
Por otro lado, más de 80 propietarios de Vinaceite, Azaila y Almochuel acumulan 20 años de espera para transformar 1.800 hectáreas en regadío con la elevación de aguas. «Nos reunimos con el consejero, Joaquín Olona, y nos comentó la nueva financiación y en cuanto salgan las bases presentaremos el proyecto. Una vez más», detalla el presidente de la Comunidad de Regantes de Vinaceite, Paco Ezquerra.
«Se queda en nada pero esperanza siempre nos han dado y es que tenemos todo prácticamente hecho, hasta el estudio de viabilidad. Habrá que hacer otro anteproyecto», añade.
Tuberías y Santolea
Respecto al recrecimiento de Santolea, en la Junta Central de Usuarios del río Guadalope se anunció el ultimátum de enero para que el Ministerio de Medio Ambiente convoque la Comisión de Seguimiento. «De no ser así, tomaremos otras medidas», cuentan los regantes, que tachan la situación de «tomadura de pelo».
Por otro lado, parte de esos regantes, los usuarios del Canal Calanda-Alcañiz, solicitarán una reunión al consejero ya que persisten los reventones en los tubos defectuosos de la segunda fase. «Han cambiado 1,6 kilómetros que es a lo que se comprometieron pero quedan 24», explica el presidente, Miguel Ángel Vaquero.
Con los Presupuestos en vilo, esperan para solicitar un calendario con actuaciones «aunque sea para varios años» y «que reconozcan el problema por escrito». Respecto a la campaña de riego, asegura que la afrontan «con el corazón en un puño pensando en cuántas roturas habrá y qué daño hará a los cultivos», concluyó.
Balsas laterales del Matarraña
En años se cuenta también la espera de los usuarios de las balsas laterales del Matarraña para ampliar los regadíos de interés social. En uno de los últimos plenos de la Comarca del Matarraña salió la urgencia de la construcción de las balsas de la Vall Figuera y Vall de Beltrán en el río Matarraña y otra de regulación en el río Tastavins, que con toda probabilidad sería la de Comellares.
Su puesta en marcha proporcionaría unos caudales mínimos, de vital importancia sobre todo, en el caso del Tastavins, para solucionar algunos problemas de abastecimiento de agua de boca además de la ampliación de la superficie de regadío de leñosos.
«Disponemos de una gran superficie potencial que podría beneficiarse. Este tipo de regulación hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados y buscamos una agricultura más competitiva y que contribuya a asentar población», añade el presidente, Rafael Martí.
Compromisos en Caspe
Caspe es el territorio con el que más deudas pendientes acumulan los gobierno autonómico y central. Las promesas nunca se han materializado. «De vergüenza» califica el presidente de la Comunidad de Regantes de Civán lo que ocurre desde hace más de medio siglo con el Canal Caspe (La Colomina).
Fue una de las obras que Madrid se comprometió a ejecutar tras perder la ciudad sus mejores huertas con la construcción en los años 60 del embalse de Mequinenza.
En la actualidad continúan pendientes 1.100 hectáreas y los agricultores realizan «apaños» con los que hacer llegar el agua a sus campos. «Se están buscando la vida porque la ejecución final nunca llega. Ahora se ha realizado otro tramo con una ayuda de los fondos de energía reservada, pero queda mucho», relata.
Otro de los proyectos pendientes es el PEBEA de Val de Liana para convertir 1.700 has. de regadío. «Cuando DGA dio luz verde a los regadíos sociales de Fayón se comprometieron a que Caspe sería la siguiente. Han pasado los años, hemos cambiado de gobierno y estamos en las mismas. Promesas sin cumplir», comentó. Ambas obras están presupuestadas en 35 millones de euros y beneficiarán a más de 300 agricultores.
La esperanza poco a poco se pierde y más cuando el Departamento ha anunciado un cambio en la financiación en los proyectos de regadío. Desde DGA aseguran que la ejecución de este tipo de infraestructuras solo se puede llevar a cabo si los regantes adelantan el dinero. Precisamente, este nuevo tipo de gestión es la que se quiere aplicar para el PEBEA de Val de Liana en Caspe.
«Los regantes no podemos permitirnos financiar unas obras de este calibre, aunque después den su parte. Es surrealista», remarca Gimeno. El 26 de enero la Comunidad de Civán se reunirá con el consejero para tratar ambos asuntos. «Esperanzas tenemos pocas», lamenta.
El riego social lleva agua a 1.300 hectáreas en Fayón
La localidad de Fayón, tras años de espera, es la cara más amable con la finalización de los regadíos sociales. Las obras están prácticamente llegando a su fin y los 150 agricultores que se beneficiarán con la transformación de 1.300 hectáreas ansían el momento.
Sin embargo, la Comunidad de Regantes de Fayón se muestra «desesperada» ante la demora del permiso para conectar a la red eléctrica y poder bombear el agua desde el embalse de Ribarroja.
«La espera está siendo bastante desesperante, sobre todo, por la incertidumbre porque no sabemos cuánto tiempo puede demorar esto. Tenemos los planteros de árboles esperando pero dicen que los protocolos de las eléctricas son los que son y están en ello», cuenta Sebastián Solé, presidente de la comunidad.
Admite que los dos años de ejecución de estos trabajos han sido «duros» debido a la multitud de modificaciones. «Ahora estamos viviendo el momento dulce, pero atrás quedan reuniones, encuentros, visitas con los directores de obra. Mucho papeleo pero ha merecido la pena».
El proyecto ha supuesto una inversión de 17,79 millones de euros, de los que DGA aporta el 25% (4,49 millones de euros). El 50% está financiado por AcuaEbro (8,89 millones) y el 25% restante lo aporta la Comunidad de Regantes (4,49 millones).
Esta conversión era una de las reivindicaciones históricas. Con la anegación en la década de los 60 del antiguo pueblo bajo las aguas del embalse, los agricultores se habían visto abocados al secano. «En el mercado nunca hemos podido competir con otras localidades que sí contaban con regadío. Esta situación ha hecho mucho daño y ha promovido la despoblación», comenta Solé.
Nuevos jóvenes en el sector
Con estas obras ya se han presentado varios planes de jóvenes agricultores. «Estamos notando más entusiasmo. La vida del agricultor siempre es dura pero podemos decir que contaremos con las mismas oportunidades que el resto», incide el presidente.
En la misma línea se expresa el alcalde, Roberto Cabistany, que recuerda la tardanza de esta transformación, aunque se muestra optimista. «Todas y cada una de las propuestas que sirvan para el asentamiento de la población más joven en el pueblo, bienvenidas sean», valora.
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