La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, al igual que numerosos colectivos de todo el Estado español, ha presentado alegaciones a la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo COM(2022)222; una norma que pretende que las instalaciones
renovables gocen de privilegios que están por encima de los derechos y principios básicos
recogidos en la legislación europea, según explica el colectivo mediante un comunicado.
Su objetivo es "facilitar el despliegue de las renovables" y para ello propone agilizar trámites administrativos, justificando que es "el mayor obstáculo del despliegue de las renovables", aunque esta agilización se basa en "eludir obligaciones", tal y como se ve a continuación. Según el estudio e informe RES Simplify, realizado por la propia Comisión para conocer los mayores obstáculos para la instalación de centrales eólicas o fotovoltaicas, se identifica que el mayor problema se encuentra en la falta de emplazamientos adecuados (respuesta del 87,5 % de las autoridades públicas consultadas en el estudio).
Ante este problema, la Directiva pretende que las industrias energéticas de renovables puedan «saltarse» las normas de protección ambiental, aunque ello redunde negativamente en los espacios donde se asienten, sean afecciones al medio natural o a las diversas actividades propias de los espacios rurales. Entre otras, se relativiza la protección ambiental de tal manera que incluso se podrán instalar en zonas de la Red Natura 2000.
En el citado estudio también se recoge que otro de los obstáculos más comunes relacionado con los procedimientos administrativos de los proyectos renovables es la falta de transparencia. El Reglamento (UE)2018/1999, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima da tanta importancia a la transparencia como a la información y participación pública continua para poder cumplir los objetivos de descarbonización; sin embargo, este borrador «sugiere» lo contrario, en su artículo 16 indica que sólo merecerá publicidad aquello que pueda generar efectos realmente muy adversos y significativos.
La Plataforma Paisajes Teruel y otras entidades de defensa del territorio que están presentado presentan alegaciones al "aluvión de proyectos", alertan del riesgo que ello puede suponer para el futuro de los pueblos, más aún cuando en el borrador de Directiva no aparece la participación pública ni se confiere ninguna posibilidad de intervención, incluso al público interesado o afectado… estrategias para evitar a toda costa la contestación social.
El conjunto de las entidades alegantes denuncian "una clara vulneración a varios principios que rigen la política de la Unión Europea", como es el recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento, a saber Principio de Precaución y de no regresión con el fin de alcanzar un elevado nivel de protección ambiental y de calidad de vida , así como los derechos del Convenio de Aarhus de acceso a la información, la participación y la justicia en materia de medio ambiente.
La Plataforma denuncia que el documento Proyecto de directiva no considera el mandato
recogido en el llamado «Paquete de invierno» de la UE, un conjunto de normas en materia
energética que crean un marco de acción para la transición energética y que hablan de
gobernanza, de priorizar ahorro, de eficiencia energética y del fomento de las energías limpias.
Frente a este paquete de normas, la Plataforma denuncia que el documento propuesto
prioriza el despliegue de un modelo de macrocentrales energéticas frente a todas las medidas anteriores, y señala que además "no tiene en cuenta cuáles son las necesidades actuales ante el grave problema del cambio climático". "Parece más bien una huida hacia adelante, una excusa ante la crisis de suministro de gas ruso, alentada por las grandes corporaciones del sector energético", denuncia el colectivo. En este sentido, desde la Plataforma se tilda de "mezquino" utilizar la guerra en Ucrania para justificar la falta de análisis y de cumplimiento con la normativa más básica
Las entidades alegantes se preguntan: »¿Cómo es posible que cualquier central renovable goce de una declaración de interés preferente de primer orden sin antes examinar si dicha
instalación es necesaria, si está bien dimensionada, si no es posible conseguir los mismos
objetivos de reducción de emisiones gestionando mejor la demanda y favoreciendo la
reducción del consumo energético?«
Solventar los problemas en el origen, como requiere el artículo 191 del TF, exige una política eficaz que promueva la reducción del consumo de energía y la gestión de la demanda. A juicio del colectivo, las posibilidades de defensa del territorio "quedan totalmente anuladas" con la propuesta de esta directiva de considerar toda central energética renovable de Interés Público Superior, por encima del interés ambiental y diversas figuras de protección de espacios, masas de agua y biodiversidad. "Prioriza el interés de negocio a través de las renovables de un promotor privado frente a la protección de los territorios que sustentan la vida", afirman.
Por todo ello, en las alegaciones presentadas por la Plataforma se denuncia, entre otras cosas:
- Que el documento está falto de fundamento jurídico y no es coherente con la
normativa Europea y con la normativa de los estados miembros. - Que la simplificación administrativa propuesta pone en peligro la participación pública
y la evaluación ambiental de proyectos. - Que en España, las medidas de los gobiernos central y autonómicos han favorecido un auténtico aluvión de proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas, de grandes
dimensiones, enclavadas muchas de ellas en comarcas rurales de baja densidad de
población, y en zonas naturales bien conservadas, como cordales de sierras
montañosas o las estepas más amenazadas; lo que ha generado fuerte rechazo social, tal y como se manifiesta en la contestación ciudadana de cientos de asociaciones, entidades y plataformas de toda la geografía española.
No obstante, la propuesta de directiva reconoce que «los edificios representan el 40 % de la energía consumida y el 36 % de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto
invernadero relacionadas con la energía, es necesario aumentar el despliegue de
instalaciones solares en los edificios. Esta es una de las formas más rápidas de desplegar
energía renovable a gran escala, reducir el uso de combustibles fósiles en los edificios y
acelerar la descarbonización y la electrificación de su consumo de energía.» Pero, dicho
esto con lo que se está muy de acuerdo, la directiva no presenta suficiente planificación al
respecto.
En definitiva, desde la Plataforma se denuncia que este borrador supone una "clara regresión en la protección del medio ambiente, en el derecho a la participación, en el desarrollo de propuestas más sostenibles y, en definitiva, en el avance hacia una sociedad resiliente y fuerte para afrontar los problemas actuales y futuros del cambio climático".
La Plataforma invita a sumar el rechazo a esta norma ya que supone "uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo de propuestas más acordes ante los problemas ambientales
globales", como sería el fomento de la autosuficiencia de los pueblos para el abastecimiento de recursos básicos como son la alimentación, agua y energía; y el impulso a energías renovables a pequeña escala, cercana a los centros de consumo y en espacios degradados o desnaturalizados.
A VER si os vais enterando de una vez por todas ,,, de la mismo forma y manera que se tuvo que hacer la reindustrialización y pasar a ser un sector de servicios ,, toca trasformar el paisaje para entrar en el programa de transición ecológica y desarrollo sostenible ect ect