Reivindicar la ganadería extensiva como sector económico estratégico para miles de aragoneses que viven en pequeños municipios y, al mismo tiempo, por los efectos positivos en la conservación del medio natural. Estos han sido los dos principales argumentos sobre los que el portavoz popular de Agricultura en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha centrado su intervención durante la comparecencia del director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, que ha intervenido en la Comisión de Agricultura del Parlamento autonómico durante la tarde del martes, a petición de los populares.
Nogués ha defendido todas las medidas llevadas a cabo por el ejecutivo autonómico en los últimos años y ha destacado que la facturación del sector extensivo supone el 2% del total del sector agroalimentario. Sin embargo, ha subrayado que se destina el 12% de los recursos en forma de diferentes ayudas. El Director General no ha ocultado que la reforma de la PAC que se inició en 2003 encaja en el tipo de ganadería extensiva del centro de Europa pero no en la que se lleva a cabo en España.
Unos argumentos que no han convencido a la oposción desde donde se ha acusado al ejecutivo de inacción. «En los pueblos clave de mayor tradición ganadera se están vendiendo cabezas de ganado. Pues esto no funciona. El objetivo era uno y la realidad va por otro camino. Sus políticas con la ganadería extensiva no funcionan. Su objetivo parece que es acabar con la ganadería extensiva», ha afirmado el diputado popular para explicar la crisis que atraviesa el sector y la nula respuesta del Ejecutivo a la situación.
Hay ayudas institucionales al sector, reconoció Celma, pero «van en la dirección equivocada» y «no sirven para nada» cuando todos los años cierran explotaciones y disminuyen las cabezas de ganado en la comunidad autónoma, «por lo tanto algo se está haciendo mal» trasladó al representante del Ejecutivo. «El futuro de la ganadería extensiva está amenazado. Más del 60% de las explotaciones ganaderas en los últimos diez años han desaparecido», continuó, y además el Gobierno autonómico no demuestra una especial empatía con el sector habida cuenta del tibio posicionamiento evidenciado frente a los ataques de lobos a rebaños y, por otro lado, por las negativas consecuencias que arrastrará la nueva política agraria común para este subsector agroganadero.
El segundo argumento, el referido a los beneficios medioambientales de la ganadería extensiva en la conservación del territorio ante catástrofes naturales como los incendios forestales, fue también ejemplificado con las conclusiones aportadas por un estudio realizado en la Sierra de Guara que vincula la actividad de este tipo de ganadería con una menor cantidad de material natural combustible en el terreno. Dos factores positivos evidentes y, sin embargo, nula contestación del Ejecutivo según Ramón Celma. «No vale con decirles, y menos a quienes están haciendo tantos esfuerzos, que todo lo que piden es inviable y al mismo tiempo decirles que son fundamentales para llevar acabo cualquier política de despoblación en nuestra tierra», por lo que reclamó «hablar a los ganaderos con claridad» y «poner soluciones encima de la mesa para generar alguna expectativa de futuro».
Pese a que durante la comisión no se ha hecho referencia a más casos territoriales, cabe recordar que, de igual modo, los pastores y ganaderos ovinos del Matarraña alertaron hace varios meses de que con la próxima reforma de la PAC y de las ayudas al sector, la ganadería ovina y caprina podría tener los días contados en la mayor parte de las localidades del Matarraña, entre otros motivos, al ser una comarca eminentemente forestal y de cultivos leñosos.
