El PP de Caspe no consigue aprobar el Plan Económico y las ayudas peligran

El Plan Económico Financiero para 2025 y 2026, que está obligado a aprobar el Ayuntamiento de Caspe, continúa en el limbo ante la falta de acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición. La propuesta inicial se debatió en el pleno de junio, hace un mes, y desde entonces las negociaciones no han avanzado lo suficientemente rápido como para llegar a buen puerto a tiempo. Tanto es así que no hubo ni siquiera debate en la última sesión plenaria. El concejal de Hacienda, José Miguel Albiac, presentó el punto al comienzo pidiendo «responsabilidad» a los grupos. «El miércoles nos notificaron la necesidad de subsanar la subvención de Viogén, destinada al complemento salarial de los policías locales. Para hacerlo, hay que presentar el Plan Económico Financiero aprobado», explicó.

La administración tiene diez días hábiles para alegar y, pese a que el documento no parece estar ni cerca de conseguir la mayoría de apoyos, el Consistorio va a luchar los más de 11.000 euros que podrían perderse. «Hemos intentado negociar hasta el último momento con el resto de partidos. Por nuestra parte, alegaremos, es importante no perder ninguna de las ayudas que peligran», aseveró la alcaldesa Ana Jarque. Tras un receso en el que los portavoces intercambiaron sus últimas opiniones al respecto, el equipo de gobierno retiró el punto del orden del día.

Acuerdo con los afectados por la EBAR

Más unanimidad hubo en la votación para la aprobación inicial de la relación de los bienes y derechos a expropiar de cara a la ejecución del Plan de Infraestructuras ‘El Dique’. Los populares lo presentaron por segunda vez, tras haber sido tumbado por la oposición hace un mes, para garantizar que se modificara la ubicación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), prevista junto a un domicilio.

El equipo de gobierno se reunió el 16 de julio con los afectados, llegando a un acuerdo que ha sido bien visto por todas las partes, incluida la oposición. Con la aprobación de estos trámites iniciales, la comunidad de vecinos espera que «pronto» se haga realidad la sentencia judicial que en 2018 dictaminó que Pescadores tiene derecho a que se le presten los servicios básicos. La primera fase del proyecto será para la conexión de la red de saneamiento y abastecimiento de agua.

También hubo unanimidad en la cesión de un local en la calle Alfonso XIII para la Oficina Comarcal Agroalimentaria. La petición no recibió ninguna objeción, si bien el Partido Socialista recordó que todavía están sin cubrir y preguntó al PP si ha habido noticias al respecto. Albiac, quien también es el portavoz de su grupo, contestó que no ha habido más información al respecto.

La zona azul, a debate

El pleno también analizó las modificaciones que se presentaron para el reglamento del servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública (ESRO). La eliminación de plazas de aparcamiento de zona azul en la calle Gumá obligó al Consistorio a habilitar otras en una nueva zona para no perjudicar a la empresa a cargo del servicio. En el último año y medio, la localidad ha visto aumentadas estas zonas de pago en puntos como el final de la calle Alcañiz o la N-211, justo antes de la rotonda de plaza Aragón.

El aparcamiento de pago más polémico es el del centro de salud, que el PSOE rechazó con contundencia. Por su parte, Chunta Aragonesista recalcó que no se ha hecho ninguna distinción para los residentes, aunque sí para transportistas: «si tienes que descargar cerca de casa, te van a multar», sentenció el concejal Rafael Lumbreras. La edil delegada del área, Encarna Romero, explicó que la distribución de zonas azules se diseñó con el objetivo de garantizar la rotación de vehículos en zonas congestionadas «por coches que estaban estacionados durante días».