La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado que el Gobierno de Aragón «ha hecho lo que tenía que hacer» ante las incidencias registradas en el servicio de ambulancias en los últimos meses. La titular de Sanidad ha detallado que desde la gerencia del 061 se han detectado «incidencias graves», que han obligado a la apertura de expedientes de sanción a la adjudicataria Acciona, que superan los 400.000 euros de multas, y a la contratación urgente de otras empresas para seguir prestando el servicio.
La consejera de Sanidad ha afirmado que las causas «son de índole laboral, por un conflicto que se ha recrudecido durante 2021, con actos vandálicos y absentismo laboral» ante los que la empresa «no ha actuado con la celeridad exigida en el contrato». Repollés ha detallado que el número de incidencias durante el año pasado fue de «una o dos al mes», pero «se disparó con más de 90 en diciembre y 110 en los primeros días de enero». El carácter laboral del conflicto «ha quedado demostrado», ha dicho, porque desde la firma del convenio «no se ha producido ninguna incidencia».
La consejera, a instancias de Ciudadanos, ha dicho ante la Comisión de Sanidad que «todos los ciudadanos estarán atendidos con un servicio de calidad con la licitación de un nuevo contrato».
Susana Gaspar, del G. P. Ciudadanos, ha criticado la política del Departamento de Sanidad «de patada hacia delante y mirar hacia otro lado» porque «ni ha funcionado ni va a funcionar». Gaspar ha dicho que «la gestión del servicio es caótica y ha terminado afectando a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos» por múltiples incidencias, que son fruto de la «desactivación de vehículos en las tres provincias por parte de la empresa, ocasionados por la falta de personal». La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que «la situación actual es consecuencia de la desidia del Departamento a la hora de afrontar las incidencias ocurridas durante la prestación del servicio».
Desde el G. P. Socialista, la diputada Olvido Moratinos ha dicho que «en ningún caso el Departamento ha mirado hacia otro lado» y «nunca se ha culpabilizado a los trabajadores». Moratinos ha destacado que «se está trabajando para mejorar el servicio con un aumento de 20 millones de euros en los nuevos pliegos». Ana Marín, del PP, ha criticado que la consejera esté «echando balones fuera» apuntando como causa del problema «al absentismo laboral de los profesionales», y se ha preguntado si el pliego de condiciones del nuevo contrato «está redactado o no» y si «es normal que el Gobierno consienta lo que ha ocurrido».
Itxaso Cabrera, de Podemos, ha apostado por la internalización, para sostener la calidad del servicio en todo el territorio y para las condiciones laborales, porque «no se puede permitir una reducción de los servicios básicos». Cabrera ha recordado que el 061 y el Departamento de Sanidad no tienen competencias en el transporte sanitario, «pero tienen responsabilidades en velar para que los contratos se cumplan». En representación de CHA, Isabel Lasobras ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del transporte sanitario, ante un servicio «que ha tenido carencias y ha sufrido incumplimientos» por parte de las empresas «que siempre pujan a la baja y así es muy difícil dar un buen servicio porque buscan el rédito económico».
Santiago Morón, portavoz de Vox, ha afirmado que ante los incumplimientos del contrato, el Departamento de Sanidad «ha tardado en reaccionar, lo que ha producido un deterioro significativo del servicio en los últimos meses» y ha criticado la retirada «de quince vehículos de transporte». Por parte del PAR, su diputada Esther Peirat, ha afirmado que «hay que pensar que el modelo a adoptar en este servicio puede ser la internalización», con la realización previa de un estudio exacto de este servicio, «porque la realidad de Aragón es singular y hace que la prestación de este servicio sea especial». El diputado de Izquierda Unida ha dicho que la consejera «siempre se escuda en la externalización del servicio para no asumir su responsabilidad» porque en el fondo «se lavan las manos», y ha pedido transparencia en el nuevo pliego de contratación.
