Los alcaldes bajoaragoneses acogen de buen grado que el Ministerio de Hacienda haya rectificado después de que le tumbaran su polémica propuesta de los remanentes y haya decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria para este 2020 y que así puedan disponer del superávit de los años 2018 y 2019.
Alcañiz estudiará en qué gastar los aproximadamente 360.000 euros que quedarán liberados de 2019 y que en base al real decreto que el Congreso echó para atrás la semana pasada solo los podría emplear para gastos covid o la compra de coches eléctricos. «Queríamos darles otros usos. Con el 20% del remanente que ya nos permitieron lo empleamos para gastos covid y ahora miraremos a ver qué hacemos», explica el teniente alcalde y concejal de Hacienda, Javier Baigorri. Los remanentes de 2018 ya se gastaron porque el Ayuntamiento tuvo superávit y ejecutó inversiones financieramente sustenibles.
«De buena noticia» califica el nuevo decreto la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. Explica que la suspensión de la regla de gasto está condicionada a que se cumpla la estabilidad presupuestaria, es decir, que los ingresos estén equilibrados con los gastos. «Es fundamental que hayan levantado el techo de gasto, que es lo que generaba los remanentes. Ahora siempre que equilibres te puedes gastar lo que tienes, ya no está ese tope», apunta Mustieles. En su caso, el Consistorio de Caspe cuenta con grandes proyectos millonarios en el cajón que ahora podría ejecutar como el cambio de luminaria, la construcción de la potibilizadora o la intermodal además de los gastos del día a día de la gestión.
En la misma línea se muestra su homólogo en Andorra, Antonio Amador. Asegura no entender como los ayuntamientos que tienen recursos no solo no los pueden gastar sino que además les ocasionan gastos por tenerlos guardados. "Me parecen perfectas todas aquellas normas que nos permitan a los ayuntamientos gastar nuestros recursos en los ciudadanos y más en momentos como el actual porque, además, ese dinero no es nuestro, es de todos los vecinos y debe revertir en ellos", afirma el primer edil de la Villa Minera.
«Creo que las leyes hay que adaptarlas al momento en que ocurren las cosas y mas las económicas. La ley Montoro salió cuando los ayuntamientos estaban endeudados y había que tener una disciplina financiera. Ahora la situación es distinta, los consistorios se encuentran saneados y con ahorros; y necesitamos disponer de ese dinero para afrontar los gastos que nos ha generado la pandemia», apunta la alcaldesa de Albalate, Isabel Arnas.
Mucha satisfacción, sí, señores alcaldes, pero recuerden Uds. y sus votantes, porque supongo que lo saben, que el diputado estrella de Teruel Existe, el héroe Guitarte, votó en contra de su satisfacción, dando su voto al decreto derrotado. Ridículo, grotesco.