Los municipios podrán recibir multas de hasta 10.000 euros y no recibir ayudas públicas
Los ayuntamientos bajoaragoneses tienen hasta final de año para retirar o eliminar de los espacios públicos los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. En caso de no hacerlo se podrían enfrentar a multas de entre 2.001 y 10.000 euros y a la no concesión de ayudas por parte del Gobierno de Aragón.
Será antes de 2018 cuando se prevé que entre en vigor una nueva ley que pretende abordar de manera «serena y madura» la relación con el «pasado traumático» vinculado a la Guerra Civil y la dictadura franquista. «Construir la Memoria Democrática a partir del recuerdo de ese pasado es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, en definitiva de asegurar nuestro futuro de convivencia y paz», reza el borrador, que en este momento se encuentra en un proceso de participación ciudadana. Primero tuvo lugar la fase informativa y ayer comenzó el debate con una jornada en Teruel. El portal Aragón Participa ha recibido muchas alegaciones, incluso de otros países como Francia o Argentina de aragoneses exiliados o de sus hijos.
Concretamente, el borrador considera contrarios a la memoria democrática de Aragón y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. Es el caso de placas, escudos, insignias, inscripciones y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública; alusiones que «desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores» o a «los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista».
Para ello, se creará un órgano de gestión específico y una comisión técnica formada por una representación «plural» que, entre otros, se encargará de elaborar un censo de símbolos. «No se esperará a la finalización del registro porque no actuaríamos. Mientras se elabora iremos trabajando», explica Víctor Lucea, asesor del departamento de Presidencia que se ha encargado de coordinar a las diferentes consejerías en la redacción de la ley.
En el borrador se especifica que al mismo tiempo las administraciones públicas de Aragón deben adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática. También deberán revocar todas las distinciones a personas vinculadas con el régimen franquista como los títulos de alcaldes honorarios o hijos predilectos. Aunque no se fija una fecha específica para ello, sí que incluye que si la administración no elimina los elementos se incoará de oficio un procedimiento que se dictaminará en tres meses. Si de esta forma tampoco se acata la ley, DGA llevará a cabo la retirada de forma subsidiaria. También será el ejecutivo autonómico quien se encargue de tomar las medidas oportunas en el caso de los edificios de carácter privado. Por ejemplo, es el caso de Andorra y Caspe, donde sus ayuntamientos han retirado todos los elementos de los espacios públicos en los que podían intervenir. En la Villa Minera, aún quedan símbolos en viviendas y en la Ciudad del Compromiso, una placa en la Colegiata que un juzgado no permitió quitar después de una denuncia de los familiares. Valderrobres también quitó el año pasado la cruz a los caídos.
Vestigios en el territorio
Al contrario de lo que pueda parecer, la simbología y nomenclatura franquista aún siguen presentes en muchas localidades bajoaragonesas. Algunas de ellas ya hicieron los deberes hace unos años y otras lo están haciendo ahora tras anunciarse que la ley que prepara DGA interpondrá sanciones económicas.
Es el caso de Valdealgorfa, donde en la fachada principal de la Iglesia existe una inscripción con el nombre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y de caídos del bando franquista (un elemento que se repite en muchos más municipios). Su alcaldesa, Reyes Gimeno, explica que entre los concejales ya han decidido cubrir las inscripciones con una placa de un material aún por definir porque no consideran necesario eliminarlo. «No deja de ser historia, guste o no guste», comenta Gimeno. En el cementerio municipal también hay un monumento alusivo a los soldados italianos que «se estudiará» porque la alcaldesa cree que el borrador no alude al «fascismo italiano».
En Castelserás, hasta la semana pasada se podía ver un gran cartel con un escudo de la Falange y una inscripción que fue retirado de un edificio de DGA por indicación del ejecutivo autonómico. Ahora aún pervive algún retrato y escudos en casas particulares.
Otras localidades esperan al texto definitivo de la ley para conocer qué se admite. Por ejemplo, Híjar, donde el monumento a los Caídos, situado en la zona del Castillo, se reconvirtió el verano pasado. Se remodeló el texto y se quitó el águila pero no la cruz ni la palabra caídos en contra de la opinión de la oposición, que se negó a apoyarla por mantener el símbolo.
Otro de los elementos más recurrentes es el callejero. El caso más llamativo es el de la plaza del Caudillo de la pedanía alcañizana de Valmuel. En su caso, el Ayuntamiento de Alcañiz no está por la labor de retirar. Su alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, tan solo se limita a decir que «va a seguir trabajando por Alcañiz» y recordar que en la legislatura de IU «se hizo un gran trabajo quitando los nombres de la Iglesia pero dejaron una deuda de 22 millones». «Una vez entre en vigor la ley ya nos informarán, no voy a perder tiempo en estos temas pero me parece una pena que se pueda perder el único escudo republicano de la ciudad, que está en el Cuartelillo». No es el único, en la zona de la Val de Hueso se conserva un monolito a Franco y en el cementerio, un monumento a Musolini.
En Cantavieja cuentan con tres calles que incumplen la ley y que están en proceso de cambiarse: 12 de Mayo, General Mola y García Valiño. Se aprobó su cambio en pleno el año pasado aunque el proceso se está dilatando porque están intentando recuperar su nomenclatura antigua. «Algunos no saben ni lo que significan pero las cambiaremos, estamos preguntando para conocer su nombre anterior», confirma el alcalde, Ricardo Altabás.
Un caso parecido, aunque más llamativo, es el de Valdeltormo, donde desde febrero la avenida General Franco y las calles Jose Antonio Primo de Ribera, General Mola y General Moscardó han pasado a llamarse Zaragoza, Teruel, Huesca y calle del Castillo, respectivamente.
