Crean una ponencia en las Cortes de Aragón para abordar la ordenación del territorio
Las Cortes de Aragón han retomado esta semana el debate sobre la reorganización competencial en entidades locales con la creación de un nuevo grupo de trabajo para mejorar la ordenación territorial en la comunidad, evitar la duplicidad de competencias y regular -con financiación adecuada-, el papel de cada una de las administraciones (ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales). Asimismo, en este foro también se abordará una cuestión clave como es la carga políticas de las entidades, es decir, el número de representantes y sus sueldos.
Aunque todos los miembros se muestran optimistas y con la predisposición de sellar una Ley al respecto, las posiciones de los seis grupos representados en las Cortes (PP, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos y Grupo Mixto) son muy diferentes, incluso antagónicas. PSOE y Ciudadanos se muestran partidarios de dar todo el protagonismo a los ayuntamientos y contemplar comarcas y diputaciones como entidades prestadoras de servicios. Podemos y CHA rechazan las diputaciones, y el PAR y el PP defienden la convivencia de las tres, aunque con mejoras en lo que respecta a la optimización de recursos económicos. Por otra parte, los «nuevos» partidos y CHA se pronuncian abiertamente sobre regulación y control de retribuciones económicas políticas y elección directa de los representantes mientras el resto de formaciones se emplazan al devenir de la negociación para abordar estas cuestiones.
Cabe destacar que la experiencia en abordar la ordenación territorial no es positiva. La legislatura pasada (PP-PAR) se intentó avanzar en este asunto con dos amplias ponencias, una especial y otra ordinaria, que terminaron sin acuerdo. Los escollos principales fueron el rechazo inicial de los socialistas a participar activamente, la negociación de una ley estatal de reforma de la administración local, y el número de consejeros comarcales. En este último punto, mientras que el Partido Popular apostó por la reducción del 30%, Chunta Aragonesista defendió mantenerlos. El proceso se alargó hasta las elecciones para concluir sin éxito.
En cualquier caso, la nueva ponencia se ha comprometido a evaluar y estudiar el trabajo realizado en la anterior legislatura, cuando pasaron por el parlamento secretarios, jueces, asociaciones y miembros de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, entre otros.
El nuevo grupo, que celebró su primer encuentro el martes, está coordinado por la portavoz popular Mar Vaquero y forman parte del mismo Darío Villagrasa (PSOE), Maru Díaz (Podemos), María Herrero (PAR), Ramiro Domínguez (Ciudadanos) y Carmen Martínez (CHA -Grupo Mixto).
Tras la primera toma de contacto, las posiciones de partida distan en exceso unas de otras, aunque todos parten de una actitud «dialogante» y «positiva».
El PP defiende que no están en contra de ninguna administración. «Nosotros partimos de una voluntad de llegar a acuerdos y de la necesidad de acabar con las duplicidades de competencias», concreta la diputada Mar Vaquero, que también es coordinadora de la ponencia. En su opinión, se deben mejorar algunos aspectos de las comarcas e incluso su funcionamiento. «Es necesario disminuir la carga política de las comarcas, Quizá podrían ser los alcaldes de los municipios que las forman los que se encarguen de ellas», propone.
El PSOE, por su parte, se muestra fiel al «municipalismo». Aunque cree en el mantenimiento de las tres entidades locales, no oculta que el protagonismo se lo deben llevar los ayuntamientos. «Defendemos una autonomía municipal. Que los municipios puedan gestionar sus servicios y que se les otorguen todas las competencias posibles», dice Darío Villagrasa, que mantiene que el papel de comarcas y diputaciones es de «llegar donde los ayuntamientos no lleguen».
La posición inicial de Ciudadanos es similar pero su portavoz, Ramiro Dominguez, habla mucho más claro. «Las comarcas y diputaciones han de mantenerse como prestadoras de servicios porque esa labor es fundamental. Pero hay que vaciarlas de políticos. Sólo en sueldos de políticos y asesores gastamos unos 10,8 millones de euros entre las 32 comarcas y las tres diputaciones», dice. Dominguez va más allá y denuncia la dinámica de nombramientos políticos en estas entidades. «¿Por qué la vicepresidenta del Bajo Aragón cobra casi lo mismo que el presidente? Por qué si no, no habría pacto», ejemplifica.
También crítica se muestra Maru Díaz, de Podemos, aunque en su caso hacia las diputaciones. «Son un obstáculo para la correcta financiación de los municipios. Actúan como mediadoras y, en muchas ocasiones, responden a criterios políticos a la hora de repartir fondos», defiende. Díaz es consciente de que la eliminación no podrá ser inmediata pero i aboga por quitarles peso e ir reduciendo su papel y competencias.
Con respecto a las comarcas, la formación morada aboga por el modelo actual de la Ley de Comarcalización de Aragón pero cree que hay que desarrollarlo más porque «falta democratización». En ese sentido, defiende la «elección directa de los representantes» y una homologación de salarios. «Que la gente elija al que sea el presidente de su comarca es lo más honesto. Igual que le pasa a un alcalde o a un presidente autonómico», detalla. También subraya que es «difícil» pedir transparencia a las comarcas en la actualidad ya que «no se ha estipulado ni cuantificado los fondos específicos que necesitan para desarrollar las competencias que tienen asignadas». En ese sentido, cabe destacar que asumen constantemente competencias impropias ante la «dejación» de otras administraciones. En el Matarraña, por ejemplo, han llegado a asumir facturas de antenas de telecomunicaciones.
Desde el Partido Aragonés, María Herrero, la única que ya estuvo en la ponencia de la pasada legislatura, también se muestra abierta a valorar la elección directa de consejeros así como la regularización de salarios. Cree que pueden convivir comarcas, provincias y municipios «siempre pensando en las personas» y recuerda que se pueden mejorar muchos aspectos de las comarcas, que tienen 15 años, pero también de las Diputaciones, «que tienen un siglo».
Por último, la representante de Chunta Aragonesista, Carmen Martínez, manifiesta que las diputaciones provinciales son «totalmente prescindibles» y que las comarcas son muy necesarias. «Más del 70% de los 731 municipios de Aragón no pueden ofrecer todos los servicios por sí solos. No tienen habitantes como para contratar a un trabajador social o a un técnico de deportes», dice.
El papel de la FAMCP
Paralelamente al trabajo de las Cortes de Aragón, la FAMCP trabaja en un documento que desarrolla las propuestas que «mejoren el modelo de ordenación territorial». Su presidenta, Carmen Sánchez (PSOE), recalca que ése documento fue una solicitud del Gobierno de Aragón y que no está ligado a la ponencia de las Cortes. «Las Cortes hacen su trabajo independiente», incide. Explica que en la última comisión ejecutiva de decidió dar un plazo hasta mitad de enero para que todos los grupos representados en la federación enviaran sus propuestas. «Una vez que tengamos ese documento iremos a explicarlo al territorio, incluiremos las necesidades que nos trasladen y llevaremos el documento definitivo a la DGA», concluye.
Cabe recodar que hace unos meses se filtró un borrador de ese texto que no gustó a los partidos de la oposición y tampoco a las comarcas. Este borrador provocó la marcha de la Comarca del Matarraña -gobernada por el PSOE-, de la Federación.
