Tras más de un año en espera, siete familias con hijos con discapacidad consiguieron entre este lunes y martes una plaza en el centro de día y el taller ocupacional de Atadi (Albada) en Alcañiz. La subida del 5% en la cuantía de las plazas concertadas en este tipo de centros y las residencias para personas con discapacidad había provocado retrasos de hasta más de un año en la asignación de vacantes, lo que durante estos meses se ha traducido en familias que han tenido a sus hijos en casa tras acabar el colegio al no disponer de otras opciones especializadas en la zona donde enviarlos.
Con el nuevo curso empezado, la situación, que se expande a todos los centros de Aragón, parece estar por fin llegando a su solución en Alcañiz, aunque los padres de los afectados critican la extensa demora que esto ha supuesto teniendo en cuenta que este centro actúa como «un servicio crucial para sus hijos». «Nos hemos sentido abandonadas por el Gobierno de Aragón. Ahora nuestros hijos por fin estarán en un centro donde se les atenderá en condiciones, una necesidad tanto para ellos como para los familiares», asegura Elena Soldevilla, una de las siete madres de las familias afectadas que durante todos estos meses no han dejado de exigir una plaza para sus hijos en el centro de Alcañiz.
Entre las principales consecuencias derivadas de esta situación, coinciden las familias, la más grave ha sido la pérdida de autonomía y socialización a la que sus hijos han tenido que enfrentarse al no disponer de una rutina adecuada para sus necesidades. Una vez acabados los estudios en el colegio, los afectados debían continuar con su formación en un centro especializado como Atadi. Allí podrían seguir recibiendo la atención necesaria por parte de los especialistas, algo que desde hace meses ha sido imposible debido a esta nula adjudicación de plazas.
«A lo largo de todos estos años de colegio llevamos haciendo un gran esfuerzo con nuestros hijos para que adquieran habilidades y lleven una vida lo más normalizada posible dentro de su discapacidad. No podíamos tirar todo ese esfuerzo a la basura», explica Raluca I., madre de uno de los chicos que acabó las clases el curso pasado en el Colegio Gloria Fuertes de Andorra y que hasta este mismo martes se unía al resto de familias que después de permanecer más de un año esperando aún continuaban sin saber si sus hijos accederían o no al centro.
Ya en junio la DGA comunicó que las posibles vacantes serían estudiadas a partir de julio, aunque no fue hasta esta semana, ya en septiembre, cuando comenzaron a contactar con las familias para comunicarles que por fin habían sido elegidas para optar a una plaza. Según ha precisado la DGA, el nuevo incremento del precio de las plazas tras la aprobación de los presupuestos es lo que ha llevado a que el Gobierno de Aragón se haya replanteado el número de vacantes y que, por tanto, todo el proceso se haya retrasado hasta más de un año después.
Entretanto, este panorama llevaba dificultando la conciliación de la vida laboral y el cuidado de los hijos de los afectados. En el caso de Raluca, miembro de una familia monoparental, la situación era todavía más complicada al ser «la única fuente de ingresos» de la casa, algo que resultaba todavía más complicado de gestionar al tener que cuidar también de su hijo.
El centro no había dado hasta el momento ningún tipo de solución alterna, y el verano ha sido especialmente duro para unas madres para las que las preocupaciones en torno a la conciliación no son nuevas. «Al final tienes que desvivirte para ver cómo mantener tu trabajo y poder estar presente. Ahora se unía que ellos no podían cubrir sus necesidades en ningún sitio, por lo todavía ha sido más complicado no solo para nuestros hijos sino también para nosotras porque ya no sabíamos qué hacer», señala Maria Pilar F.
La falta de oportunidades para ellos es también otro handicap al que han tenido que hacer frente y que desde siempre resulta todavía más grande al vivir en el medio rural. Las madres llevaban meses denunciando un problema que resultaba «todavía más grave si se tenía en cuenta que no existen más centros en la zona aparte de este para enviar a sus hijos». Aunque su queja también iba más allá, ya que ellos «tampoco han encajado nunca» en muchas otras cuestiones que se dan en el territorio. «Es indignante porque a diferencia de los padres y madres con hijos sin discapacidad nosotros no tenemos la opción de enviar a los nuestros a ninguna actividad o campamento de la zona porque ni siquiera se contempla que ellos puedan disfrutar de este tipo de actividades», lamenta Sandra A. Su unión durante todo este tiempo parece haber dado ahora sus frutos, aunque aseguran seguirán luchando para que esta demora no vuelva a repetirse, y, especialmente, para seguir reclamando una igualdad social para sus hijos.
