La subida de precios obliga a reajustar los proyectos pendientes de ejecución del Miner

El encarecimiento de las materias primas a consecuencia de la guerra en Ucrania ha obligado a reajustar los proyectos pendientes de ejecución del Miner 2013-2018, afectando a residencias de mayores, hoteles, polígonos industriales y centros de interpretación de municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza. Los costes se han encarecido «hasta un 40%», según los alcaldes consultados, dejando obsoletos los proyectos ya redactados. Los ayuntamientos están teniendo que modificarlos contra el reloj para acabar en plazo. Muchos han tenido que renunciar a parte de las obras -rebajando las previsiones de empleo-, apostar por calidades más económicas o incluso asumir parte de los sobrecostes con fondos propios.

Varias de las empresas adjudicatarias se han puesto ya en contacto con el vicepresidente aragonés y consejero de Industria, Arturo Aliaga, para advertir de que no pueden asumir los proyectos a estos precios, motivo por el que se está valorando «solicitar una revisión». El Ejecutivo busca ya una solución en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica, con el que está «en permanente contacto», según apuntaron desde Industria. El problema, no obstante, no parece de fácil solución. El propio Aliaga aseguró en el último pleno que el tema está sobre la mesa, no descartándose pedir más fondos a Madrid.

En Ariño, la ampliación del hotel-balneario iba a hacer que contase con más espacio para las cocinas, un comedor más amplio y más zona termal. El proyecto, aprobado en 2019 por 3,7 millones de euros, habría supuesto la creación de entre 25 y 27 puestos de trabajo, pero la subida de precios, de hasta un 30%, ha obligado a redefinir toda la obra. «Si la hubiésemos sacado a licitación habría quedado desierta, el desfase era brutal. El proyecto ha vuelto al arquitecto, y la única solución ha sido reducir obra», afirmó su alcalde, Joaquín Noé.

El planteamiento inicial ha tenido que reducirse en un millón de euros. «Priorizaremos las nuevas habitaciones, recortando, en principio, de la ampliación de la zona termal. Es un auténtico fastidio, ya que afecta directamente a la previsión de puestos de trabajo. El arquitecto está mirándolo todo. Una vez lo tengamos, lo pasaremos al Departamento de Minas para que dé su visto bueno y podamos sacarlo a licitación», comentó.

En Mequinenza, la construcción del centro de atención a personas mayores -obra que la localidad lleva arrastrando desde 2007- quedó desierta por el alza de los costes. Fuentes del Consistorio explicaron que se ha hecho una revisión de precios y que saldrá de nuevo a licitación «a la vuelta de la Semana Santa».

Para cuadrar todo se han hecho «modificaciones no esenciales» que afectan, principalmente, a la calidad de los acabados. Además, se ha incrementado el presupuesto un 7,5%, pasando de los 5,5 millones de euros hasta casi los seis.

En el caso de Andorra, el colector de aguas será de otro material, y la renovación del alumbrado del casco urbano se hará «con otro tipo de bombillas», según detalló su alcalde, Antonio Amador. «Está siendo todo un desastre, y no solo con los Miner, sino con todas las construcciones en marcha. En el caso del centro de interpretación del poblado íbero, los trabajos se han encarecido entre un 20% y un 30%. De entrada, tendremos que asumir estos porcentajes con fondos propios», agregó.

Mientras, en Calanda se está intentando modificar la ejecución de una de las obras del Miner «para que no se pierda el dinero». «Con el presupuesto que había ninguna empresa quería asumirlas», indicó su máximo representante, Alberto Herrero. La localidad tenía pendientes varias mejoras en el polígono industrial La Fuensalada. El problema es que se ha encarecido todo, incluido el picado de piedra, clave para los aparcamientos y equipamientos públicos, que constituyen una de las actuaciones seleccionadas dentro del Miner 2013-2018.

Otro caso similar es el de Utrillas, que tiene dos de sus tres proyectos ya ejecutados. La modernización del polígono de Los Llanos estaba «casi a punto», en palabras de su alcalde, Joaquín Moreno, pero el asfaltado se ha encarecido un 40%. «Utilizaremos toda la partida subvencionada y el dinero que falte lo pondremos con fondos municipales», dijo.

Los ayuntamientos, ahogados por los plazos

El sobrecoste de las materias primas no es el único problema al que están haciendo frente los ayuntamientos con proyectos del Miner 2013-2018 por ejecutar. Los alcaldes dicen estar «ahogados» por los plazos, ya que todos estos proyectos tendrán que estar acabados antes de finales de 2023.

Para la residencia de Mequinenza, la fecha límite es septiembre de 2023, según confirmaron desde el Ayuntamiento, de ahí que en los nuevos pliegos, que saldrán a licitación la próxima semana, se mantengan «las condiciones del anterior» y se prime «a aquellas empresas que rebajen los plazos de ejecución».

En Ariño no entienden que el convenio no se firmase hasta 2021 tras años de retrasos y tenga como plazo de finalización 2023. «Tenemos que acabar antes de octubre y, por el momento, nadie se baja del burro, me parece una barbaridad. Hay que tener en cuenta todas las dificultades que hemos pasado, primero por la covid-19 y ahora, por la guerra. Somos ayuntamientos pequeños que, además, hemos tenido que hacer frente a la crisis de la minería, y no tenemos ni la infraestructura ni los técnicos necesarios para adelantar los plazos», detalló su alcalde, Joaquín Noé.

Los problemas venían arrastrándose desde hace meses, pero la invasión rusa ha terminado disparando aún más los precios y haciéndolos inasumibles.

El Plan Miner está financiado por el Gobierno central, a quien ahora miran todos los alcaldes. Los afectados piden «comprensión» al Ministerio para la Transición Ecológica y confían en que el reajuste de los proyectos no afecte a la obtención de fondos. Especialmente teniendo en cuenta que, hasta ahora, las obras tenían que ejecutarse «tal y como estaban contempladas en el proyecto inicial», como recordó el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

El Miner ha supuesto una inversión de alrededor de 418 millones de euros entre 1998 y 2018, cantidad con la que se ha buscado compensar la pérdida de empleo y actividad derivada de la descarbonización. No obstante, informes recientes, como el emitido en 2019 por la Cámara de Cuentas, revelaron que esta iniciativa no ha logrado este objetivo ni ha conseguido frenar la despoblación.