El Ayuntamiento de Calanda aprobó durante el pleno del pasado viernes una modificación de la ordenanza fiscal del agua, que sube la tarifa de 0,40 a 0,60 euros por metro cúbico para consumos superiores a los 12.500 metros cúbicos anuales.
La medida responde a la necesidad de ajustar el precio del servicio ante la posible llegada de grandes proyectos empresariales e industriales con un uso desproporcionado de agua. El Ayuntamiento llevó a cabo un estudio y ninguna empresa del municipio alcanza actualmente ese consumo. La modificación se aplica a futuro, pensando en proyectos futuros venideros.
El alcalde, Alberto Herrero, por su parte, defendió que el objetivo es evitar que el Ayuntamiento tenga que asumir un coste añadido por suministrar agua en condiciones especiales. «En algunas zonas del municipio hay que bombear agua con un coste energético importante. Lo que no podemos permitir es que eso lo paguen todos los vecinos», aclaró.
Desde la oposición, el portavoz del grupo socialista, José Ángel Galve, fue crítico con la medida. «El mensaje, al final, es otra subida de impuestos que hace el equipo de gobierno o subida de otra tasa municipal, una de tantas que han hecho desde que están ustedes gobernando el Ayuntamiento de Calanda». También puso en duda que esta decisión no afecte la llegada de nuevas inversiones al municipio. «Tampoco sé qué mensaje quiere dar a los grandes proyectos que quieran asentarse en el municipio, si se enteraran de que estamos subiéndoles las tasas sabiendo que van a venir», añadió el socialista.
Herrero respondió asegurando que «no se ha subido ni un céntimo a los vecinos ni a las empresas ya instaladas» y que la medida es necesaria para que el Ayuntamiento no incurra en déficit. «Los impuestos de los calandinos no tienen por qué asumir el coste del agua de una empresa que venga a consumir más de 12.500 metros cúbicos», recalcó. La modificación fue aprobada con 8 votos a favor y tres en contra del PSOE.
Otro de los temas que creó cierta tensión durante el pleno fue el de la modificación presupuestaria para destinar 96.700 euros adicionales al Instituto Municipal de Servicios Sociales, encargado de la residencia. El gasto se destinará a cubrir costes energéticos, además de suministros, seguros y trabajos con empresas externas. El equipo de gobierno argumentó que la partida responde, en parte, al arrastre de facturas del ejercicio anterior. El portavoz socialista expresó su preocupación por esta situación y apuntó que «el balance de la residencia fue negativo en 2024 y encima no se habían pagado las facturas de la luz». También denunció posibles retrasos en el pago a trabajadoras y proveedores.
Herrero negó esos retrasos y defendió que la situación financiera actual permite afrontar estos pagos gracias a un remanente de tesorería que supera los 1,2 millones de euros. «Ahora no hay facturas en los cajones. Si hay que pagar, se paga. Y los pagos a proveedores se hacen en un plazo razonable, de unos 60 días», dijo. También aclaró que algunos impagos, como los vinculados a la empresa Monrabal, se deben a discrepancias de mandatos anteriores.
Otros puntos tratados
Además de la residencia, la modificación presupuestaria contempló una partida de 170.050 euros para cubrir necesidades del Ayuntamiento en distintos servicios. Entre ellas, destacan los 47.000 euros destinados al suministro de alumbrado público, 20.000 euros en retribuciones laborales, 11.000 euros para promoción del deporte y 8.000 euros para acciones de promoción turística.
El PSOE mostró dudas sobre algunas de las partidas incluidas, especialmente aquellas referidas a «seguridad y orden público», dado que actualmente Calanda no cuenta con policía municipal. También cuestionaron la necesidad de destinar fondos a pagos pendientes del año anterior cuando, según dijeron, el ejercicio se cerró con superávit. Herrero defendió que es normal que al final de cada año se realicen ajustes de este tipo. «Todas las modificaciones presupuestarias se hacen con criterios técnicos. Y si tenemos remanente es porque se ha gestionado bien», sostuvo.
El pleno también trató la resolución de varios contratos de arrendamiento de lomas municipales para el desarrollo del proyecto Catalina. Esta decisión afecta a medio centenar de arrendatarios calandinos que hasta ahora explotaban esas lomas para uso agrícola o ganadero. El grupo socialista solicitó al equipo de gobierno que se abra un nuevo proceso extraordinario para reasignar otras lomas municipales.
El alcalde aseguró que se buscarán acuerdos con quienes se vean afectados por la implantación de aerogeneradores o placas fotovoltaicas, y que no se actuará con expropiaciones forzosas.
como se nota la buena gestión!!!!