La senadora de la Agrupación de Electores Teruel Existe, Beatriz Martín, intervino en la comparecencia de la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, María Victoria Rosell Aguilar, para poner de manifiesto las peculiaridades de provincias como Teruel, Cuenca, Soria, al igual que otras de la España Vaciada, en lo que a la lucha para erradicar la violencia de género se refiere. Martín destacó que resulta «necesario aplicar medidas adaptadas al entorno, porque la situación personal y social de cada lugar sí que es diferente y necesita una actuación adaptada», y añadió que estas zonas deben dotarse de los recursos necesarios para enfrentar esta lacra.
La senadora puso en entredicho que exista información suficiente a disposición de las mujeres que sufran violencia de género, se encuentren en el punto del país en el que se encuentren. Aprovechando el ejemplo de Teruel, la senadora se refirió a la Carta de Servicios 2019-2022 del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, donde se recoge que la unidad de la violencia contra la mujer de la Subdelegación del Gobierno en la capital «no tiene servicio de atención directa a las víctimas, sino que se encarga de informar sobre los servicios existentes en la Comunidad Autónoma»; en este punto Martín quiso saber si es necesario denunciar para saber cómo se debe actuar y lanzó otra pregunta a la delegada del Gobierno: ¿Cómo podrían las víctimas conocer los recursos reales en su zona para sentirse protegidas?
También quiso hacer alusión a las medidas de protección, como el caso de los dispositivos de detección, que aseguran que se cumple la orden de alejamiento. Señaló que debería hacerse una inversión mayor para dotar de ellos a más víctimas ya que «es un sistema que ayuda a hacerles sentir más seguras y con menos coste que tener a personal de los cuerpos de seguridad del estado vigilando que no se acerque el agresor».
Así mismo, hizo hincapié en que las medidas de protección no deberían centrar la responsabilidad en la víctima como ocurre con ciertos dispositivos que se entregan a las mujeres que sufren violencia de género para que puedan grabar el momento de la agresión, sino en actuar sobre el agresor.
En relación a esto último la senadora también quiso referirse a la educación en igualdad y la necesaria formación de los cuerpos judiciales y policiales, especialmente la Guardia Civil que es la que está destinada y debe actuar en las zonas rurales. «Cómo atender a la víctima, y cómo acompañar en el proceso, no puede ser formación voluntaria, ha de ser obligatoria y continuada», declaró.
Por otra parte, Martín se mostró de acuerdo con Rosell al afirmar que la violencia de género es un delito público, no individual y es necesario que toda la sociedad «actúe en consecuencia y se conciencie de un problema que no consiste solo en violencia física o incluso en la muerte, sino también violencia sexual y mucho más». La senadora concluyó que, sin educación y concienciación de la sociedad y las Administraciones, no importa el dinero que se invierta en la materia, se seguirán dando situaciones de violencia «tal y como seguimos comprobando», zanjó.
Rosell: «Las realidades de las grandes ciudades y de las zonas rurales son distintas»
En su turno de respuesta, la delegada se mostró de acuerdo con Martín al señalar que las realidades (de las grandes ciudades y de las zonas rurales) «son distintas». Señaló que se está trabajando para conocerlas con mecanismos como por ejemplo el estudio sobre mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural que se elaboró en conjunto con la asociación FADEMUR en 2020.
La Delegada mencionó además la ampliación de atención a todo el territorio del 016, el número contra la violencia de género, algo que en su opinión «favorece a los territorios que tradicionalmente han dedicado o han podido dedicar menos recursos a este tema».
Así mismo, Rosell señaló que, tal y como había sostenido la senadora turolense, no debe ponerse el acento en vigilar a las víctimas, sino en abordar y solucionar el comportamiento del agresor.
Rosell señaló además que está «totalmente de acuerdo» respecto al tema de la formación del personal de fuerzas y cuerpos de seguridad y añadió que, efectivamente, tienen que depender de la Secretaría de Estado de la Seguridad. «Me parece esencial», apuntó y señaló que actualmente se está trabajando en un proyecto con la nueva directora de estudios jurídicos para formar al ministerio fiscal, y a todo el personal de la administración de justicia y de los institutos de medicina legal con perspectiva de género.
Martín pide que los fondos se dirijan también a entidades cercanas al territorio
Por su parte, Beatriz Martín, agradeció las menciones de la Delegada y añadió que Teruel Existe apuesta porque los fondos para luchar contra esta lacra puedan enfocarse no solo a ayuntamientos y comunidades autónomas, sino también a fundaciones y asociaciones que igualmente conozcan y trabajen con la realidad de los territorios donde operan.
