El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado la falta de transparencia en el proceso de información pública relativo a la solicitud del permiso de investigación «Maestrazgo», para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en varios municipios de la comarca, publicada en el BOA el pasado 5 de agosto. La resolución afecta a los términos municipales de Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Cantavieja y La Cañada de Benatanduz, e indirectamente puede afectar a todos los municipios limítrofes.
Joaquín Gargallo, miembro del grupo de energía de Teruel Existe, ha explicado que el procedimiento de información pública es «un trámite vacío» porque el enlace publicado en el BOA no contiene ningún documento técnico. «No hay planos, ni estudios, ni memorias. Estamos ante un proceso en el que no se ha expuesto ningún documento y los ciudadanos no tienen acceso a la información básica del expediente», ha denunciado. Ha insistido además en que es «el mayor proyecto de almacenamiento de CO2 del país y las 13.544 hectáreas de las cuadrículas afectadas en superficie no tienen una barrera definida en el subsuelo».
Gargallo ha precisado que desde Teruel Existe se pusieron en contacto con la Dirección General de Energía y Minas para tratar de entender esa «argucia» y, según la propia administración, la documentación ambiental solo se publicaría en caso de que se apreciara afección medioambiental, lo que genera desconfianza. «Ya sabemos que son capaces de decir que no existe afección ambiental en proyectos muy lesivos. Por eso preferimos presentar alegaciones ahora y también en el futuro, si se abre otro proceso», ha indicado.
Así, el representante del grupo de energía y concejal de Mosqueruela ha anunciado que desde Teruel Existe se han preparado alegaciones modelo a disposición de vecinos, asociaciones y municipios afectados o limítrofes, para presentar antes del 5 de octubre, junto con una moción que cada pleno municipal podrá debatir y aprobar si lo considera oportuno. «Queremos que sea muy fácil sumarse a la defensa del territorio: basta con revisar el documento y tramitarlo. Aquí no importa el color político, se trata de defender un territorio único y vulnerable», ha añadido.
Graves incumplimientos legales y riesgos ambientales
Por su parte, Jesús Villamón ha subrayado que la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de CO2 exige que, junto a la solicitud del permiso de investigación, se presente y exponga públicamente documentación fundamental como un plano de situación, un plan de investigación con el detalle de actuaciones y medios, un plan de restauración del espacio natural afectado, un estudio de impacto ambiental y un informe de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Sin embargo, ninguno de estos documentos ha sido publicado. «Sin estos documentos, el ciudadano difícilmente puede formular oposición. Ni siquiera se ha concretado dónde se van a realizar los sondeos. Además, existe una afección directa sobre una ZEPA y una ZEC, que exigiría un estudio previo de repercusiones que no se ha realizado», ha alertado Villamón.
Igualmente, ha insistido en que la propia ley, pese a ser poco concreta, establece etapas de recogida de datos geológicos, hidrológicos y sísmicos, así como la evaluación dinámica del almacenamiento y de los riesgos asociados. «Toda esta información debería estar en el expediente, pero lo único publicado son tres folios con unas coordenadas», ha recalcado.
Durante la rueda de prensa, Villamón ha lanzado una pregunta directa al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón: «¿Está el Gobierno de Aragón trabajando para los aragoneses o para las grandes compañías y fondos de inversión internacionales como Blackstone o multinacionales como Amazon Web Services?». Y ha añadido: «un proyecto de este tipo no solo debería de preocupar a los municipios afectados, sino que debería preocupar a toda la provincia y a toda la Comunidad.
Así, ha advertido de que este tipo de proyectos llegan a zonas poco pobladas porque allí se perciben como «fáciles de imponer». «Teruel se está convirtiendo en un territorio de sacrificio donde se concentran macroproyectos energéticos, macrogranjas, macro centrales de recuperación de biogás y biometano y centros de datos que consumen agua y recursos, pero que apenas generan empleo. Eso va en contra del modelo sostenible de agricultura y ganadería familiar que fija población».
Por último, ha lanzado una reflexión a los alcaldes y concejales de la Comarca del Maestrazgo: «Estoy seguro que ellos quieren a sus habitantes, a sus municipios y a su territorio, pero tenemos que abrir los ojos ante lo que está pasando, ante el centralismo de Madrid, con el PSOE en el Gobierno central, y el centralismo de Zaragoza, con el PP en el Gobierno de Aragón. Desde esas estancias ven a Teruel como territorio de sacrificio, una provincia muy extensa con muchísimos recursos y que, al estar despoblada, ven perfecta para meter con calzador los proyectos que las grandes ciudades rechazan por sus peligrosos e incómodos impactos. Tenemos que frenar esto».
El Movimiento ciudadano recordó que el plazo para presentar alegaciones finaliza el 5 de octubre, dos meses después de la publicación del BOA. Las alegaciones elaboradas por Teruel Existe están disponibles para ayuntamientos, asociaciones y particulares. «Animamos a todas las entidades y vecinos a que aleguen y protesten, porque debemos hacernos escuchar tanto en Zaragoza como en Madrid. Solo así podremos frenar este proyecto y defender el futuro del Maestrazgo y de toda la provincia de Teruel», han concluido.
CHA también pide explicaciones
CHA también ha pedido este viernes explicaciones a través de un comunicado a los medios. Los aragonesistas reiteran su oposición frontal al proyecto del macroalmacén. El Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha sido contundente: «No vamos a permitir que el Maestrazgo se convierta en un laboratorio de riesgos al servicio de las empresas energéticas. Este proyecto es una huida hacia adelante que prolonga el uso de combustibles fósiles y expone a nuestra tierra a peligros de fugas, movimientos sísmicos o contaminación de acuíferos».
En este contexto, Carbó ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que abandone las medias tintas y adopte una posición clara de rechazo. Como alternativa, CHA plantea abrir un proceso participativo para impulsar la creación de un Parque Natural en las sierras orientales de Teruel, una figura de protección inexistente en la provincia y que permitiría atraer fondos, fomentar el ecoturismo, preservar los valores ambientales y generar oportunidades ligadas a la gestión forestal y la conservación del paisaje.
«Frente a macroproyectos que hipotecan el territorio, defendemos un futuro basado en el respeto a nuestro patrimonio natural y en un desarrollo verdaderamente sostenible», ha concluido Carbó.
Teruel existe no para en su lucha contra la despoblación. El problema es que están consiguiendo todo lo contrario.
A ver cuándo surge una iniciativa que les parezca bien!!!