El Movimiento ciudadano Teruel Existe pide al Supremo reconsiderar la anulación de medidas cautelares al Clúster Maestrazgo. El portavoz del movimiento, Manolo Gimeno, ha trasladado este martes la preocupación existente por el posible comienzo de las obras de acceso para la realización del macroproyecto renovable.
Ha alertado de que «En estos momentos, el Clúster está en situación de peligro inminente porque pequeñas empresas de la zona han recibido información de actuaciones previas para que se pueda permitir el paso de maquinaria y de vehículos de transporte de los aerogeneradores, y solicitan presupuestos para realizarlas, diciéndoles que está previsto su inicio para enero de 2026, por lo que, si nada lo remedia, la empresa podría comenzar en estas fechas». Añaden que «en realidad, pueden hacerlo porque tienen la DIA ambiental positiva, la autorización administrativa y el Tribunal Supremo ha anulado las medidas cautelares que se solicitaron para proteger el medio natural del Maestrazgo».
Gimeno ha detallado todos los pasos que se han ido produciendo para la autorización de este proyecto y las demandas, denuncias y reclamaciones del Movimiento Ciudadano. Ha centrado la atención en las últimas informaciones que, a su entender, «han alterado toda esta historia» y que es «el registro de la UCO de la sede de Forestalia en Madrid y Zaragoza, y después en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el Ministerio de Hacienda». En relación con todo esto, ha añadido, «se han cruzado una serie de investigaciones que confluyen en el Clúster Maestrazgo, lo que nos sugiere que posiblemente nos encontremos ante una de las tramas más importantes de corrupción en España. Es una sospecha que teníamos, pero esto podría ser la punta del iceberg de mucho más».
El proceso judicial durará tiempo, «lo cual es desgraciadamente el problema que lo agrava, como estamos viendo en Castilla y León, que la sentencia ha salido tras 10 años de investigación. No podemos esperar 10 años en resolverse la investigación». Manolo Gimeno ha recordado el precedente del AVE entre Madrid - Cuenca - Valencia, cuando entre Motilla del Palancar y Valencia se denunció que la Declaración de Impacto Ambiental se había realizado sin estudio de avifauna. "Una sentencia lo declaró nulo de pleno derecho. A pesar del fallo, el Gobierno, como no quería paralizar las obras, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo (2009) y volvió a perder. Pero la infraestructura del AVE ya estaba finalizada y los trenes circulando por la vía. Es el mismo riesgo que tenemos aquí», ha dicho.
Piden que se agilice al máximo toda la investigación sobre el Clúster que permita aclarar si estamos ante una trama de corrupción, y que el Supremo reconsidere las medidas cautelares, cuando ocho días después de su decisión, aparecen actores distintos muy potentes que dicen que puede existir esa trama. «Ahora podríamos hablar ya no de un delito medioambiental sino de una posible trama de corrupción. Por eso solicitamos lo más razonable».
Ante esta situación, Gimeno, ha indicado que lo que ahora puede ocurrir es «que CIP siga adelante o que CIP acabe en un proceso que se llama ‘conducta de receptación’: que tú adquieras un bien o licencia pero existe un delito previo por parte de la empresa conseguidora. Habría que demostrarlo, pero es un riesgo muy importante para CIP».
Contacto con la embajada danesa
Gimeno ha denunciado además «la hipocresía de la empresa danesa CIP y del propio gobierno danés ante el ecocidio que se pretende cometer en el Maestrazgo». «La carga reputacional se la está llevando la empresa Forestalia, a nuestro juicio con razón, pero hay otro peligro mucho más serio, y mucho más urgente, que es que mientras nos despertamos cada día con una exclusiva nueva, la empresa CIP ya ha comenzado a activarse para empezar las obras en el Maestrazgo», ha reprochado.
Ha recordado que desde Teruel Existe «llevamos años clamando porque se nos haga caso. Ahora todo el mundo se sube al carro, pero hemos sido nosotros los que, además de presentar las correspondientes denuncias cuando hemos visto motivos para ello, nos hemos desplazado hasta Dinamarca para intentar negociar con la propia empresa CIP en su sede de Copenhague».
Ha desvelado que «hemos mantenido una intensa correspondencia con la embajada de Dinamarca en España, un país que hace del ecologismo su bandera», ante cuyos responsables «hemos denunciado que eso que predican para su país no lo cumplen en el nuestro». Ha detallado que «hemos escrito hasta cinco cartas pidiendo que sean conscientes del ecocidio que se quiere cometer sobre el Maestrazgo, y hemos llegado a reunirnos con el agregado de negocios de la embajada danesa en España». Ha asegurado por ello que «tanto la embajada danesa como CIP conocen la situación tras las acciones de Teruel Existe» por lo que ha declarado que «desde aquí queremos hacer un llamamiento al pueblo danés para que sea consciente de lo que una de sus grandes empresas pretende hacer en territorio aragonés».
