Teruel Existe presenta alegaciones contra la línea eléctrica y el Clúster Begues que discurriría por el norte de la provincia

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado alegaciones al macroproyecto energético denominado Clúster Begues, de Forestalia, cuya Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental concluye su fase de información pública esta semana.

El proyecto está compuesto por 4 centrales eólicas y una central fotovoltaica, ubicadas en la zona norte de Teruel, que afectará a muchos municipios de la provincia. La intención de los promotores del proyecto es llevar la energía desde el norte de la provincia de Teruel hasta Barcelona, a la subestación de Begues (Baix Llobregat), para ello se incluye una nueva línea de alta tensión de 300 kilómetros, que cruzará las provincias de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona, a la que Teruel Existe ha informado que «van a añadir nuevos clústers con el denominado Proyecto Sputnik».

Según detalla el proyecto la infraestructura estaría vinculada con los parques eólicos El Pelado en Allueva, Bea, Calamocha y Fonfría (Teruel), Honos en Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños y Maicas (Teruel), Lera  en Salcedillo, Allueva y Fonfría (Teruel) y San Vicente en Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Teruel), y el Parque solar fotovoltaico Jaime I, en Lechón (Zaragoza) y Cucalón (Teruel).

Desde el Movimiento ciudadano han insistido en que la energía debería producirse cerca de los principales puntos de consumo y que la provincia está sufriendo una «saturación invasiva de instalaciones de centrales de energías renovables transformando su territorio, cayendo en los errores del pasado al permitir otro proceso de colonización extractiva que pone los territorios de la España Vaciada al servicio de las zonas más pobladas, con fines puramente lucrativos e incontrolados», ha lamentado.

En las alegaciones presentadas Teruel Existe ha incidido en que este conjunto de centrales eólicas, plantas fotovoltaicas e infraestructuras de evacuación constituye un Plan, y no un proyecto, por lo que consideran que debe ser evaluado ambientalmente como un Plan y someterse a Evaluación Ambiental Estratégica.

Sobre el estudio de impacto ambiental, han considerado que está fragmentado en tres partes diferentes, pero dado que se presenta como un proyecto, debería plantear un solo estudio.  En las alegaciones han resaltado que apenas se han realizado observaciones de campo sobre la fauna y faltan evaluaciones ambientales de las repercusiones sobre determinadas especies protegidas. Además, la línea de evacuación atraviesa doce zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), algunas en peligro de extinción: «se arrasan hábitats de interés prioritario protegidos por la Directiva Europea de Hábitats, y en el caso de algunas de las alternativas planteadas, muchas están ambientalmente prohibidas».

Asimismo han afirmado que «la valoración de empleo que presentan en los proyectos no se atiene a la realidad, en función de los estudios realizados en comarcas donde ya están implantadas estas centrales, así como tampoco lo harían los supuestos beneficios económicos para el terreno». Y en cuanto a los datos de población, han puesto el ejemplo de la Comarca Campo de Belchite,  donde se ha seguido perdiendo población a pesar de contar con estas instalaciones.

Teruel Existe ha argumentado  que el procedimiento de información pública contempla un plazo excesivamente corto para consultar una documentación tan amplia, unos 7000 folios, y que no haya existido participación ciudadana en la elaboración de los proyectos. A su vez, han criticado que la publicación se  haya llevado a cabo en el mes de agosto, «un periodo en el que los ayuntamientos de muchos de nuestros pueblos se encuentran bajo mínimos, con vacaciones de sus secretarios y técnicos, e incluso de los propios vecinos, propietarios afectados directamente por este proyecto».

El Movimiento turolense ha lamentado «la inacción de las instituciones aragonesas», en alusión al contraste de la defensa del territorio que se está haciendo en la parte catalana, donde ayuntamientos y comarcas afectados anunciaban la presentación conjunta de alegaciones, y la Diputación de Tarragona ha redactado un informe jurídico y se opone públicamente a la construcción de la línea de alta tensión.