Los tres comités provinciales del Transporte Sanitario en Aragón han registrado este viernes ante la Fiscalía de la Audiencia de Zaragoza una denuncia por los servicios de emergencias suspendidos en los últimos meses, en la que solicitan que se depuren responsabilidades por «dejación de funciones» de la empresa contratista, la UTE formada por Acciona y Ambunova, así como por «la falta de fiscalización» por parte de «la autoridad sanitaria».
«El último paso ha sido presentar este problema ante la Fiscalía porque no vemos que nos quede otro camino. Previamente hemos hablado con la patronal, el 061 y el Salud, pero ya no vemos otra salida para que se tomen medidas y no haya ningún servicio sin cubrir», ha explicado David Alejos, presidente del Comité de Teruel.
Reclaman que todas las ambulancias estén cubiertas con todo su personal y pueda estar activa para realizar su servicio. «Como trabajadores y usuarios no vemos bien que alguna comarca se quede sin médico en una UVI móvil, sin personal en una de Soporte Vital Básico o que haya anulación de servicios por falta de trabajadores, porque no nos lo merecemos ni como aragoneses ni como usuarios del Servicio Aragonés de Salud», ha denunciado Alejos.
Los denunciantes han relatado en el escrito presentado ante la Audiencia que en los últimos meses «se han dejado de cubrir puestos de trabajo estructurales» para el servicio del transporte sanitario de urgencias y emergencias -por vacaciones, bajas y otras causas-, lo que ha supuesto dejar de prestar un servicio sanitario «básico y esencial» poniendo en riesgo «la atención vital de los ciudadanos aragoneses».
En concreto, han enumerado que han dejado de prestar servicios de «Unidades de Soporte Vital Avanzado SVA, en sus dos vertientes, Unidades Médicas de Emergencias UMEs, y Unidades de Vigilancia intensiva UVIs», ante pacientes que precisan de atención de urgencia como «infartos, ictus, accidentes de tráfico o laborales, o el traslado de pacientes graves a hospitales de mayor entidad asistencial como pueden ser incubadoras neonatales, neurocirugía, o quemados».
Los denunciantes han presentado los listados completos de los servicios desactivados, en los que han destacado que, desde el mes de diciembre del 2021 hasta la entrada del 2022, «han dejado de trabajar de forma total o parcial en Aragón 44 de las 88 diferentes ambulancias urgentes», lo que supone que «un 50% del total de dotaciones han sido afectadas de una forma u otra».
Ahora la Fiscalía hará una investigación para determinar si ha habido incumplimiento de contrato por parte de la empresa adjudicataria con el 061. Y en caso de que así sea se deberá depurar responsabilidades.
