El pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves por unanimidad pedir al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -lo anteriormente conocido como zona catastrófica-. El PSOE presentó esta necesidad en una proposición no de ley con actualizaciones respecto a la que ya presentó a comienzos de julio. En la primera solo hacía referencia a los episodios sufridos en cosechas e infraestructuras agroganaderas en las áreas de Pina, Mequinenza y Bajo Aragón Caspe de finales de junio. La presentada este jueves en el pleno incluía las enmiendas del PP y «autoenmiendas» del propio PSOE, ya que «han pasado muchas cosas desde entonces en más localidades».
De hecho, desde el pasado jueves cuando, debido a la turbidez, se decretó la no potabilidad del agua de boca, los nueve pueblos que beben del pantano de Oliete siguen con «agua no apta para consumo humano». Son Oliete, Ariño, Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, Híjar, La Puebla de Híjar, Jatiel, Samper de Calanda y Castelnou. Ariño y Albalate registraron, además diversos daños en infraestructuras y particulares.
Desde el PSOE defendieron este jueves que, «además de las diputaciones que ya han anunciado medidas, creemos que tanto la administración autonómica como la central deben poner las suyas», dijo el portavoz, Daniel Alastuey. Desde el PP, destacaron que este verano Aragón ha sido escenario de fenómenos climáticos que han dejado una profunda huella, por lo que, «esta proposición no es únicamente un trámite, sino un acto de justicia y responsabilidad», dijo el portavoz, Antonio Romero, que incluyó a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en la ecuación. «Contra estos fenómenos no podemos luchar, pero la figura de la CHE es clave para la gestión de los cauces con una conservación y limpieza que son fundamentales para prevenir», dijo. Rompió una lanza por Agroseguro, «que esta vez y esperemos que sea así siempre, han sido rápidos y los afectados de junio han cobrado todos o la mayoría».
Desde el PAR, Alberto Izquierdo, alegó que «en muchas zonas se necesita mucha inversión para recuperarse», e instó a la colaboración entre las diputaciones y el resto de administraciones «para que ningún particular se vea en una situación que no quiere».
Frente común hubo entre los intervinientes al coincidir en que estos hechos «cada vez suceden más». Álvaro Sanz, desde IU, instó a plantear un debate a fondo y buscar herramientas: «ahora vamos a votar a favor porque hay que ayudar a particulares y pueblos pequeños, es lo que toca hoy». Para Joaquín Moreno, de Teruel Existe, «es importante que no nos acostumbremos a estos episodios porque no so puntuales, se dan cada año y cada vez causan más daño», dijo. «Además de la CHE, añadiría a la Confederación del Júcar, que también nos afecta», apuntó. Mismo sentir en CHA, donde Joaquín Palacín, destacó los daños prolongados como las pérdidas económicas cuando son cierres de fronteras como en Huesca. El frente común lo rompió Vox, que aunque votaron a favor porque «es un compromiso necesario de las administraciones para atender los episodios de este verano», negaron que nada tenga que ver con el cambio climático. Según su portavoz, Santiago Morón, «siempre ha habido DANAs pero se llamaban temporales».
