Eugenio Domínguez Collado es por el momento el más alto ex cargo de la Administración estatal investigado por la trama medioambiental que habría adjudicado concesiones al gigante de la energía renovable, Forestalia, en distintos puntos de España a cambio de presuntos beneficios económicos. Entre esos lugares, la provincia de Teruel y su mayor pulmón verde, el Maestrazgo.
Hay que recordar que el Consejo de Ministros del Gobierno de España (PSOE y Sumar, en coalición) aprobó el proyecto del Clúster del Maestrazgo el 23 de julio de 2024. Lo hizo al haberlo agilizado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la entonces titular Teresa Ribera, y eso a pesar de tener informes contrarios entre otros de la Comunidad Valenciana, que alertaban del gran impacto medioambiental que tendría el proyecto y desaconsejaban que la construcción se llevase a cabo. Un Consejo de Ministros dividido autorizó el Clúster. En el departamento de Ribera, según la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil, Forestalia contaba con su mayor aval: el propio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental, y el encargado de dar luz verde o roja a los proyectos. En el caso de los de Forestalia, abría el cajón de los 'síes' y autorizaba casi todos. Algunas veces de forma apresurada o incluso llamativa para sus compañeros. La Ucoma revela que al menos 14 testimonios de funcionarios estatales explican la irregularidad del modo de hacer de Domínguez.
Órdenes para eliminar lo que perjudicase a Forestalia
Llegaba a llevarse expedientes de Forestalia y asumirlos él personalmente aun cuando no le correspondiesen; al menos tres funcionarios explican que entraba por las oficinas de Forestalia como por su casa y en el caso del Maestrazgo resaltan que dio órdenes a un funcionario de cambiar los informes de las dos plantas fotovoltaicas planificadas en la localidad de Puertomingalvo (expedientes Masía I y Masía II) de negativo a favorable de un plumazo. Este empleado estatal, presionado, recibió también directrices para "eliminar contenidos del informe que perjudicaban la viabilidad del proyecto". Estas cien hectáreas afectadas en el Mas de Cebrián son las que la Ucoma sugiere al juez ponga en vereda y suspenda los proyectos hasta que avancen las pesquisas. Son dos proyectos para instalar plantas solares, que no atañen a los 20 grandes parques eólicos con aerogeneradores vendidos por Forestalia a un suelo danés y que se construirían en suelo Natura del Maestrazgo. En este caso, según la Benemérita, "se eleva la gravedad de una posible manipulación del resultado a favorable" y, además, el propio Domínguez se habría erigido en el responsable absoluto de la evaluación medioambiental del Clúster.
El técnico del Miteco que lo había cogido en primer lugar ya consideraba que el expediente era muy complejo y contaba con notables dificultades técnicas. Pero Domínguez autorizó, el Miteco lo elevó en Moncloa y se bendijo la operación. Forestalia fue el promotor de esta operación -que fue supervisada además por técnicos de la empresa pública Tragsatec-, como en otras en el Matarraña de las que también sospecha la Guardia Civil. No obstante, Forestalia se deshizo del Clúster vendiéndolo mediante un acuerdo confidencial y suscrito bajo notario al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en un inicio en noviembre de 2020, pero el traspaso final y las autorizaciones definitivas se consolidaron entre los años 2023 y 2024. El proyecto alcanzó un valor de unos 500 millones de euros.
