La envergadura que puede alcanzar el caso Forestalia todavía no se conoce realmente, salvo en un lugar. El Tribunal de Instrucción número 1 de Teruel. Y estamos aún en el origen de la investigación, que atraviesa en lo político a varias formaciones. El juez Juan José Cortés Hidalgo dirige una instrucción que cuenta ya con casi 500.000 folios, varias partes separadas y subsumidas en la misma causa tras dos denuncias efectuadas en 2023 y 2024. El levantamiento del secreto de actuaciones que adoptó el pasado jueves y que, según las partes personadas como Teruel Existe y Vox, aún no están disponibles en sus gabinetes jurídicos (aún estamos en el margen de las 48 horas hábiles para que eso ocurra), deja a la luz una parte de la instrucción de más de 1.300 folios, pero la inmensidad de las pruebas y documentos que está facilitando la Ucoma al juez hacen presagiar que el volumen del sumario podría llegar a ser mastodóntico. El magistrado tiene además pendiente de resolución varias peticiones de adhesión a las denuncias, por ejemplo, de la asociación Paisajes de Teruel.
Hasta tal punto son las dimensiones de la causa que el juez Cortés Hidalgo acaba de preguntar su opinión a las partes sobre una cuestión clara: el ámbito competencial de la misma. El togado cree que excede lo turolense, incluso lo aragonés, y que podría ser un juzgado de Madrid quien asumiese la causa, tras él inhibirse. Los presuntos delitos investigados en la gestión de ciertos expedientes medioambientales para favorecer a Forestalia se habrían cometido, en su raíz oficial, en Madrid y Zaragoza. Es decir, es en ambas ciudades donde se encuentran los organismos en los que al parecer se emitieron las resoluciones ambientales presuntamente "amañadas" a favor de la empresa de Fernando Samper y que son ahora objeto de las investigaciones de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) también por haber beneficiado de esos contratos a ex altos cargos como Alfredo Boné y Emilio Domínguez. Hablamos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la propia Forestalia, radicada en Zaragoza y con sede en Madrid, y también el Inaga, el órgano dependiente del Gobierno de Aragón encargado de las evaluaciones ambientales y cuyo aprovechamiento de los contratos de Forestalia está también bajo investigación.
Decisión inminente: paralizar los proyectos del Maestrazgo
En el origen de las pesquisas todavía y con la instrucción de las diligencias previas de 2024, falta un minucioso informe pericial de la Ucoma sobre los parques eólicos del Clúster del Maestrazgo, que añadir a la causa, correspondiente en este caso al ámbito de la provincia de Teruel. La Guardia Civil ha sugerido al juez que por el momento paralice los proyectos eólicos que Forestalia vendió para su explotación al fondo danés CIP, mientras partidos políticos como Vox y Teruel Existe están demandando, además, que se adhieran a la causa la suspensión cautelar de todos los proyectos adjudicados tanto en el Matarraña como en la sierra de Albarracín y que tienen el sello del 'modus operandi' con el que actuaba -siempre presuntamente- Forestalia para lucrarse. Esa decisión se espera sea inminente por parte del magistrado.
Esperemos que haya justicia lo antes posible y tidos los que se quedan dinero ilegalmente vayan a la carcel. Tambien, que todas las mentes confundidas y engañadas, vuelvan al sentido comun y dejen de comportarse de forma poco ética con los vecinos que estan en contra de estos proyevtos