Los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) del territorio piden aumentar el número de cuadrillas después de un verano en el que, por lo general, ha vuelto a faltar personal y los equipos han trabajado «de forma ajustadísima». Además, alertan de que en los próximos tres años un 25% de la plantilla actual se jubilará, lo que se traduce en unos 82 agentes menos.
Afortunadamente, y pese al calor extremo que este verano incluso obligó a decretar por primera vez la alerta Rojo-Plus en toda la Comunidad, el Bajo Aragón Histórico no ha sufrido grandes incendios. No obstante, si esto hubiese ocurrido, los forestales defienden que «no se hubiese llegado», y que se hubiesen tenido que pedir refuerzos fuera de la provincia de Teruel. «Trabajamos en unas comarcas en las que hay muchísimas zonas declaras de alto riesgo de incendio forestal. Ampliar efectivos para poder llegar es más que necesario», afirman.
El colectivo profesional señala que esta es una problemática que lleva viviendo desde hace años, y frente a la que hay que actuar «ya, mucho antes de que nos tengamos que tropezar con la realidad». «Lo que está ocurriendo en León nos puede pasar perfectamente a nosotros, por muy buen operativo que tengamos. Lo que ocurre es que hasta que no haya una desgracia similar y el problema esté encima no pensamos en poner soluciones», denuncia José Matute, presidente de los Agentes para la Protección de la Naturaleza de Aragón, que a su vez señala que actualmente se trabaja con un número inferior de APNS que hace 40 años. «Cuando se nos transcribieron las competencias desde el Estado en 1984 estábamos 405 agentes. Hoy estamos 360».
Con el final de agosto, el riesgo ante posibles fuegos irá disminuyendo cada semana, aunque todavía «no hay que cantar victoria». De hecho, está previsto que este mismo mes el Gobierno de Aragón empiece a revisar sus planes de atención de emergencias. La decisión se acordó a raíz de esa ola de incendios que está afectando al noroeste de España, la peor en 30 años. Con ella se busca reforzar tanto las herramientas de prevención como operativas, tal y como anunció recientemente el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en una comparecencia junto al director general de Protección Civil, Miguel Ángel Clavero.
Preocupación ante el estrés hídrico
En esta posible mejora, reforzar las plantillas, los medios y la formación especializada resulta vital para los APNS frente a unos incendios que son cada vez más agresivos. A los profesionales les preocupa especialmente el estrés hídrico que está sufriendo el territorio. La vegetación está tan carente hídricamente que facilita que los fuegos ardan y se expandan mucho más rápido, lo que a su vez incrementa la posibilidad de que un rayo desate un incendio.
De hecho, la mayoría de los que se han producido este verano fueron causados precisamente por este fenómeno. «El incendio de Berge, por ejemplo, fue causado por un rayo que cayó el domingo. Se desató tres días después, quemando 42 hectáreas», añade Matute.
La falta de lluvias, las altas temperaturas, o el aumento de las explotaciones intensivas y de los diferentes usos de los campos son otros de los factores que favorecen la posibilidad de que se desaten incendios. Frente a ello, piden «más concienciación social» y que la administración les ampare. «Hay mucha más maquinaria trabajando, y más grande, que hace años. Eso es un riesgo. También se está produciendo un mayor uso turístico de los campos por las personas», concreta Matute.
Los APN creen que estos próximos meses deben servir para comenzar a trabajar en ese aumento de cuadrillas para que el modelo aragonés- el cual ha sido elogiado públicamente durante estas semanas después del apoyo realizado en el norte del país- pueda mantenerse. Su trabajo no disminuye a lo largo del otoño y el invierno, cuando realizan labores «vitales» para frenar los incendios que pueden producirse cuando las temperaturas vuelven a aumentar. Cabe remarcar que los agentes realizan otras tantas labores «desconocidas» para la población, dedicadas a la biodiversidad, gestión de montes, caza, pesca, agricultura, o ganadería, entre otras tantas, como el ejercer de policías judiciales.
«Tenemos unos equipos que trabajan muy ligados al monte durante todo el año. A diferencia de otras zonas, apenas estamos en parques o centros de trabajo, sino que nos centramos mucho en el terreno, desbrozando, haciendo cortafuegos, planificando perímetros de protección…», explican otras fuentes del gremio. «No solo necesitamos tener efectivos cubiertos, sino incrementar ese número de cuadrillas para trabajar mejor. Lo ideal sería alcanzar un mínimo de las que había en los años 80», añaden.
Situación de las comarcas
A día de hoy, la mayoría de las comarcas han conseguido estabilizar su plantilla, aunque en el verano se ha trabajado con bajas de por medio, y «muchos» días de guardia. Denuncian que la administración ha ido convocando plazas, pero con «mucha parsimonia». «Hemos tenido suerte de que en todos los conatos se ha podido intervenir rápidamente. También influye el hecho de que ha habido pocas tormentas, y que el comportamiento de la población ha sido este año muy bueno, con muy pocas negligencias. Pero no deja de ser eso, una suerte», afirman.
La zona que se encuentra en peor situación es la del Bajo Aragón-Caspe, donde ya en pleno julio llegaron a quedarse con solo 6 de los 10 agentes que deberían tener en plantilla. Ahora están 8. En el Bajo Aragón y Matarraña, una de las zonas más boscosas del territorio y donde se han producido la mayoría de los incendios de este verano, se cuenta con 13 agentes. Deberían ser 14, pero esperan que esa última plaza pueda cubrirse con una convocatoria que se abrió este pasado fin de semana.
En Maestrazgo, por su parte, están 9 de 10 efectivos; mientras que en Andorra-Sierra de Arcos Bajo Martín, con 7, y Cuencas Mineras, con 8, todas las plazas están cubiertas. En este sentido, cabe remarcar que en la última convocatoria abierta de oposiciones, el tercer proceso con más solicitudes fue el de agente para la protección de la naturaleza, con un total de 1.178.
25% de jubilaciones
Pese a la mejora actual, en el sector preocupa el futuro incremento de jubilaciones que se espera en el gremio para los próximos tres años a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de agentes forestales y medioambientales aprobada el año pasado. Actualmente, el grupo profesional está trabajando con el Gobierno de Aragón para legislar sobre esa una ley básica de APNS en la Comunidad y en la que se incluirá una reducción de la edad de jubilación por la peligrosidad de los trabajos y la exposición a riesgos que deben afrontar. Piden trabajar ya mirando al próximo año.
«Los nuevos agentes que tengan experiencia porque ya han sido interinos podrán entrar habilitados para trabajar en incendios, pero si alguno no la tiene tendrá que pasar el proceso de habilitación. Y eso implica una serie de jornadas de prácticas, un mínimo de 10, y que tienen que realizar supervisados por otro veterano», señalan fuentes del gremio.
Además, los APN también denuncian tener que realizar guardias bajo un decreto que se mantiene desde 2001, y que no regula las guardias ni tampoco facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. «Este mes de agosto he tenido 20 guardias de 24 horas. No puedes no estar localizable. Este trabajo es muy enriquecedor y vocacional, pero la conciliación también es vital», especifica el presidente de los APN.
Medios insuficientes
Otra de las reivindicaciones del sector es la renovación de unos medios que «siguen resultando insuficientes». Denuncian, por ejemplo, que llevan vehículos con más de 400.000 kilómetros. «Tenemos medios mucho peores que la UME, cuando somos los que estamos a pie de fuego, y poniendo nuestra vida en peligro», concretan.
Igualmente reclaman más formación especializada después de haber trabajo en DANAS, otra de las catástrofes cada vez más frecuentes. «No hace falta que vivamos catástrofes para buscar soluciones o mejoras. Hay que actuar antes».
Revisión planes de emergencia
En lo que respecta a las posibles mejoras de los planes de emergencia, DGA tiene como prioridades la incorporación de drones, maquinaria de extinción y puestos de mando avanzados de última generación, así como planes de autoprotección de los ayuntamientos y comarcas para atender emergencias. Además, no se descarta recurrir al renting para hacerse con nuevos equipos, como vehículos autobombas.
El consejero de Hacienda también subrayó la necesidad de trabajar en la mejora de la coordinación con el centro de emergencias, la creación de más helipuertos 24 horas tanto con fines sanitarios como con fines de extinción de incendios y el consorcio de bomberos, que debe estar en marcha a finales de año y que, en principio, integrará a los cuerpos de las tres diputaciones, tal y como se explicó en rueda de prensa.
El Gobierno de Aragón también llamó a la precaución en el mes y medio que queda de campaña de incendios. «Aún no ha terminado y aunque han bajado las temperaturas y el riesgo ha descendido, no podemos bajar la guardia hasta que no entren las primeras lluvias de otoño. Nuestro operativo va a seguir», recalcó Miguel Ángel Clavero.
Los APN, por su parte, consideran que lo importante de los planes de emergencia es «ejecutarlos», así como el impulso de una gestión forestal ordenada, la cual demuestra que puede reducir el riesgo de incendios.
Es posible que otros ciudadan@s alcancen la edad para iniciarse en la tarea si está bien pagada y reconocida.