Gran expectación de cara a la aprobación de las anunciadas ayudas al funcionamiento de hasta el 20% de los costes laborales para las provincias Soria, Cuenca y Teruel, y sobre todo "dudas" en cuanto al impacto real que tendrán en el tejido empresarial local. En un encuentro mantenido este lunes los agentes sociales y económicos turolenses manifestaron sus "serias dudas" sobre el alcance de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno la pasada semana y ratificadas este mismo lunes en Soria por la Ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien aseguró que tendrán un carácter "retroactivo" y no tendrán "límite temporal". A pesar de que los agentes económicos esperaban la aprobación del Decreto en el Consejo de Ministros de este martes, finalmente esta no se ha producido.
CECE, CEPYME, Cámara de Comercio de Teruel, CC.OO y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel reivindican que estas medidas deberán ser "determinantes" para el proceso de lucha contra la despoblación que en mayor medida sufre la provincia de Teruel y consideran que hay una "gran incertidumbre" sobre el impacto real que lo anunciado puede tener en las empresas y en los trabajadores, sobre todo porque la directriz permite hasta un 20% sobre los costes laborales. "A expensas de conocer con detalle su contenido y su impacto anunciamos que en caso de ser insuficientes, se planteará un proceso de movilizaciones o acciones reivindicativas", avisaron.
A este respecto desde la Cámara de Comercio de Teruel, su presidente Antonio Santa Isabel, manifestó "su preocupación" a falta de ver la Ley encima de la mesa, y teme que un gran número de empresas de la provincia se queden fuera. Santa Isabel proporcionó datos concretos: de las 9.400 empresas de la provincia de Teruel unas 2.640 se sitúan en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. "De esas 2.600 tenemos que ver cuántas son autónomas o cuantas son empresas de un único trabajador", destacó.
También está por conocer en qué sectores se contemplan las bonificaciones, lo que determinará su impacto real. Casi todas las empresas que se encuentran en el medio rural son de agricultura o de trasformación por lo que la ley necesariamente tendría que atender a esta realidad, defendió Santa Isabel. "Necesitamos saber cuáles son las normas y la reglas del juego para saber si estamos en la línea acertada o no. Tenemos que tener cautela, pero es cierto que si realmente no se cumplen las expectativas que hemos puesto en este anuncio tomaremos medidas", incidió el presidente de la Cámara.
A la espera de la letra pequeña del Decreto está también la patronal quien a su vez teme que las bonificaciones no cumplan las expectativas. "Creemos que esa bonificación del 20% se debe aplicar en todos los sitios", defendió su portavoz Juan Carlos Escuder. Desde CC.OO su secretaria general en la provincia de Teruel, Pilar Buj, llamó a la movilización si finalmente no se amplían las ayudas. "De ser así los agentes económicos y sociales estamos dispuestos a emprender las movilizaciones necesarias", defendiendo que el territorio necesita las ayudas para salir de la situación de desequilibrio territorial. Opinión compartida desde la Federación de Asociaciones Vecinales, cuyo presidente Pedro Polo definió como "insuficiente" lo hasta ahora anunciado, a falta de conocer desarrollo de la norma. "Creemos que deberíamos pedir que se acercase a ese 20% que es lo que la Comisión Europea puede permitir, hasta ese máximo", explicó.
Ribera: Carácter "retroactivo e ilimitado"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció este lunes en Soria que las bonificaciones tendrán "carácter retroactivo" y "carecen de fecha de finalización". Ribera ratificó que las ayudas van a aplicarse a los contratos indefinidos que ya existen desde el 1 de enero de 2022. "En principio no cuentan con una limitación temporal porque queremos ensayar, consolidar, ver qué significan y cómo funcionan", enfatizó. Aseguró además que se va a discriminar positivamente a los pequeños ayuntamientos y la generación del nuevo empleo, por que lo contarán con un porcentaje de cobertura diferente. Desde el Ministerio de Inclusión se van perfilando las características técnicas de las ayudas pero en principio están planteadas con "carácter indefinido", con el objetivo de "generar y consolidar nuevo empleo".
En cuanto a la limitación por población y tamaño de empresas y su aplicación a pymes y autónomos, Ribera aseguró que estos últimos se beneficiarán de las medidas. "Esto cubre los puestos de trabajo que puedan crear autónomos en su entorno y puede ser completado con otras medidas de apoyo y acompañamiento asociadas a iniciativas del Estado o de las Comunidades Autónomas", concretó.
Tal como lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propuesta de la que se parte se basa en la reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial; la reducción del 15% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en los nuevos contratos indefinidos registrados en el ámbito provincial; y la reducción del 20% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en los nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes y cuya sede social y fiscal se residéncien en dicha localización.
El Partido Popular pide "rectificar"
Desde el Partido Popular de Teruel consideran que el impacto de las ayudas a las empresas "va a ser muy limitado por su manera de aplicarse". Ha reclamado este martes al Gobierno central "una rectificación" y que estás ayudas «sirvan realmente para fijar y crear empleo en la provincia». El presidente provincial, Joaquín Juste, ha solicitado que la medida fiscal se aplique a todos los tipos de contrato y que su cálculo se aplique sobre la masa salarial total.
Juste ha hecho alusión a un informe encargado por los ejecutivos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha, en el que apuntaban a que la fórmula más beneficiosa para su aplicación es el 20% de la masa salarial total, que luego sería reducido de las contigencias comunes. No aplicar el porcentaje a las citadas contingencias porque suponen una cuantía "muy inferior". "Un trabajador con una masa salarial de 2.900 euros aproximadamente, si se aplicara una bonificación del 20% a la cuantía total, supondría una cifra de 580 euros al mes. Por el contrario, con la fórmula establecida por el Gobierno, la ayuda solo asciende a 26 euros".
El máximo responsable de los «populares» en la provincia también ha solicitado que las ayudas al funcionamiento se puedan aplicar en todas las modalidades de contrato y no solo a los fijos. Igualmente considera «imprescindible» que los autónomos también sean beneficiarios porque el estudio encargado por los gobiernos regionales lo avalan. «Es perfectamente posible aplicarlas a los trabajadores por cuenta propia y son una parte fundamental del tejido empresarial de nuestra provincia», ha aseverado.
En cifras, las microempresas y los autónomos en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca son el 95,7% de la actividad económica. Por ello, Juste ha denunciado que los representantes del PSOE «han demostrado que no conocen la realidad de los municipios de 1.000 habitantes, no los han visitado y no saben qué tipo de trabajadores hay ahí».
Desde el Partido Popular inciden además en que la aplicación de las ayudas para el funcionamiento están contempladas para este período. Antes de finalizar el 2027, España tendrá que justificar ante las autoridades comunitarias que el impacto ha sido positivo de cara a su mantenimiento en el futuro. Por esa razón, desde la formación consideran que es es «absolutamente imprescindible» que su aplicación sea «mejorada» para garantizar su pervivencia.
Ciudadanos critica las declaraciones de Ribera
El coordinador de Ciudadanos en Teruel, Ramón Fuertes, ha calificado de «tomadura de pelo» las últimas declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en Soria sobre las ayudas al funcionamiento concedidas a Soria, Cuenca y Teruel. «Lo más grave es que ha confirmado que dejan fuera a los más de 5.000 autónomos de nuestra provincia», ha lamentado, al advertir de que la mayoría de emprendedores en la provincia de Teruel son autónomos, «muy pocos de ellos se constituyen en una sociedad limitada o anónima, y claro que tienen un régimen especial, un régimen que es injusto y que les obliga a pagar todos los meses una cuota fija». Además, ha indicado que la ministra sigue diferenciando a los municipios por número de habitantes, pero poblaciones de más de mil habitantes como Andorra, Utrillas, Calamocha o Cella «no están en una situación mejor que otras para emprender o mantener a las empresas en sus municipios».
Es por eso que desde la formación han reiterado la necesidad de incluir a los autónomos en las ayudas al funcionamiento para la provincia de Teruel y que la provincia necesita unas ayudas de un 20% de manera lineal en todos los costes laborales para «favorecer el emprendimiento y seguir manteniendo la economía y el empleo». «La ministra dice que el éxito de estas ayudas dependerá de los emprendedores y que es un buen momento para emprender, pero creo que Ribera y Moncloa, en general, no se han enterado de que estamos en una crisis sin precedentes y de las dificultades que encuentran empresarios y autónomos para mantener sus empresas a flote y seguir generando empleo", ha denunciado Fuertes.
Ciudadanos presentará iniciativas en las instituciones tales como las Cortes de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel para recabar el apoyo de las diferentes fuerzas políticas.
Mayte Pérez: "Habrá márgen de mejora"
La Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha insistido este martes desde Teruel, al asistir al pleno de la Cámara de Comercio, que lo importante es "la novedad" que se va a empezar a aplicar y que en todo caso habrá "margen de mejora". "Lo que permite la Unión Europea es un máximo, es cierto que ni en Noruega ni en Suecia se está utilizando ese máximo. Hay una serie de ponderaciones muy importantes", destacó , matizando que lo importante es que lo importante es que las bonificaciones se hayan abierto camino y que "hay mucho margen de mejora y de crecimiento".
La consejera recordó que en Aragón hay otras herramientas de ayuda a las empresas, como el FITE, que ha repartido más de 13 millones de euros en el último año. El Ejecutivo regional también trabaja con la herramienta de la declaración de interés autonómico, cuya aplicación a los proyectos empresariales permite simplificar trámites y acortar plazos. "Ha permitido que haya iniciativas que estén en Aragón y no en otras comunidades".
