El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz ha reconocido una deuda de 1,4 millones con la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aquara, derivada de la prórroga del contrato durante 29 años por la que en 2012 se recibió un adelanto de 2,3 millones del canon para pagar a proveedores y nóminas cuando en un momento delicado para las arcas municipales y sin poder pedir créditos ICO ni a los bancos. Estos 1,4 millones se abonarán con un préstamo bancario y con su pago se inicia el cierre de una de las principales polémicas políticas de la ciudad en la última década. El pleno ordinario del mes de mayo no fue una excepción.
Izquierda Unida llevó el acuerdo ejecutado por el Partido Popular a los tribunales, que le dieron la razón. Primero en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel y después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 2016. A causa de la nulidad del acuerdo, la parte del canon deviene deuda, tal y como se recoge en la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2018.
En la práctica, el reconocimiento de la deuda significa el inicio para regularizar el servicio de aguas, que ahora gestiona Aquagest pese a que su prórroga lleva cinco años anulada. Tal y como marca la Ley de Contratos, ya se ha licitado la contratación de una empresa que elabore un estudio comparativo de los sistemas de gestión: público, empresa mixta o externalizado como ahora. Sus conclusiones no serán concluyentes pero sí se tendrán muy en cuenta por el equipo de gobierno.
Los tribunales han solicitado en "reiteradas ocasiones" al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia en estos cinco años. Sin embargo, no se realizó ningún movimiento ni a nivel político ni técnico y tampoco Aquara reclamó su dinero hasta hace un año. El 20 de enero de 2020 la empresa presentó un escrito ante el Ayuntamiento en el que pedía la devolución de 2,1 millones en concepto de deuda financiera y el abono de 126.000 euros por las inversiones realizadas.
Se mantuvieron desde entonces diferentes reuniones entre el Consistorio y Aquara para fijar la cuantía final y los plazos de devolución con tres escenarios de pago: en un solo pago, en tres años con un abono trimestral y a cinco años con pagos también trimestrales. Finalmente se reconoce la aplicación de intereses pero solo desde la solicitud de Aquara, es decir, desde enero de 2020, por lo que la cuantía pendiente de pago es de 1,4 millones.
Una de las polémicas del pleno fue la existencia o no de informes que avalaran la operación y después la posterior devolución del canon. No los hubo primero y tampoco después, cuando durante cinco años ningún técnico ha alzado la voz por escrito pese a que el Ayuntamiento ha estado incumpliendo una sentencia judicial. Baigorri ha reconocido "mala praxis"y a preguntas de los periodistas sobre si se depurarán responsabilidades ha dicho que "lo mirarán".
Este martes en rueda de prensa el teniente alcalde y concejal de Hacienda, Javier Baigorri; y la concejal de Ganar-IU, María Milián, han explicado en rueda de prensa los detalles del acuerdo con Aquara y la devolución del canon. Baigorri ha destacado que este acuerdo no genera deuda nueva del Ayuntamiento sino que la reduce. "La deuda que constaba en balance era de 2,1 millones por lo que el Consistorio va a finalizar 2021 con menos deuda de la que empezó, y además habrá solucionado un problema que lleva mucho tiempo atascado, además de cumplir con una sentencia. Como dato comparativo, en el presupuesto de ingresos se preveía un endeudamiento de 2,2 millones para afrontar la deuda de Aquara, y el dato final será de 1,1 millones", ha apuntado el concejal de Hacienda.
Por su parte, Milián ha querido destacar al igual que hizo en el pleno el papel de sus compañeros de IU y Ganar, que han llevado una "lucha intensa" desde 2012. "Me remueve que parezca que algunos pasaban por aquí. Desde la sentencia de 2016 hubo una dejación de funciones por parte del PP. Aquara tampoco pasaba por aquí porque está prestando el servicio sin concurso público, ¿por qué no pidió antes la deuda? porque le beneficiaba. No se ha regularizado hasta ahora porque no se ha querido", ha dicho Milián.
Por su parte el PP, al frente del ayuntamiento en las dos últimas legislaturas, justificó la operación diciendo que en 2012 heredaron un ayuntamiento endeudado con facturas en los cajones y sin poder pedir préstamos por lo que la operación con Aquara fue la única salida para pagar a los proveedores. «Ahora votamos a favor porque ha cambiado el escenario. Cuando entramos al Ayuntamiento la situación era crítica, si fuera una empresa habría estado en quiebra; y no teníamos posibilidad de pedir créditos. Los proveedores y los trabajadores municipales debían cobrar. Se optó por esa decisión política y los informes técnicos no nos decían que no pudiéramos hacerlo. Hemos hecho en cada momento lo que técnicamente podíamos hacer. Solo les falta sacar el champan para brindar por la única victoria es que los proveedores cobraron", dijo el portavoz popular, Nacho Carbó.
Por su parte, el portavoz del PAR, Eduardo Orrios, defendió que en el pleno en el que se aprobó la operación con Aquagest su grupo se abstuvo porque los informes no eran concluyentes y si después de la anulación de los tribunales no se contabilizó como deuda fue porque un técnico lo contabilizó como ingreso extraordinario hasta la llegada del actual interventor. «Ustedes también lo podrían haber devuelto en estos dos años y no han hecho nada hasta ahora», afirmó Orrios.
Kiko Lahoz, portavoz de Ciudadanos, recordó el trabajo de su compañero Joaquín Galindo en la anterior legislatura y echó en cara al PP «que estuvieran jugando con el dinero de los ciudadanos».
