El juzgado de Alcañiz ha archivado la causa abierta contra los representantes de Defabar, el laboratorio farmacéutico de Alcorisa apoyado en sus inicios con casi medio millón de euros de fondos públicos, que entre 2017 y 2018 fue investigado como presunto centro de operaciones de una red internacional de tráfico ilegal de medicamentos falsificados.
Tanto el administrador de la empresa, Gabriel García Gabín, como otras cuatro personas vinculadas al laboratorio, fueron procesadas en 2018 por un presunto delito contra la salud pública tras una investigación policial que apuntaba que en la empresa alcorisana se terminaban de fabricar y se modificaba el empaquetado de medicinas importadas desde India para hacerlas pasar por españolas y revenderlas a terceros países. La Guardia Civil alertó en aquel momento de que, en ocasiones, estos productos podrían presentar un bajo nivel de concentración de su principio activo, lo que podía ocasionar en el paciente un déficit de sustancia curativa.
Sin embargo, en el auto judicial que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo del caso se indica que, de las diligencias practicadas, «no resulta debidamente justificada» la perpetración del delito contra la salud pública. El documento añade que el juzgado de Alcañiz acordó en 2020 inhibirse en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de Madrid, al haber entre las entidades implicadas empresas de distintas provincias españolas, pero Madrid no aceptó esta competencia.
El sobreseimiento provisional de la causa fue solicitado a finales del pasado mes de enero por la Fiscalía de Teruel, que en su escrito señala que, si bien hay prueba suficiente para asegurar que los investigados presentaron engañosamente medicamentos, alterando los envases, el etiquetado y el país de fabricación, así como que estos productos iban destinados al consumo público, «no ha quedado probado que se haya generado un riesgo para la vida o la salud de las personas».
Añade la Fiscalía que no se ha practicado a lo largo de la investigación el análisis de los medicamentos intervenidos que acrediten su falta de eficacia curativa, «por lo que tampoco puede afirmarse que los medicamentos utilizados tuvieran sus propiedades curativas disminuidas». Aclara el fiscal que solamente hay un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) donde se indica que los incumplimientos de la normativa vigente y la emisión de documentación que les dota de un origen engañoso «permitiría calificarlos de medicamentos falsificados conforme a la categoría administrativa». «En ningún momento se afirma -continúa el escrito del Ministerio Público- que los medicamentos incautados hayan sido analizados y comprobada su pérdida o falta de cualidades terapéuticas».
El gerente de Defabar, que ha sido juzgado este martes en la Audiencia de Teruel por un presunto fraude a la Tesorería de la Seguridad Social por impago de las cuotas de los trabajadores del laboratorio de Alcorisa, ha mostrado su satisfacción por el archivo del caso de la supuesta trama de tráfico ilegal de medicamentos, si bien ha subrayado que la publicidad que se dio en su día a este asunto motivó su ruina económica y la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social.
En la misma línea, su abogado defensor, Juan Carlos Macarrón, ha celebrado el sobreseimiento de la causa pero ha afirmado que «el daño ya está hecho», pues su representado quedó «totalmente desacreditado y con su fama maltrecha y ahora levantar su imagen es muy complicado tras un proceso judicial de cinco años con gran trascendencia pública que ha resultado destructivo».
La Tesorería de la Seguridad Social pide para García Gabín tres años de prisión, una multa de casi dos millones de euros y la devolución de 443.000 euros, cuantía a la que ascendería el impago de las cuotas por sus trabajadores. El juicio por esta causa ha quedado visto para sentencia.
La noticia de la desarticulación de una presunta trama de tráfico ilegal de medicamentos falsificados con epicentro en Alcorisa causó un gran impacto en Aragón pues Defabar arrancó en 2008 con un gran respaldo de las Administraciones Públicas al entender que se trataba de un proyecto que aunaba innovación, desarrollo, investigación y creación de empleo. Recibió apoyo económico y ayudas del Plan Miner, el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), la sociedad Suma Teruel y el Plan Reindus, mientras que el Ayuntamiento facilitó los terrenos a muy bajo precio. Los dos primeros reclaman ahora a Defabar la devolución del importe concedido.
