DGA intensificará la vigilancia. En este caso, en el Miner se aprobó un proyecto del mismo gerente en 2015
La implicación del laboratorio farmacéutico ubicado en Alcorisa en una trama internacional de fabricación y distribución fraudulenta de medicamentos al extranjero, ha levantado todas las alarmas y también a nivel administrativo.
El hecho de que se trate de una empresa que se benefició de fondos mineros, del Fite y de préstamos públicos para iniciar su actividad, ha puesto sobre la mesa un replanteamiento del control en la concesión de ayudas. El consejero de presidencia de la DGA, Vicente Guillén, se refirió a la necesidad de «mejorar el control que se efectúa para concederlas».
Afirmó, no obstante, que en la actualidad este procedimiento ya es «muy exhaustivo» y destacó la complejidad de saber qué rumbo puede tomar una empresa a lo largo de los años en relación a sus inicios. «Si una empresa cumple las condiciones hay que ayudar», añadió. En este sentido afirmó además, que los mayores controles deberán hacerse apelando al sentido común con el fin de «no perjudicar con una excesiva burocracia a quienes deseen trabajar».
Cabe destacar que en 2015, y pese a la denuncia de Suma Teruel, el Miner aprobó un proyecto del mismo gerente de Defabar que se iba a ubicar en Andorra con capital indio pero finalmente no salió adelante. Entonces, el gerente del laboratorio alcorisano ya acumulaba conflictos con trabajadores por impagos.
Tras conocerse el resultado de la Operación Ayúrveda desarticulada por la Guardia Civil, Guillén se mostró favorable a que la administración actúe y que en este caso intervenga para analizar las subvenciones que recibió Defabar. Todo, con la finalidad de ver si existe la posibilidad de que sean devueltas.
