Denuncian que el pub «no tiene licencia». Algunos propietarios toman medicación porque la música les impide dormir
Los vecinos de la calle Alejandre número 11 de Alcañiz han intensificado sus quejas contra el bar situado bajo sus domicilios, La Gruta, al que acusan de trabajar sin la licencia pertinente desde hace casi cuatro años y de provocar «intensos e insoportables» ruidos causados por poner música hasta altas horas de la madrugada que supera con «creces» el nivel permitido. Esta situación provoca que algunos vecinos se estén medicando con pastillas para dormir y antidepresivos para contrarrestar los «nervios, irritabilidad y dolores de cabeza» que les provocan los ruidos.
A esto se unen las acusaciones contra el Ayuntamiento por su «inacción» debido a que, denuncian, el bar está «gestionado» por un concejal del equipo de gobierno, Nacho Esparells. Legalmente los propietarios son su madre, «que reside en Teruel», y un socio de Alcañiz.
Este asunto, que no es nuevo en la noche alcañizana, lleva años arrastrando quejas vecinales por ruidos de bares sin licencia y una insonorización deficiente. Antes se producían en Caldereros, la calle por antonomasia de la marcha en Alcañiz; y desde hace unos años se han trasladado al centro.
El caso de La Gruta parece que ahora podría solucionarse en parte. Al menos, legalmente. Hace unas semanas la técnico de Medio Ambiente informó de manera desfavorable a la licencia de actividad presentada por La Gruta para trabajar como «bar musical» (suma dos veredictos negativos) y ahora es otro técnico, el secretario del Ayuntamiento, el que tiene que tomar una decisión, que podría pasar en el caso más extremo por decretar una suspensión cautelar hasta que se subsanen las deficiencias.
Una representación de varias vecinas del bloque afectado acudió al pleno ordinario del lunes para que Esparells y el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso; contestaran unas preguntas registradas días antes. Sus respuestas no fueron del agrado de las vecinas, muy molestas porque Esparells contestara «con monosílabos y sin mirarles a la cara». El edil negó recibir «directa o indirectamente» ingresos económicos derivados de la actividad del bar ni tener interés «directo o indirecto» en el expediente. Respecto a las directrices y órdenes que ha dado a la Policía Local como delegado de Seguridad Ciudadana para realizar la comprobación de las molestias y ruidos denunciados, fueron las que «corresponden en esos casos».
Más se dilató la intervención de Gracia Suso, quien incluso dijo que «se reservaría el derecho de tomar otro tipo de medidas» porque preguntarle si tiene algún interés directo o indirecto en el expediente de licencia de actividad de La Gruta «puede atentar contra el honor de esta institución o del alcalde». «El primer edil no abre ni cierra negocios en función de las quejas vecinales, los cierra en función de los informes técnicos. A día de hoy no he recibido ningún documento ni tengo conocimiento de los informes del INAGA. Los técnicos son los que llevan la tramitación hasta que se informa al alcalde para que otorgue la licencia o tome alguna medida cautelar, lo que aún no ha ocurrido», dijo Gracia Suso, quien anunció que a la vista de las preguntas el pasado viernes solicitó un informe al secretario para conocer la situación del expediente. «Si hay que tomar alguna medida evidentemente se tomará, pero hasta que no se me informe de cómo está un expediente no puedo tomar ninguna. Podría estar cometiendo alguna ilegalidad», afirmó.
Los vecinos denuncian que se encuentran en una situación de «desesperación» e «indefensión» por la música «excesiva e impertinente», que según una medición firmada por un técnico supera en 23 decibelios, el máximo permitido. También, critican que La Gruta se aprovecha «de forma particular de una zona común (el pasaje) colocando mobiliario sin permiso. Además de las molestias, denuncian que el bar trabaja desde que abrió sus puertas a comienzos de 2013 sin la licencia pertinente para su actividad porque no tiene la certificación de aislamiento acústico previo a la autorización de funcionamiento. «Llegaron a suspenderles la actividad pero el secretario la levantó al presentar un estudio acústico. Sin embargo, este documento no tiene validez porque no está firmado ni visado por el profesional que lo ha redactado y además, el mismo informe dice que no cumple la norma», afirman las vecinas, quienes aseguran que el local «nunca se podrá legalizar porque no se pueden bajar los techos debido a que afectarían a los arcos, catalogados como BIC».
