La Comarca del Bajo Aragón-Caspe está estudiando que la nueva Oficina Comarcal de Información al Consumidor (OCIC) que habilitó en junio pueda ser itinerante por los pueblos. Un objetivo que está alineado con el propósito del Gobierno de Aragón de acercar este servicio a los ciudadanos. La oficina comarcal comenzó de forma más tímida con cuatro atenciones al mes pero ha ido aumentando progresivamente a medida que la han conocido los ciudadanos según explica el presidente comarcal, Javier Nicolás. Da cita un día a la semana pero si lo necesita el ciudadano también atiende fuera del horario.
Este es uno de los anuncios que se realizó este jueves en la primera sesión de la XXIII Jornada de Información sobre Consumo en los Municipios que reúne hasta este viernes en Caspe a un centenar de responsables municipales, técnicos, agentes sociales y representantes de colectivos de toda España.
Un encuentro en el que se analiza y debate, entre otras cosas, sobre educación financiera y fraudes bancarios, el impacto de las nuevas tecnologías y tendencias en el consumo, la atención al consumidor y la mediación en las oficinas municipales y comarcales, así como la producción y consumo responsable.
Las oficinas comarcales y municipales de atención al consumidor de Aragón han atendido a un total de 6.834 usuarios en el primer semestre del año, resolviendo directamente el 47,47% de las demandas de los aragoneses, sobre todo con la información suministrada y a través de la mediación, que en este semestre ha alcanzado el 21,60% de los casos.
Los temas más frecuentes en las 6.834 atenciones realizadas por las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor durante el primer semestre del año han sido los relacionados con energía eléctrica (16,02%), bancos (14,03%), telecomunicaciones (13,81%), comercio electrónico (7,52%), seguros (6,67%), gas (5,97%) y automoción (5,84%). Estas oficinas realizaron un 41,04% de las consultas presencialmente y un 33,71% vía telefónica.
La jornada está organizada por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en colaboración con el Gobierno de Aragón, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe y el Ayuntamiento de Caspe.
En la inauguración, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, hizo hincapié en la importancia de que se reúnan en Caspe profesionales de todo el país porque pueden compartir experiencias y formas de trabajar que ayudan a otros compañeros. Por su parte, la alcaldesa caspolina, Ana Jarque, incidió en lo positivo que es poder recibir toda la información que se dará a conocer en asuntos tan importantes como los últimos sistemas de estafas o las malas praxis.
Por su parte, la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios de DGA, Inma de Francisco, destacó la importancia de la labor que llevan a cabo las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor ya que, dijo, «la labor de las oficinas de las entidades locales se hace especialmente relevante en el desarrollo de nuestras políticas de descentralización, vertebración del territorio e igualdad de derechos de los consumidores en toda la comunidad autónoma, independientemente de su lugar de residencia».
La directora general agradeció especialmente la participación de técnicos de otras comunidades como Castilla la Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Incidió en que «las sinergias entre las distintas instituciones y entidades y la puesta en común de temas tan relevantes como los aquí tratados generan un efecto multiplicador en las políticas públicas de consumo, reforzando las líneas estratégicas de la vicepresidencia y departamento de Presidencia, Economía y Justicia: la promoción y fortalecimiento del asociacionismo de consumo; la consolidación de la red aragonesa de información al consumidor, democratizando su protección en igualdad de derechos; la digitalización en paralelo a la atención próxima al ciudadano, sin dejar a nadie atrás, atendiendo a las personas más vulnerables en su accesibilidad a la información y a los servicios; y la difusión y puesta en valor del sistema arbitral de consumo como instrumento público, ágil, ejecutivo y gratuito, de resolución alternativa de conflictos entre consumidores y empresarios».
