El Ayuntamiento de Calanda prevé ingresar en torno a 200.000 euros al año gracias al contrato de arrendamiento de terrenos municipales en la zona de Las Lomas para el desarrollo del proyecto Catalina. El pleno aprobó de forma unánime este martes la adjudicación de dicho contrato.
A los ingresos anuales por el arrendamiento, explicaron, se sumarán además otros conceptos derivados de la actividad, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). No obstante, el impacto del proyecto sobre suelo municipal se verá considerablemente reducido. De las 568 hectáreas contempladas, la superficie se limitará a unas 9, un ajuste acordado tras reuniones con agricultores. «Es un proyecto que, de cumplirse en su totalidad, tendrá una duración de 30 años. Son unas cifras considerables», valoró Alberto Herrero, alcalde de la localidad.
La aprobación de este contrato supone un avance administrativo para este macroproyecto liderado por CIP. Prevé generar hidrógeno renovable desde Andorra y su desarrollo incluye a Calanda y otros municipios bajoaragoneses. Pero aun así, Herrero también aprovechó la ocasión para pedir celeridad. «Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se lleva un retraso muy considerable. Veremos a ver cómo avanza», afirmó.
Por su parte, la oposición del Grupo Socialista valoró positivamente la llegada de esta inversión, aunque propuso que los ingresos anuales que se obtengan a través de Catalina se destinen íntegramente al sector primario. «La firma de este contrato es una buena noticia. Consideramos que son fondos que podrían dedicarse a cuestiones como la mejora de los caminos de nuestro municipio, o la mejora de instalaciones del sector», defendió José Ángel Galve, portavoz socialista.
Aprobado el convenio de gestión de 15 placas fotovoltaicas
Durante el pleno, el consistorio también aprobó el convenio de colaboración con la comunidad energética local Calanda Genera para la gestión de las instalaciones fotovoltaicas municipales. El acuerdo, que salió adelante por unanimidad, tendrá una duración de 25 años.
El municipio es propietario de un total de 15 instalaciones solares ubicadas en edificios municipales, cuyo aprovechamiento será gestionado por esta entidad sin ánimo de lucro. El objetivo es optimizar la energía generada y permitir que tanto el Ayuntamiento como los vecinos adheridos puedan beneficiarse de un ahorro en la factura eléctrica.
Durante el debate, los socialistas cuestionaron algunos aspectos del modelo de gestión. En concreto, señalaron que el convenio no detalla cuestiones como el mantenimiento o los seguros de las instalaciones, que seguirán siendo asumidos por el Ayuntamiento, y planteó que estos costes deberían recaer en la comunidad energética.
El equipo de gobierno, por su parte, defendió el modelo elegido al considerar que la gestión energética «es compleja y que la comunidad permite optimizar la producción y evitar pérdidas de energía». Además, destacó que se trata de una asociación sin ánimo de lucro, por lo que los posibles beneficios revertirán en el municipio.
Modificaciones en el presupuesto
El punto que, sin duda, generó más debate fue el de la aprobación de las modificaciones del presupuesto tras el informe del Ministerio de Hacienda. Las principales correcciones afectan tanto a los ingresos como a los gastos. En el capítulo de ingresos, la previsión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se reduce de 425.000 euros a 276.926,50 euros. Según explicó el equipo de gobierno, esta rebaja responde a un criterio de prudencia ante el retraso en proyectos como los vinculados a iniciativas energéticas, cuyos ingresos no se materializarán en el presente ejercicio.
En paralelo, también se ajusta el gasto corriente, que pasa de 566.110,44 euros a 418.036,44. Además, se corrige el capítulo de personal, con una reducción de unos 74.000 euros debido a "errores en la previsión inicial y a la no inclusión de algunas jubilaciones previstas durante el año".
Herrero defendió que se trata de "ajustar el presupuesto a lo que realmente se va a ejecutar» y evitar previsiones que no se van a cumplir. Por su parte, el portavoz socialista criticó que no se convocara una comisión de Hacienda para informar de estos cambios y calificó de «sorprendente» que el presupuesto haya tenido que modificarse tras su aprobación inicial. El punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del Grupo Socialista.
