El convenio de transición justa invertirá 204 millones para 34 pueblos en siete años

Con 204 millones de euros está dotado el convenio que garantizará la transición energética en la cuenca turolense. Reconociendo que «se podía haber presentado antes» (llega con cuatro años de retraso), la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera comenzó su intervención este lunes en Andorra. Acudió junto al presidente aragonés, Javier Lambán; y el vicepresidente, Arturo Aliaga; a presentar un acuerdo sobre los contenidos y la financiación del convenio de transición justa de Aragón a los alcaldes de los municipios afectados por el cierre de la central térmica de Andorra.

El convenio, ligado al fondo de 204 millones de euros de fondos públicos para 34 municipios, es el primero del país en contar con un documento base con compromisos específicos para las zonas afectadas por el cierre de centrales eléctricas de carbón y de explotaciones mineras. «Hubiéramos podido haberlo firmado antes pero no teníamos las soluciones para esta cuenca y ahora sí», dijo desde el atril en el espacio escénico.

De los 204 millones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará 36 millones adicionales a los 64 ya adjudicados y comprometidos por el Instituto para la Transición Justa (ITJ). A estos se suma el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos programas energéticos priorizan las áreas de transición justa con una financiación de 2.740 millones. Por su parte, el Gobierno de Aragón, gestionará 92 millones procedentes del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, sobre los que adicionará 12,5 millones en términos de cofinanciación pública, junto con otras herramientas de apoyo. Del total de 104,5 millones, el Ejecutivo de Aragón contempla la aplicación de 21 millones de dicho fondo ya en 2023, tal como aparece consignado en el Presupuesto de la comunidad.

El convenio, una herramienta para la cogobernanza que garantiza el compromiso y la coordinación de las administraciones estatal, autonómica y locales, tiene un período de vigencia de siete años. Cuenta con un calendario de medidas a desarrollar y un sistema de control periódico en el que también participan la Diputación de Teruel, organizaciones empresariales, sindicales, ambientalistas, así como otros representantes de la sociedad civil. De hecho, este lunes hubo representación de todos estos entes en la presentación. Para conocer más concreciones, se ha convocado el 15 de diciembre a los agentes sociales, empresariales de los 34 municipios que incluyen los planes, a una reunión en la que puedan presentar proyectos.

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reafirmó el compromiso de su Ejecutivo con la zona minera y, «especialmente con Andorra», y mostró su satisfacción por que las gestiones «empiezan a dar sus frutos» en la previsión de creación de más de 900 empleos por parte de cinco empresas que han anunciado sus inversiones en los últimos meses. Todo ello, sin contar con el nudo Mudéjar, «lo que permitirá superar, de lejos, el desempleo generado por el desmantelamiento de la central térmica».
Mencionó a Oxaquim -que creará en Andorra y Alcañiz cerca de 400 empleos e invertirá 380 millones de euros-; Vesco, empresa ucraniana minera con 7 millones de euros y 100 puestos de trabajo; Raven SR, empresa estadounidense que prevé instalar en Aragón la primera planta industrial de transformación de residuos en hidrógeno de toda Europa, con una inversión prevista de 30 millones de euros; así como Forestalia, que con el proyecto de peletizado de biomasa en Andorra prevé crear 60 empleos directos y 350 indirectos. O Térvalis, que fabricará amoníaco verde. Anunció que el día 30 se aprobará la declaración de interés autonómica de la empresa de prefabricados de madera de Andorra. Podría empezar a funcionar en 2023 con el objetivo de incorporar un aserradero y una planta de fabricación hasta 2028 y prevé crear 100 empleos.

Ribera explicó que ya se han ejecutado proyectos empresariales o están aprobados dentro de la aplicación del convenio que generarán 250 empleos, pero ha matizado que el importe de ayudas consumido solo supone el 30% del total, con lo que la cifra de puestos de trabajo final rondaría los 750. Ha explicado que la cifra mínima estimada será de 532 empleos, equivalentes a las perdidas derivadas del cierre de las minas de carbón en 2018 y de la central térmica en 2020, aunque se mostró convencida de que la cifra total será superior.

El ITJ ya ha impulsado 60 proyectos para cumplir los objetivos del Convenio. Con unas ayudas de 34,5 millones, movilizarán 84 millones y crearán más de 250 empleos, prácticamente la mitad de los afectados por los cierres de las minas y la central térmica de Andorra. Con vistas a futuro, sólo el concurso del nudo Mudéjar permitirá crear más de 4.400 empleos en la fase de construcción de las centrales de renovables y más de 250 en su operación a largo plazo; a ellos se añaden casi 400 puestos vinculados a los demás proyectos asociados.

Nudo Mudéjar

Dentro del Convenio tiene dimensión propia el concurso para adjudicar los 1.202 MW del nudo de transición justa Mudéjar 400 kV. La vicepresidenta anunció que la resolución final de adjudicación del concurso, que se publicará en el BOE en los próximos días, da por ganador a Enel Green Power España (Endesa). La compañía invertirá más de 1.500 millones a nuevas plantas renovables eólicas y fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento, hidrógeno verde y comunidades energéticas e instalaciones de autoconsumo en varios municipios, así como a numerosos proyectos en otros sectores.

Comunicaciones, agua, internet…

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ejerció de anfitrión en la visita a su localidad, donde comenzó la tarde. Hasta allí llegaron por la pista minera, una reclamación histórica en su conversión a carretera porque une a cinco pueblos. Noé pidió buen internet, planteó la posibilidad de crear un PERTE de la minería, así como la necesidad de crear viviendas especialmente en pequeños pueblos. Se reivindicó un buen asesoramiento y dotar a los pueblos personal técnico para «no perder subvenciones» y un abastecimiento de agua seguro. «Somos una tierra trabajadora y proactiva y por nosotros no quedará, hay ideas, hay iniciativas y tenemos una oportunidad histórica que no vamos a desaprovechar pero necesitamos que nos acompañen», concluyó Noé.