El documento recoge las conclusiones de la Comisión Especial entre las que están la adopción de medidas para empresas
El Parlamento aragonés ha sacado adelante con la unanimidad de todos los grupos el Dictamen de la Comisión especial de estudio de la transición energética en Aragón con el que hacer frente a los efectos socioeconómicos que para el territorio provocará el próximo cierre de la central térmica de Andorra. Ratifica así la aprobación de las conclusiones por unanimidad en la última sesión de la Comisión.
El documento aprobado en el órgano especial, cuyos trabajos ha coordinado el portavoz del PAR, Arturo Aliaga, contempla la solicitud de diversos beneficios fiscales para el territorio, así como la adopción de varias medidas en materia de infraestructuras, formación y atracción de inversiones y culmina una labor desarrollada con premura por espacio de tres meses, durante los que han comparecido cerca de treinta expertos y representantes del territorio.
Comenzaron trasladando la visión del territorio y sus vecinos los alcaldes de Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño y después aportaron las visiones económica, empresarial y laboral los portavoces de CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO, así como miembros del comité de empresa de la térmica de Andorra, de las subcontratas, así como de la asociación empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín y de la Comunidad de regantes del Guadalope.
Más tarde acudieron al órgano especial representantes de los clúster de la Automoción y de la Energía, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y de la Fundación Hidrógeno Aragón. En una de las últimas citas participaron portavoces de las plataformas de Regiones Mineras en Transición de la Comisión Europea y de la agrupación por un nuevo modelo energético, además de Geenpeace eGreenpeace. Por último, realizaron sus aportaciones representantes de Endesa, SAMCA, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
En el debate final han participado Dolores Serrat (PP), Julia Vicente (PSOE), Marta Prades (Podemos), Ramiro Domínguez (Ciudadanos), Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU).
