Se necesita dinero para exhumación de fosas, en la que tendrá prioridad la petición de familiares vivos
La Ley de la Memoria Democrática de Aragón tendrá que comenzar necesariamente su recorrido en la siguiente legislatura. Entró en vigor en febrero después de aprobarse en noviembre en las Cortes de Aragón. En este tiempo ha realizado pequeños gestos que necesitan de presupuesto para que se conviertan en acciones que de verdad resarzan a las víctimas, cuenten qué pasó a las nuevas generaciones, avancen en la exhumación de las fosas comunes y retiren los símbolos franquistas de las calles y plazas de Aragón.
El tiempo no corre precisamente a favor para las exhumaciones de fosas y la creación de un depósito de ADN homologado con otras bases de datos para intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes, víctimas o de niños robados. En diez años no vivirán la mayoría de familiares directos, ya muy mayores, de las personas enterradas en fosas. Para obtener resultados los análisis de ADN se tienen que realizar de padres a hijos o hermanos o, en menor medida, de abuela a nieta o de abuelo a nieto.
Por ello, la legislatura que comenzará tras las elecciones autonómicas de mayo es esencial para que la ley avance con hechos concretos. Ante todo se necesita presupuesto y contar con voluntad política. Al aprobarse en noviembre, la ley debería haberse dotado de presupuesto este año pero no ha sido así porque el Gobierno de Aragón trabaja este 2019 con las cuentas prorrogadas.
Así lo reclamó este lunes el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en Alcañiz durante la celebración por segundo año del Día de la Memoria Democrática de Aragón, el primero con la Ley en vigor. Su fecha no es casual. Se conmemora desde 2018 el día 3 de marzo, el del Bombardeo de Alcañiz, uno de los más cruentos de la Guerra Civil Española en el que las bombas de la aviación italiana mataron a más de 500 personas.
Este año se ha celebrado un día más tarde, este lunes, para que fuera lectivo ya que se organizó una actividad con escolares de colegios de las tres provincias aragonesas. «Queremos que la Ley esté dotada económicamente, es esencial. Cuando se aprueben los presupuestos de Aragón tendrá una partida para hacer algo que las asociaciones memorialistas nos piden, no solo organizar actos de recuerdo si no de reparación y de justicia, que es lo que nos piden las víctimas», afirmó el consejero de Presidencia. En próximos años la conmemoración irá rotando por otras localidades que también sufrieron la guerra.
La Ley contó en las Cortes con el voto favorable de Ciudadanos además del de los partidos de izquierdas. Tanto PP como PAR se mostraron contrarios por lo que un hipotético futuro gobierno de ambas formaciones, que ya gobernaron en la anterior legislatura, podría impedir la puesta en marcha de la norma al igual que ya hizo Mariano Rajoy con la herencia de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero a nivel estatal. Entonces no la derogó pero la dejó con cero euros. No obstante, el visto bueno de Ciudadanos a la Ley, partido que podría convertirse en un actor importante en la siguiente legislatura, podría decantar la balanza. Durante su negociación, la formación naranja hizo especial hincapié en que en los análisis de ADN también se tuvieran en cuenta a los bebés robados.
La guerra como recurso turístico
No obstante, desde el ejecutivo autonómico entienden que uno de los ejes del proyecto podría hacer cambiar de opinión a los partidos de centro-derecha. «Se trata de poner en marcha una serie de políticas turísticas que ayuden a que de una calamidad hagamos una oportunidad. Aragón sufrió mucho en la guerra y la dictadura pero en el futuro nos puede permitir dar un impulso turístico a través de la enseñanza de la historia, nos hace diferentes tener cuatro batallas en el territorio», explica el director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del departamento de Presidencia de DGA, Julio Embid, encargado de desarrollar la ley.
El espacio en el que mirarse está en Normandía, Francia, donde cuentan con decenas de miles de visitantes al año. El objetivo es que la enseñanza de la historia sea un atractivo que atraiga turistas. Por ejemplo, a través del Museo de la Batalla de Teruel o rutas de la memoria del Bajo Aragón o los Pirineos.
Turismo de Aragón presentó la semana pasada una web, www.memoriademocraticaaragon.com, que pone en valor aquellos vestigios de la Guerra Civil que los municipios y comarcas han recuperado y han hecho visitables.
El tiempo apremia para excavar fosas
La ley recoge igualmente la actualización del mapa de fosas, más de 600 en las que se calcula que están enterrados 10.000 aragoneses. También la puesta en marcha de un protocolo de exhumaciones y la creación de un depósito de ADN homologado con otras bases de datos para intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes, víctimas o de niños robados. A estos últimos y a sus familiares directos se les reconoce por primera vez como víctimas del franquismo.
No obstante, desde DGA se entiende que se debe realizar de forma coordinada con el Gobierno de España ya que las fosas «no entendían de fronteras». Las prioritarias son las que tienen familiares vivos que reclaman la exhumación ya que están falleciendo los familiares directos en segundo grado. O se lleva a cabo en los próximos diez años o no se podrá analizar forma efectiva el ADN. También se tendrán en cuenta casos en los que se tenga documentación o testimonios que acrediten dónde se encuentran los restos de víctimas de la guerra y la dictadura.
Con la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad se creará un depósito de ADN en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón con las pruebas y muestras que se obtengan de las exhumaciones de fosas, destinado a la identificación de los restos de las víctimas.
Sanciones por calles franquistas
Otra de las cuestiones que cambia la ley es sanciones económicas para los ayuntamientos que mantienen la simbología y nomenclatura franquista en calles, plazas y edificios. Se calcula que quedan alrededor de una treintena en todo Aragón. La mayoría con nombres de generales golpistas o fechas pero otros mucho más escandalosos como el de la plaza principal del Valmuel. La pedanía de Alcañiz mantiene su plaza del Caudillo, nombre que hace alusión a un dictador, Francisco Franco.
En los últimos años muchos ayuntamientos ya han ido cambiando el callejero como es el caso, por ejemplo, de Valdeltormo. La avenida General Franco (en la carretera nacional N-420) y las calles Jose Antonio Primo de Ribera, General Mola y General Moscardó pasaron a llamarse Zaragoza, Teruel, Huesca y calle del Castillo respectivamente. En Cantavieja también se sustituyeron las calles General Mola y García Valiño por calle de las Masías y avenida de las tres vailías respectivamente.
A los que aún lo mantienen, el Gobierno de España envió una carta a principios de año y el ejecutivo autonómico hará lo mismo en unos meses.
La Ley recoge sanciones económicas de entre 2.001 y 10.000 euros y la no concesión de ayudas por parte del Gobierno de Aragón. Todos deberán de cumplirla en 18 meses que empezaron a correr el pasado febrero. «Aragón tiene muchos artistas, ingenieros, deportistas, científico, o también políticos que merecen una calle antes que la fecha de un golpe de estado o un militar. A los ayuntamientos y a la Iglesia les pedimos que sustituyan las nomenclaturas por las que ellos decidan», explica Embid.
