El 85,4% de los empleadores del sector hortofrutícola aragonés han presentado las declaraciones responsables solicitadas por la Orden de medidas de control y prevención para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y la salud para la próxima temporada de la recogida de la fruta. Tras un mes hábil, el plazo impuesto por el Gobierno de Aragón concluyó el viernes pasado y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha hecho públicos los datos este martes. Conforme a lo previsto en la normativa vigente y que hace referencia a la salud pública, el consejero ya ha anunciado el inicio inminente de un expediente sancionador para el 14,6% de los empleadores que no han presentado la declaración responsable a la que estaban obligados, representado el 5,4% de la superficie.
No obstante, desde UAGA aseguran que todos los fruticultores profesionales han informado a DGA de la previsión de contratación de temporeros y califica de éxito que las declaraciones realizadas representen el 95% del total de la superficie de frutales en Aragón. Ese 14,6% de titulares de parcelas de frutales, que representan tan apenas el 5,4% de la superficie, son personas ajenas al sector, propietarios de pequeñas superficies y que por tanto, su actividad profesional no es la agricultura. Precisamente, UAGA califica como un éxito que de las 37.800 hectáreas que hay en Aragón destinadas a fruta dulce, las declaraciones presentadas corresponden al 94,6% de la superficie
La organización agraria destaca que todas las personas que profesionalmente se dedican a la fruticultura en Aragón han cumplido con su deber y han rellenado los datos de previsión de cosecha y de contratación de mano de obra que solicitaba el Gobierno de Aragón. Afirman que las organizaciones agrarias, las cooperativas y las OPFH (organizaciones de productores de frutas y hortalizas) han informado a los fruticultores de esta obligación e incluso les han tramitado la «Declaración responsable».
La Orden obliga a los empleadores con más de una hectárea de frutal a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales para la próxima temporada de recogida de la fruta dulce, a través de la presentación de una declaración responsable. El número total de agricultores con esta obligación es de casi 3.000 y a un total de 37.800 hectáreas de tierra.
Olona ha valorado «positivamente» el dato conseguido, aunque ha reconocido que esperaba superar el 90% «para darse por satisfecho con el grado de cumplimiento alcanzado». Una vez más, el consejero ha agradecido la ayuda prestada por las organizaciones agrarias profesionales, las cooperativas y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) para cumplir con la implementación de la norma, así como la diligencia de los responsables de las explotaciones agrarias de más de una hectárea que han presentado la documentación necesaria en tiempo y forma. Concretamente esta cifra representa el 94,6% de las hectáreas totales obligadas a declarar, lo que viene a dilucidar que el incumplimiento de la Orden se ha dado, sobre todo, en las explotaciones de menor tamaño. «El 98% de los que no han presentado la declaración tienen explotaciones de menos de 20 hectáreas. Mientras que los de más de 50 hectáreas lo han hecho el 100%», ha explicado.
El consejero ha recordado que el dato es «mucho mejor» que el del año pasado, cuando la Administración solo recibió el 47% de las declaraciones responsables de obligado cumplimiento. «En el caso de la temporada pasada, la Orden salió tarde, y hay que reconocer que el tiempo que les dimos a los agricultores para reaccionar fue muy breve, puesto que solo tuvieron unos días hábiles para poder presentar la documentación. Por el contrario, este año nos hemos adelantado mucho al momento más álgido de la campaña, que será en los meses de julio y agosto, y han tenido un mes de tiempo», ha apuntado Olona.
Una vez más, Olona ha recalcado los dos objetivos primordiales que tiene la Orden. Por un lado, disponer de toda la información necesaria del volumen del personal a contratar, para que las diferentes administraciones puedan planificar las medidas necesarias en la gestión de la pandemia. Y, por otro, conseguir que el sector se involucre más y mejor en las condiciones transporte y alojamiento, además de las laborales.
La Orden se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 18 de febrero de manera conjunta por los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Economía, Planificación y Empleo; y Sanidad y establece medidas de control para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y salud en la próxima campaña de recogida de la fruta en Aragón.
A través de esta Orden se obliga a los empleadores a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales antes del inicio de la campaña, a través de la presentación de una declaración responsable. En ella, el empleador se compromete expresamente al cumplimiento de las condiciones y requisitos laborales y sanitarios exigibles y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.
Asimismo, el empleado solo podrá desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y donde figure su domicilio. Esta declaración responsable debe de estar firmada tanto por el empleado como por el empleador.
La intención del Gobierno de Aragón en relación con la próxima campaña de fruta –cuyo núcleo se centra en los meses de julio y agosto-, pasa por la firmeza en la exigencia del cumplimiento estricto de las obligaciones laborales que, como empleadores, tienen los agricultores con independencia de la dimensión de su actividad. Para ello, como ya se anunció, además estas medidas preventivas, el Ejecutivo autonómico intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.
Ayudas para acondicionar los alojamientos
Empresas y cooperativas agrarias puedes solicitar desde este martes subvenciones para financiar el acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario. El departamento de Economía, Planificación y Empleo ha lanzado una nueva convocatoria de estas subvenciones, dotada con 215.000 euros. El plazo de solicitud es de 15 días hábiles y podrán presentarse tanto de forma presencial como electrónicamente. Toda la información necesaria y el modelo de solicitud está disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón: www.aragon.es/tramites
Para adjudicar las subvenciones se valorará la calidad y viabilidad técnica y económica del proyecto de alojamiento, así como la situación social, económica y laboral del ámbito geográfico sobre el que se desarrolla; y el número de plazas que se crean en relación con la plantilla media de la empresa.
Esta convocatoria de subvenciones se puso en marcha en el año 2017 y, desde entonces, ha permitido apoyar al sector empresarial agropecuario de Aragón y facilitar que sus trabajadores temporales tengan alojamientos adecuados. En todas las convocatorias anteriores, el presupuesto de estas ayudas –que se mantiene este año- ha permitido atender todas las solicitudes que cumplían con los requisitos marcados.
En esta ocasión, y ante la actual coyuntura sanitaria, al objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, se suma el trabajo para reducir el riesgo de exposición, preservando la salud de la amenaza de contagio del coronavirus y, para garantizar el normal desarrollo de la campaña de recogida de frutas y de los trabajos agrícolas, sin poner en riesgo la salud laboral de los trabajadores ni la viabilidad de las explotaciones agrarias. Para ello están trabajando de forma coordinada diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, entre los que se encuentra el de Economía, Planificación y Empleo.
Las ayudas convocadas permitirán financiar acciones de acondicionamiento de plazas de alojamiento necesarias para alojar a trabajadores temporales, con un máximo de 20.000 euros por solicitante y pudiéndose subvencionar entre el 60 y el 80% de la inversión realizada.
En concreto, podrán financiarse gastos de acondicionamiento, reforma o ampliación de los alojamientos; la compra o alquiler, y la instalación de módulos prefabricados, incluida la cimentación para apoyo y nivelación del módulo, arquetas y fosos correspondientes y las acometidas de agua y de luz; y, subsidiariamente, los gastos de adquisición del equipamiento y mobiliario básico necesario para acondicionar los alojamientos.
