El Gobierno de Aragón proporcionará a los ayuntamientos toda la información necesaria para acreditar los proyectos de las depuradoras
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no sancionará a las localidades que viertan sus aguas sin tratar siempre y cuando puedan demostrar que están trabajando en la construcción de una depuradora. Tal y como trasladaron desde el Ministerio de Medio Ambiente al Gobierno de Aragón hace unos días, ante la tramitación de cualquier expediente sancionador, el denunciado tiene un periodo habilitado para presentar alegaciones que permitan justificar que se está actuando para eliminar el problema y así, evitar la sanción. De este modo, ahora será el Gobierno de Aragón quien participará como mediador y proporcionará a los ayuntamientos la documentación necesaria para acreditar ante la CHE que sus proyectos no están paralizados.
A pesar de todo, desde el Ministerio de Medio Ambiente también señalan que «en el caso de que los expedientes sancionadores que ya se han iniciado y han concluido en sanción, seguirán su trámite por vía judicial». Es decir, el Ministerio no sancionará a los ayuntamientos que incumplan actualmente con la Ley de Aguas, siempre y cuando puedan alegar que existe un proyecto fiable encima de la mesa; pero respecto a los que ya han sido sancionados, no hay vuelta de hoja y, por tanto, no se podrá restituir la multa ya pagada. Según fuentes de la CHE, «son expedientes que ya están cerrados y si los paralizáramos, estaríamos incumpliendo la ley».
Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sancionado desde 2016 a un total de 29 ayuntamientos aragoneses por no cumplir con la Ley de Aguas. Algunos de ellos, como fue el caso de Aguaviva o Calaceite, fueron sancionados porque, pese a tener los proyectos de las depuradoras redactados, estos habían «caducado» y en aplicación del reglamento vigente, «se les debía sancionar».
Lo que ahora cambia es la postura del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora será más flexible. En las últimas semanas ha mantenido diferentes reuniones con el Gobierno de Aragón en busca de una solución y así evitar más sanciones para los municipios aragoneses en el futuro. «Nos hemos reunido para abordar este asunto, dentro del espíritu de colaboración que reina entre las dos administraciones», indicaron desde el ministerio.
Y es que, es el Gobierno de Aragón el que debería de haber ejecutado las obras de las depuradoras que según la CHE han «caducado». Desde DGA se comprometieron a entablar negociaciones con Medio Ambiente y, ahora, esas reuniones han dado resultado. De esta manera, ahora será el propio Gobierno de Aragón el que proporcionará a los ayuntamientos la documentación necesaria para acreditar ante la CHE que sus proyectos no están paralizados.
Cabe recordar que las sanciones impuestas a los ayuntamientos por la Confederación Hidrográfica del Ebro desde el año 2016 fueron de «carácter leve», nunca superiores a los 10.000 euros, pero que supusieron importantes gastos para algunos de los consistorios. Por ejemplo, Aguaviva fue uno de los ayuntamientos sancionados con 2.300 euros. Desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) calificaron estos gastos como un «roto impresionante» para los municipios aragoneses y por eso, esperan que la decisión del Ministerio de Medio Ambiente pueda llegar más allá e incluso se puedan plantear la idea de «compensar» a los ayuntamientos que han sido expedientados. Hecho que desde la CHE ven «complicado», porque al final los ayuntamientos «estaban incumpliendo la ley».
Pagar tres veces para no depurar
El caso de Aguaviva es uno de los ejemplos de aquellos ayuntamientos que han sido sancionados por no cumplir la ley respecto al vertido de aguas. En noviembre de 2016 la CHE impuso la sanción administrativa, en diciembre comenzaron los estudios para la futura depuradora y en agosto del 2017 abonaron la multa correspondiente de 2.300 euros.
Ahora, con el cambio de postura del Ministerio y del Gobierno de Aragón, un caso como el suyo se podría alegar con más información y este podría evitar la sanción administrativa. «Veremos cómo queda todo al final, pero lo que no entendemos es que ahora estemos pagando por triplicado para no depurar las aguas. Estamos pagando un cánon de vertido muy superior del que tienen los municipios con depuradora; todos nuestros vecinos están pagando el Impuesto de Contaminación de las Aguas; y los ayuntamientos, además, están pagando las sanciones. Entendemos que es algo injusto para los vecinos y los ayuntamientos», explicó Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.
