El Presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, se han reunido este viernes con UAGA, Araga, Asaja y UPA en el Edificio Pignatelli. El principal objetivo del encuentro es el continuar por la misma senda que durante la legislatura pasada, en la que la relación del Ejecutivo con las organizaciones profesionales agrarias fue «muy colaborativa y fructífera», según ha apuntado el Presidente. Asimismo, Lambán ha anunciado que, desde este viernes mismo, el Ejecutivo va a comenzar a trabajar junto a las organizaciones en una Ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón.
La nueva ley pretende garantizar que, en Aragón, el apoyo público a la agricultura se aplique en favor del modelo familiar y no de cualquier otro. «Porque lo que peligra no es la agricultura en sí misma, sino el modelo familiar sobre el que se sustenta nuestro mundo rural», ha dicho el Presidente. «Nuestra apuesta por el modelo familiar no es retórica, es real y coherente con la reforma en profundidad de la PAC que venimos defendiendo desde el Gobierno de Aragón», han defendido el Presidente y el consejero durante su intervención.
Lambán ha recordado que, durante la legislatura anterior, el consejero Olona y su Departamento se comprometieron con el sector agrario a través de su modernización y rejuvenecimiento, la creación de regadíos o el impulso de una nueva PAC que dirija los recursos hacia el agricultor profesional.
«Ahora, entendemos que ha llegado el momento de abordar estas cuestiones de una manera más sistemática. El sector necesita más jóvenes, potenciar sus ventas, aumentar la rentabilidad de las explotaciones y todo eso hecho desde una perspectiva que desde el Gobierno de Aragón defendemos y que consiste en el mantenimiento del modelo de agricultura familiar», ha apuntado Lambán.
Pero para conseguirlo, es imperativo que el sistema agroalimentario, incluida la política pública que lo apoya, reconozca y apueste por este modelo, atendiendo a sus valores sociales, territoriales y ambientales. También, por las garantías de sostenibilidad que ofrece para afrontar el reto alimentario global, derivado del crecimiento demográfico y de la reducción de la pobreza, así como para luchar contra la despoblación y el desequilibrio territorial que sufren territorios como Aragón.
Actualmente, la escasa dimensión económica de las explotaciones familiares, que en Aragón tan sólo alcanza 36.440 euros en términos de cifra media de ventas, es un problema que hay que resolver, sabiendo que la apuesta sin límite por las economías de escala y la competitividad conlleva graves riesgos. Entre ellos, la eliminación del propio modelo familiar.
Lambán ha argumentado que para que estas actuaciones puedan llevarse con mayor eficacia es imprescindible actualizar el marco regulatorio básico vigente, configurado por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 y la Ley de patrimonio agrario y medidas específicas de reforma y desarrollo agrario de 1992.
Ley de representatividad agraria de Aragón
Además de trabajar en la actualización en el impulso de una nueva Ley que proteja el modelo de agricultura familiar, el Presidente también ha recordado que hace unos meses adquirió el compromiso de resolver la representatividad de las organizaciones agrarias. Un asunto que está paralizado desde hace años y que el Ejecutivo está dispuesto a resolver sacando adelante una Ley de representatividad agraria que extinga las antiguas cámaras agrarias provinciales y que reconozca de forma clara y determinante el papel de estas organizaciones como intermediarios en política agraria.
Con esta norma también se resolverán algunos problemas importantes como el propio funcionamiento de las organizaciones agrarias, sus sistemas de elección o las ayudas que deben recibir.
Aunque se da por hecho que la interlocución en materia de política agraria se lleva a cabo con las organizaciones agrarias, en este momento solo es una costumbre, de ahí la importancia de institucionalizarlo a través de una norma con rango de ley que reconozca de forma clara y absolutamente determinante que la representación de los agricultores en el ámbito de la política agraria son las organizaciones agrarias.
