Se han incorporado 11 agentes en prácticas que no suplen la pérdida de 105 guardias desde 2011
Uno de los muchos asuntos que tiene sobre la mesa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es la histórica reorganización de los cuarteles de la Guardia Civil que cerrará muchos de los puestos para agrupar los agentes en unas pocas localidades para ganar eficiencia. El gabinete de su antecesor en el cargo, el popular Juan Ignacio Zoido, dejó el «Plan plurianual de modernización» prácticamente redactado listo a falta de presentarlo a la Guardia Civil y aprobarlo. Ahora falta por ver si Grande-Marlaska quiere realizar cambios en el documento y si logra el consenso político necesario para llevarlo a cabo.
Todos los sindicatos del cuerpo coinciden (y con los datos sobre la mesa es evidente) en que es necesario un cambio significativo en el despliegue del Instituto Armado por el territorio. Los ciudadanos no perderían seguridad, sino todo lo contrario. La ganarán porque los agentes que ahora están en los puestos podrán trabajar en la calle patrullando, con lo que se mejorarían en operatividad y tiempo de reacción.
Es primordial reagrupar a los agentes en puestos y cuarteles grandes para mejorar en el día a día y reducir gastos de mantenimiento de edificios. «De nada sirve contar con cuarteles de cuatro o cinco agentes que solo abren dos días a la semana y cuyos miembros no pueden patrullar porque no tienen a un compañero que se quede en oficinas», explica Cristóbal Soria, delegado en Aragón de la AUGC, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil.
No obstante, los sindicatos entienden que por mucho que sea necesario para modernizar la estructura del cuerpo, no es algo que se pueda realizar a corto plazo porque antes hace falta «pedagogía» y «consenso». Tanto para que la ciudadanía entienda que un cuartel no aporta seguridad como para que los partidos políticos no apoyen la reorganización por miedo a que les pueda restar votos.
Si el ministro Grande-Marlaska toma por bueno el plan de su antecesor, la restructuración propone unidades de, como mínimo, 20 componentes, lo que permitiría abrir los cuarteles las 24 horas del día. Ahora ni un solo cuartel está todo el día abierto desde principios del año pasado (sí lo hace el de Caspe), cuando se tomó la decisión de cerrar algunos días para paliar la falta de personal.
A la veintena de agentes en una unidad tan solo llega el cuartel de Alcañiz. De hecho, la mayoría de puestos cuentan con poco más de cinco agentes. No obstante, hasta que el Gobierno Central entregue el documento definitivo del plan de reorganización no se sabrá cómo quedará la zona. Por ejemplo, una de las incógnitas es saber qué cuarteles se mantendrán y en los que se concentrarán los agentes. «No sabemos cómo quedará Teruel, que es además un territorio muy grande y con la población dispersa. Habrá que buscar la funcionalidad», comenta Soria.
La intención primera era respetar los partidos judiciales aunque no al 100%. A la hora de definir la nueva organización se ha consultado con las comandancias y se han tenido en cuenta criterios de organización, índices de delincuencia, densidad de población o tráfico en las carreteras. De ser así, en el Bajo Aragón Histórico podrían permanecer abiertos los cuarteles de Alcañiz y Caspe, y algún otro puesto con casa-cuartel.
La incógnita ahora es saber cuándo se decidirá Interior a plantear y realizar los cambios. El Plan plurianual de modernización está planteado a largo plazo. El planteamiento de Zoido era comenzar este mismo año y estar culminado en seis años, plazos habituales entre la tramitación legal y la construcción de infraestructuras en los casos necesarios. No obstante, el cambio de gobierno podría cambiar la situación. Desde los sindicatos entienden que no se paralizará pero que sí se tomará como una medida a medio-largo plazo por el consenso social y político que necesita.
El cuartel de Alcañiz es el único con una veintena de agentes
Falta de agentes rurales
No obstante, otra cuestión que tiene sobre la mesa el nuevo ejecutivo de Madrid es la falta de agentes en el medio rural, una situación que se prolonga en el tiempo pero que evidenció el triple crimen de Andorra. En estos meses los socialistas han reclamado públicamente más guardias y medios y ahora está en su mano hacerlo efectivo en el gobierno. Así lo ha reconocido la nueva delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez (ver entrevista); y también el máximo responsable de la Guardia Civil en España, el magistrado aragonés Félix Azón Vilas. En una entrevista en Heraldo de Aragón reconocía el juez que «evidentemente» tenderá a prestar una «atención especial» a este problema aunque se mostró «seguro» de que la Guardia Civil ya se ha «preocupado por solucionarlo» y está «trabajando sobre el terreno».
En la Compañía de Alcañiz (Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín y Matarraña), apenas hay 110 agentes dedicados a la seguridad ciudadana y están repartidos en 12 cuarteles. A ellos se les han sumado recientemente 11 alumnos de prácticas que vienen a sustituir a los de la promoción anterior, que ya se han marchado. A estos agentes, cabe añadir los pocos que patrullan en Cantavieja, que ya pertenece a la Compañía de Gúdar Javalambre. En poco más de siete años la provincia ha perdido 105 agentes, lo que supone un 14% menos desde 2011.
Teniendo en cuenta que los agentes siguen sus turnos, tienen días libres y vacaciones y deben atender los cuarteles, la presencia de patrullas en la calle es cada vez menor.
La falta de efectivos de la Guardia Civil se hace evidente también en los horarios de atención al público. La realidad más flagrante es que en el Bajo Aragón turolense no hay ningún puesto abierto al público todo el día y solo Alcañiz atiende de lunes a domingo en horario de mañana. Andorra, lo hace de lunes a viernes en el mismo horario y, en el resto de pueblos, se abre uno o dos días por semana.
En la provincia de Zaragoza la situación es distinta. En Caspe el cuartel está abierto al público las 24 horas del día los 365 días del año y, en Maella, el horario es de mañana de lunes a viernes, igual que en la Villa Minera con menos de la mitad de habitantes.
Desde hace años, bastantes, es imprescindible una reestructura ión del despliegue territorial de la Benemérita en su servicio de Seguridad Ciudadana. El actual está obsoleto y obedece a un territorio y delincuencia del siglo pasado, basado en la dispersión territorial y plantillas con pocos efectivos. No es efectivos, apenas hay patrullas para atender incidencias o prevenir la delincuencia de manera autónoma.
Según la noticia planean cuarteles que tengan 20 agentes como mínimo. Esa cifra seguiría siendo escasa para ofrecer un servicio operativo en un territorio concreto. A esos 20 efectivos sí le quitas los descansos, vacaciones, bajas y licencias correspondientes, podrían quedar unos 12 agentes en gran parte del año para prestar servicios de patrullaje (24 horas al día) , instrucción de diligencias y servicios burocráticos… Por dicho motivo, no debería existir ningún cuartel policial con menos de 40 guardias civiles, lo cual garantizaría presencia permanente de patrullas y agentes dedicados a la investigación y recepción de denuncias.
Es que se nos rien.
Nos dicen que mejorar los pueblos es quitar la GC de ellos y llevarlos a los grandes. Así para atender un problema en Bordón en vez de ir de Mas de la Matas a 25 min. irán de alcañiz a 65 min. ( si no están en Valdealgorfa de servicio con lo que vendría de sabe Dios donde).
El proble es que no hay Guardias en los cuarteles, Si estubieran completas las plantillas en los pueblos en vez de las oficina de Teruel Ciudad seguro que se podría atender mejor a los habitantes de los pueblos.